Aunque el candidato del pacto Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, recién entregará públicamente su programa de gobierno a las 19 horas de esta tarde en el Teatro Coliseo, en el centro de Santiago, ya trascendió el documento que contempla las propuestas que el abanderado ha dado a conocer durante sus giras por el país.
Cerca de US$ 10 mil millones sería el costo de implementar las medidas que la carta oficialista le ofrece al país en las 146 páginas del texto que esta última semana se ha robado el interés público por las críticas que transversalmente hicieron los demás candidatos presidenciales a la supuesta ausencia del documento.
Fue el economista Osvaldo Rosales el encargado de liderar la elaboración del documento en que los 47 temas que aborda, con sus respectivas propuestas, están divididos en cinco capítulos: Más y mejor democracia para el bienestar y la participación: hacia una nueva Constitución; Crecimiento sustentable, innovador e inclusivo; Protección social y derechos sociales; Descentralización, calidad de vida y bienestar y Hacia un Estado democrático social de derechos.
Tal como lo ha señalado en sus intervenciones públicas, la hoja de ruta da cuenta de la preocupación del candidato por retomar la expansión del PIB y reactivar la economía de la mano de un “trabajo decente”, lo que recoge el primer capítulo del programa, donde señala: “La demanda ciudadana busca que el crecimiento llegue a todos los hogares y no a través de subsidios, sino a través de empleos y salarios dignos” y para avanzar en esa línea propone “un crecimiento inclusivo” a través de una trivia que tanto Guillier como su equipo han repetido incansablemente: “crecimiento, empleo decente y protección”.
Esa ecuación es la que, según el candidato y los expertos que lo han acompañado en su contienda presidencial, contribuirá a superar los desafíos de actividad con inclusión.
En la páginas del programa, Guillier da cuenta de que está consciente de los problemas que enfrentan no sólo el país sino también sus instituciones, debido a los casos de financiamiento irregular de la política que abrieron una caja de Pandora difícil de cerrar. Y que, además, contribuye a la falta de interés por participar, particularmente con las actividades relacionada con la política, como son las elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Chile confronta una aguda desconfianza respecto de las instituciones y el sistema político”, se constata en el texto y añade que “la baja participación electoral, el descrédito de los partidos políticos, de instituciones religiosas y de la defensa evidencian un desencuentro entre la ciudadanía y sus representaciones políticas e institucionales. Asimismo, se ha instalado como problema público la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, así como la malsana relación dinero-política”.
Así, el texto compila la mirada de país que el candidato Alejandro Guillier le propone a un electorado desconfiado, pero también se muestra como el continuador del actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Institucionalidad: modificar el TC
En materia institucional, Guillier propone "una nueva Constitución que nos permita transitar desde la concepción neoliberal de Estado subsidiario a una que consagre un Estado democrático y social de Derecho".
Tal como lo ha planteado, el programa sugiere "un nuevo Tribunal Constitucional con una composición democrática" y respecto del Consejo de Seguridad Nacional, "propondremos suprimirlo del texto fundamental".
También se plantea un cambio al actual régimen presidencial, pasando a uno "de carácter semi-presidencial, manteniendo en la Presidencia las funciones de jefe de Estado, pero encomendando tareas de gobierno y administración a un Primer Ministro o figura similar, procurando un adecuado equilibrio entre las funciones y atribuciones del Ejecutivo y el Congreso".
Otra modificación que hace propia en materia institucional es reformar el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, "trasladando la vocería oficial del gobierno a la Presidencia de la República" y dejando a la Segegob "como el encargado de la vinculación con la ciudadanía, esto es, responsable de la política de comunicaciones, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil".
En una medida sorpresiva, pero que promueve la participación, propone bajar la edad para votar a 16 años.
Y, como es obvio, sostiene que "tramitaremos y aprobaremos la reforma al Capítulo XV de la actual Constitución, continuando así con el proceso constituyente impulsado por el actual gobierno, lo que permite convocar una Convención Constitucional. Dicha Convención debe cumplir con el objetivo de ser democrática, abierta a la participación ciudadana e institucional, siendo reflejo de lo que se conoce como la potestad constituyente originaria, que es el derecho de los pueblos de redactar una Constitución".
