Cuando está en pleno trámite la primera de las tres reformas estructurales comprometidas por la presidenta Michelle Bachelet, la tributaria, mientras paralelamente hoy comienza la discusión por cambiar el sistema binominal, la reforma educacional debuta con el envío al Congreso de un proyecto que no se considera parte medular de la reforma. Este, que propone la intervención estatal en las universidades en crisis, no ha sido un tema discutido en las más de 30 reuniones que ha sostenido el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, con los distintos actores del sector.
“Se trata de decirle a cada joven en Chile que el Estado es garante efectivo de su derecho a la educación, y que no queremos que sea vulnerado”. Con estas palabras en la ceremonia de ayer en el palacio de La Moneda Bachelet justificó la iniciativa que modificaría la institucionalidad en el sistema de educación superior con una ley corta que es la que crea un Administrador Provisional (AP) y a un Administrador de Cierre (AC), para que regulen los procesos de revocación del reconocimiento oficial de una institución y para que garanticen la continuidad de estudios de los alumnos.
En medio de la discusión por la gratuidad en el sistema educacional, fin al lucro, a la selección y al copago en los colegios, este proyecto del interventor, que entra al Congreso con suma urgencia, no sólo fue cuestionado por la oposición, sino que incluso en el oficialismo algunos lo consideraron como “una medida de carácter menor frente al desafío que implica la reforma”.
Razones de la urgencia
El apuro por sacar adelante la iniciativa, encontraría explicación en la eventual necesidad de ser aplicada en universidades como la de Las Américas, Andrés Bello, La República, San Sebastián, Iberoamericana, Arcis y Gabriela Mistral, en las que el Mineduc está llevando a cabo una investigación por irregularidades. Es más, ayer, los senadores Alejandro Navarro, Alfonso de Urresti y Carlos Montes solicitaron al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, profundizar la investigación y “perseguir hasta las últimas consecuencias al conglomerado internacional Laureate, por esta vulneración de la ley”. Esto en el contexto de que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, detectó que el grupo habría enviado más de US$ 80 millones al extranjero, que serían utilidades retiradas de sus Ues.
Aunque éste sería uno de los motivos de la decisión de La Moneda de comenzar la reforma por este proyecto, también el gobierno apostó por una iniciativa cuyo contenido no suscita mayor debate y que genera consenso dentro de la Nueva Mayoría. Así, el debate que se ha producido en torno a la reforma tributaria y constitucional, bajaría su tono con este proyecto que, como expresó Mario Venegas, diputado de la Comisión de Educación, sería “aprobado con cierta tranquilidad”.
Dudas por autonomía
Tras el anuncio, surgieron distintas dudas e inquietudes, especialmente entre algunos rectores universitarios, acerca de aspectos como la designación del interventor, o la posible pérdida de autonomía, aspecto que destacó, por ejemplo, el rector de la Alberto Hurtado, Fernando Montes. Pero más allá de las aprensiones, desde el Cruch hubo un respaldo general a la medida, básicamente porque entraría a sancionar las faltas en que han incurrido las universidades que están siendo investigadas.
En medio del debate que comenzó a generarse, Bachelet anunció que ingresaría antes de lo previsto el proyecto de Superintendencia de la Educación Superior, que estaba contemplado para el segundo semestre, adelentándolo para sus primeros cien días. Ello, porque esta institucionalidad es la que fiscalizaría el correcto funcionamiento de los establecimientos, dictando un marco normativo para aplicar la intervención.
LOS REPAROS DE LA OPOSICIÓN
Diputados de la Alianza, miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, colocaron sus reparos al proyecto enviado por el Ejecutivo, básicamente, criticando el orden con el cual el gobierno comenzó el proceso. El diputado de Evópoli, Felipe Kast, señaló que le resulta curioso la forma en que comenzaron a enviar las iniciativas, pues no se tiene claridad respecto a qué roles tendrá la figura del interventor: "Es como mostrar una tarjeta roja, antes de mostrar una amarilla", indicó. El parlamentario argumentó que lo lógico hubiera sido que se enviara al final, luego de tener claridad sobre su verdaderas atribuciones. La diputada UDI, María José Hoffman, agregó que antes de ver este tema, se debiera tratar un proyecto que ya lleva dos años en el Congreso, el que crea la Superintendencia de Educación Superior, por lo que a su juicio este proyecto no es más que "una medida de parche". Con todo, ambos parlamentarios se mostraron optimistas con el diálogo que ha llevado a cabo el ministro Eyzaguirre, y que esperan se replique en el trabajo de la comisión.
Movimiento estudiantil
El proyecto es enviado al Congreso tres días antes de la primera marcha convocada por los estudiantes, para este jueves a las 11:00 horas. Aunque argumentaron que la medida anunciada por el gobierno es necesaria, los dirigentes de la Confederación de Estudiantes (Confech), la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), manifestaron su disgusto por ser un proyecto del que "no se sabe ningún detalle", ya que, según constató Melissa Sepúlveda, presidenta de la Fech, éste no fue tratado en las reuniones que el ministro Eyzaguirre sostuvo con los dirigentes. Además, Naschla Aburman, presidenta de la Feuc, reaccionó con cautela señalando que "falta ver la letra chica del proyecto" y que todavía "hay que esperar a ver con qué cambios saldrá la medida del Congreso".
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