Es un tema que se aborda entre murmullos en los círculos del poder, donde todos reconocen que la decisión final que adopte el presidente Sebastián Piñera, puede ser determinante para el rumbo que tome el gobierno.
Es por eso que cuando Pablo Longueira ingresó al gabinete lanzando la idea de que era necesario impulsar una reforma tributaria, se desató una soterrada pugna al interior del gobierno que excede a los argumentos de si se requieren o no más recursos para financiar las propuestas sociales.
Con un indesmentible componente político, la sola idea de incrementar los impuestos destapó el conflicto entre las dos almas que coexisten en el oficialismo, el que es transversal tanto en el gobierno, como en los partidos de la coalición.
Las diferencias radican, básicamente, en que quienes sostienen la necesidad de realizar una reforma tributaria son aquellos que consideran que la única manera de enfrentar el malestar social es focalizándose en los problemas de desigualdad, que son los que lo han generado.
Frente a esa tesis, está la línea más ortodoxa o liberal, defendida principalmente por Hacienda, que apunta a que con ello se pone en riesgo uno de los principales capitales de este gobierno, como es el crecimiento.
En medio de la disputa que ha ido creciendo en los últimos días, en parte por la necesidad de que existan indicios claros antes de la tramitación del presupuesto, lo único que parece no estar en cuestión -como se encargan de recalcar las distintas autoridades- es que el tema dejó de ser tabú en el gobierno, sin perjuicio de que esté pendiente tanto la forma, como la oportunidad.
Longueira arremete
En La Moneda reconocen que no se trata de un debate instalado por Longueira sin respaldo, porque la idea coincide con la decisión del propio Piñera de que la crisis social requería un giro en el discurso gubernamental, en el que la prioridad que se le daba al crecimiento, debía dar paso a una postura centrada en la lucha por la equidad.
Prueba de ello es que esa premisa lo impulsó a nominar al entonces senador de la UDI en Economía, como una forma que, desde esa cartera, se dieran señales de la disposición de las autoridades a jugarse por aquellos sectores que se sienten menoscabados por la brecha social que existe en Chile.
Es por eso que, teniendo en cuenta sus críticas como líder de la UDI al criterio que estimaba excesivamente economicista de Hacienda, no fue una sorpresa que de inmediato iniciara una arremetida para ponerse al lado de los consumidores, o que cuestionara la concentración económica, e incluso que lanzara la idea de la reforma tributaria, como fórmula para hacer frente a la amenaza de un estallido social.
La fuerza con que Longueira inició su gestión en Economía generó de inmediato los esperados resquemores en su par de Hacienda, Felipe Larraín, quien junto con percibir la posible pérdida de poder en el equipo económico, entendió que la impronta social que impulsaba el ex senador de la UDI, podría contrastar con el resguardo de los principios macroeconómicos de los cuales él es el responsable.
Pero aun cuando el ministro Larraín se encargó de precisar, apenas surgió la propuesta de una reforma tributaria, que ése era tema de su cartera, no fue suficiente para detener a Longueira, quien respondió que quien decidía, al final, era el Presidente.
Un hito en la embestida del titular de Economía ocurrió en el encuentro de Piñera con los empresarios, donde junto con reafirmar su tesis de la necesidad de subir los impuestos, les preguntó -en su estilo- si es que sinceramente consideraban que si se mantenía la tasa que subió transitoriamente en 2010 a 20% con la reforma para financiar el terremoto, dejarían de ganar plata. E incluso, con el fin de desbaratar el argumento tanto de Hacienda, como de los empresarios, aludió a que el año 91 él, a diferencia de Piñera, se jugó en contra de la reforma tributaria, pero que el tiempo le demostró que quien estaba en la razón es el actual Presidente, porque el país siguió creciendo a ritmos superiores al 7%.
Estrategia de Hacienda
Conocida es en los círculos de gobierno la preocupación del ministro Larraín, quien después de esa misma reunión, entendió que Piñera estaba abierto a introducir cambios a la actual situación tributaria.