Impulso a la inversión pública en infraestructura y vivienda para activar crecimiento
El capítulo segundo del programa se concentra en propuestas para reactivar el Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión, a partir del diagnóstico de que "no sólo se ha estancado la productividad media, sino que hay una tendencia al deterioro de la calidad de los recursos naturales", por lo que "nuestro programa se propone recuperar el crecimiento, pero no cualquier tipo de crecimiento. Tiene que traducirse en empleos decentes, debe ser cada vez más sustentable o armónico con el medio ambiente, debe ser inclusivo de tal forma que nadie quede atrás y debe basarse en la innovación, la creación y el conocimiento".
El texto plantea el necesario "impulso de una nueva oleada de inversiones en tres grandes tipos de infraestructuras que impulsarán el crecimiento y generarán más inclusión social: de obras públicas y transporte, de energía y de banda ancha".
Y en materia de propuetas concretas propone priorizar, a través de la política fiscal, "la recuperación de las inversiones, especialmente en infraestructura", para lo cual "es fundamental el Fondo de Infraestructura y las modificaciones regulatorias pertinentes para que éste pueda ser utilizado para impulsar las concesiones en el sector de las telecomunicaciones".
Habla de estudiar "alternativas al actual régimen de royalty minero"; instruir a Hacienda y el Banco Central para que "estudien experiencias internacionales y propongan alternativas de atenuación de los ciclos y alta variabilidad del tipo de cambio"; se enviará un proyecto de ley "para establecer una Oficina Asesora del Congreso en materia presupuestaria".
Específicamente, para recuperar la inversión y el crecimiento se impulsará la inversión pública en infraestructura y vivienda, llegando a niveles de 3,5% o 4% del PIB; además de "reducir drásticamente los tiempos asociados a la aprobación de los grandes proyectos de inversión, tanto públicos como privados".
Para ello, "instauraremos una Oficina de Grandes Proyectos de Inversión en La Moneda", encargada entre otras cosas de "coordinar a los diferentes servicios públicos que intervienen en la evaluación de proyectos y obtención de permisos de los grandes proyectos de inversión; operar como ventanilla única para ingreso de grandes proyectos de inversión".
Se perfeccionará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual "reforzaremos la coordinación online entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente".
Compromete asesoría a municipios para bajar delincuencia
En materias sociales, destaca la amplia agenda en el área de seguridad ciudadana, donde se plantean medidadas tales como evaluar "la creación de macrozonas para focalizar el trabajo del sistema de justicia" y agrupar "las regiones que presenten realidades delictuales similares, estableciendo equipos de trabajo y coordinación entre las policías, fiscalía, gobierno y demás órganos colaboradores" y "se promoverá y fortalecerá la constitución de unidades especializadas en las fiscalías y el sistema de análisis criminal".
Y hace una especial mención al problema de narcotráfico: "Combatiremos con especial atención el tráfico de drogas en sectores vulnerables, donde el fenómeno trae aparejado otros delitos como los robos y el uso o porte ilegal de armas. Nos concentraremos especialmente en combatir la pasta base, implementando un plan para reducir su oferta, atendiendo el potencial adictivo y de toxicidad que provoca en la salud de las personas".
Y asegura que "dotaremos de mayor acompañamiento técnico y financiero a nuestros 345 municipios con el objetivo de lograr que cada comuna cuente con sus respectivos Consejos y Planes de Seguridad Pública" junto con el hecho de que se estudiará la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública.
En cuanto al sistema de pensiones, que es otra de las grandes preocupaciones ciudadanas, sostiene que se fortalecerá el Pilar Solidario para terminar con la pobreza en la vejez. "Para eso, aumentaremos el gasto fiscal en pensiones en aproximadamente 0,33% del PIB" y anuncia que "crearemos una entidad pública fuerte que sea garante de la seguridad social. Elaboraremos los estudios para que, una vez en régimen, los trabajadores puedan optar por administrar sus aportes en el sistema colectivo y no en las AFP".
Asimismo, adelanta que "terminaremos con las anomalías en los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden. Para ello impulsaremos medidas que permitan mejorar el cálculo de pensiones, evitando reliquidaciones y dobles pensiones", un tema que ha generado debate, debido a que algunos obtienen más de una pensión.
Además, "enviaremos al Parlamento un proyecto de ley de Seguro de Cesantía en Emergencia, pues la pérdida del puesto de trabajo a causa de una situación de desastre es, para los trabajadores de bajos recursos, una circunstancia que suele llevarlos a mayor vulnerabilidad y, en algunos casos, a situaciones irreparables".
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