Tras analizar los cambios propuestos por la presidenta Michelle Bachelet al sistema de pensiones el martes por la noche, el banco de inversión estadounidense JPMorgan entregó un balance no muy optimista.
En un reporte enviado a clientes a primera hora de ayer, la entidad señaló que si bien con los anuncios se eliminó el peor escenario -un cambio más estructural que eliminara las cuentas de capitalización individual-, la discusión continuará añadiendo incertidumbre, “lo cual es negativo en el escenario de la ya debilitada confianza empresarial”.
Específicamente, apuntó a los efectos que traerá a los empleadores asumir el pago del 5% adicional al sueldo de sus trabajadores que, como remarcó serán destinados a un “fondo de ahorro colectivo solidario” con el fin de aumentar las pensiones de los individuos con menores ahorros, en un plazo máximo de 10 años.
Según los cálculos de JPMorgan, ese 5% adicional tendrá un costo superior a los US$ 4.000 millones anuales para las compañías, es decir, unas dos veces lo que gasta el gobierno en el pilar solidario por año: US$ 1.800 millones.
La cifra tomó en cuenta que las cotizaciones obligatorias totales del sistema -correspondientes a un aporte del 10% del sueldo-, cerraron en US$ 8.400 millones en 2015.
“En consecuencia, cuando esté totalmente implementado, estimamos que los costos que los empresarios deberán aumir, suponiendo salarios estables comparado con 2015, estará en el rango de US$ 4.200 millones, cercano a 1,5% del PIB al año”, detalló en el reporte preparado por un equipo de cuatro economistas liderado por chileno Diego Celedón.
De este modo, el banco de inversión advirtió que el aumento de la carga para los empleadores será “un desafío adicional” para las compañías, en especial tomando en cuenta el débil escenario económico actual, que de acuerdo a las expectativas de los economistas se extenderá por lo menos hasta el próximo año.
La propia entidad tiene un pronóstico de crecimiento para el PIB chileno de 1,8% para este año, el cual subiría apenas a 2,3% en 2017.
Además, postula que la incertidumbre relacionada al debate acompañará a la economía por un buen tiempo, ya que en su opinión el proceso de definir los detalles de las propuestas, el envío de las medidas al Congreso y conseguir su aprobación es un proceso que podría tomar “varios meses”.
Preocupación por cambios regulatorios
Otro aspecto por el cual JPMorgan manifestó preocupación son los anuncios relacionados a los cambios regulatorios para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Aunque destacaron que se requieren más detalles, ven con inquitud las propuestas relacionadas al retorno de las comisiones a los afiliados cuando el desempeño del fondo es negativo y la modificación de las comisiones “fantasmas” cobradas por las AFP, aunque al mismo tiempo plantearon que pueden existir ciertas limitantes para finalmente lleguen a implementarse.
“Si bien se requiere de más detalle para entender el impacto de estos cambios en las AFP, vemos una justificación técnica limitada detrás de ellos”, se lee en el reporte.
En el último párrafo del documento, JPMorgan resaltó que la creación de una AFP estatal sigue en curso, señalando que Bachelet básicamente reforzó su creación reiterando que su rol principal será aumentar la competencia y aumentar la cobertura en aquellos trabajadores que no cotizan actualmente en una AFP.
Economistas creen que mayor ahorro podría tener efecto positivo en PIB potencial
Los cambios propuestos al sistema de pensiones abrieron de inmediato un debate entre los economistas respecto al impacto que tendrían a nivel macro.
Si bien coinciden que las medidas, en especial el alza en cinco puntos de la contribución a cargo del empleador, podría tener efectos negativos en el mercado laboral y las expectativas, algunos ven con buenos ojos los mayores niveles de ahorro que tendría el país y su efecto en el crecimiento potencial. Así lo expresa el director de Moody's Analytics, Alfredo Coutiño, quien explica que al estimular el ahorro de largo plazo, la reforma al sistema de pensiones estimulará la inversión productiva, "que es lo que es tanta falta le está haciendo a la economía chilena".
El economista de Banco Itaú Chile, Miguel Ricaurte, coincide en que un mayor ahorro nacional tendría un impacto favorable -en el mediano plazo- en la inversión, lo que podría compensar un efecto negativo proveniente de mayores costos y una menor competitividad.
La misma visión planteó ayer por la mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señalando que el efecto del mayor ahorro "puede ser cero o incluso positivo".
Respecto a un impacto en la clasificación de riesgo del país, Ricaurte señala que en la medida que el pilar solidario cuente con un mayor aporte privado y menor del Fisco, no debiese ser un riesgo.
"Con una economía que debería seguir creciendo, la carga para el Fisco podría ser inclusive menor al 0,5% del PIB estimado hoy", sostiene.
Mario Castro, economista para América Latina de Nomura, señala que recortes en la nota soberana dependerá de lo que finalmente el Estado termine financiando, ya que tendrá un efecto negativo "si es algo muy oneroso que va a poner en riesgo la regla fiscal". Castro confía en que el gobierno mantendrá un manejo responsable de la regla "como lo ha hecho hasta ahora", pero advierte que el gasto público deberá ceder en otras áreas para hacer cuadrar las cuentas fiscales y mantenerlas en niveles saludables.