En la mirada de Hacienda comenzó a quedar claro que luego del cambio de gabinete, las decisiones políticas no quedarían supeditadas a los aspectos técnicos como había ocurrido hasta entonces, en parte porque la postura de Longueira es compartida por muchos de los cercanos al Presidente, entre ellos, el empoderado ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick.
En ese escenario, la estrategia de Larraín se ha centrado, en parte, en defender su terreno, reiterando que temas como los tributarios o aquellos relacionados con el gasto corresponden a su ministerio, partiendo de la base que para cualquier definición, el Presidente no podrá prescindir de los criterios técnicos de Hacienda.
En esa línea, optó por demostrar, con cifras, que ni para las propuestas educacionales, ni para el resto de los planes sociales, el gobierno requiere recursos adicionales a aquellos con los que cuenta, tal como lo ha manifestado tanto públicamente, como a los parlamentarios con que se ha reunido para abordar los alcances del presupuesto para 2012.
Contando entre sus principales aliados en el gobierno al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, la línea que defiende Larraín es que los argumentos más políticos de quienes impulsan una reforma tributaria, pierden fuerza frente a un escenario de crisis internacional.
En la perspectiva de quienes están en la línea más ortodoxa, que desde fuera del gobierno lideran personeros como Hernán Büchi, mientras en el oficialismo la representa -entre otros- el senador UDI, Jovino Novoa, si el gobierno se inclina por una reforma tributaria, estaría arriesgando el único capital real que tiene, como son las cifras de crecimiento, sin que ello le garantice obtener los beneficios políticos que suponen sus impulsores.
La fuerza con que este sector ha intentado plantear sus argumentos, no ha sido suficiente, sin embargo, para persuadir a Piñera.
Una muestra de ello fue lo que sucedió con las destacadas declaraciones del ministro Larroulet el domingo, en las que junto con manifestar que el actual escenario requiere estabilidad en materia tributaria, respaldó con fuerza a su par de Hacienda como jefe del equipo económico, afirmando que en ello La Moneda será categórica.
Pero lo que apareció como un respaldo a la línea de Larraín, sobre todo considerando que en el entorno del titular de la Segpres indican que sus afirmaciones no eran desconocidas por el Presidente, contrastó con que esa misma noche el propio Piñera admitiera en Tolerancia Cero, que el gobierno estaba estudiando el tema tributario, sin descartar una reforma, la que en parte dependía de lo que sucediera en el escenario internacional.
Postura presidencial
Como sea, lo que está claro es que ni la decisión está tomada, ni tampoco el conflicto zanjado.
De acuerdo a lo que indican en el círculo presidencial, si bien Piñera no desestima los fundamentos de los sectores más liberales, básicamente aquellos tendientes a que no puede descuidar los equilibrios macroeconómicos, admiten que le hacen más fuerza los de quienes consideran indispensable una reforma tributaria, para conseguir imprimirle al gobierno un sello más social.
La posición del Presidente se sustentaría, en parte, en que luego de tratar de entender el fenómeno de las protestas pese a las buenas cifras económicas, asumió la tesis de que es impensable pensar en que el crecimiento pueda producir desarrrollo si no está acompañado de estabilidad social.
Lo concreto, es que la idea que impera en el gobierno, es que lo más probable es que Piñera impulse una reforma tributaria, aunque en ningún caso antes de la discusión presupuestaria -como pedían algunos- sino que se estaría estudiando que a fines de año, cuando se cumpla el plazo para que el 20% a que subió la tasa en la reforma post terremoto deba comenzar a bajar, lo que no quiere decir que la idea sea sólo hacer permanente dicha alza transitoria.
Es la decisión que Piñera deberá adoptar sabiendo que no puede hacerlo al margen de Hacienda, pero tampoco sin considerar la mirada política, especialmente porque reconoce que es la que le faltó cuando apostó sólo a los criterios técnicos.
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