por juan pablo palacios
Tras varias semanas de tensiones por la tramitación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, el ambiente entre el gobierno y los empresarios parece haber cambiado. Así quedó plasmado tras la reunión de trabajo que sostuvieron ayer los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, con la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Andrés Santa Cruz, para tratar las aprensiones del sector corporativo sobre el proyecto impositivo y los detalles de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
Según asistentes al encuentro, se notó un diálogo más fluido y directo entre las partes, en lo que algunos consideran como una nueva etapa en la relación del empresariado con el gobierno.
“Veo al ministro (Arenas) con otra disposición. Creo que al principio -cuando tuvimos la primera reunión con él en marzo- nos habló de cien días para conversar, me magino que por razones políticas se adelantó el envío del proyecto al Congreso, por eso me pareció muy extraño que a días de haberse comprometido con nosotros nos dijeran que teníamos que ir a la Cámara de Diputados para entendernos sobre la reforma. Eso ya se hizo y está consumado, provocó mucho daño y la opinión pública así lo ha refrendado”, graficó una alta fuente empresarial que participó en en el encuentro. Y agregó: “Hoy (ayer) vimos al ministro mucho más dispuesto al diálogo y esperamos poder construir un acuerdo entre todos los actores, que sume al propósito central que es generar mayores recursos en educación y salud”.
Todos los temas, uno a uno
La cita partió a las 8:30 horas en el piso 12 de Teatinos 120 y se extendió por una hora y cuarenta minutos. El detalle de la Agenda Pro Crecimiento fue el primer asunto que expusieron los ministros en el encuentro, dando paso luego a consultas y observaciones de los representantes de cada una de las ramas de la CPC. Incluso hubo espacio para que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, planteara al ministro Céspedes el tema de la reforma al Código de Aguas, proponiéndole canalizar en una sola autoridad ministerial las inquietudes del sector privado sobre la materia. Las partes acordaron en una próxima reunión buscar consenso en ese punto.
Posteriormente, el titular de Hacienda dio la palabra al timonel de la CPC, Andrés Santa Cruz, para que planteara las inquietudes del gremio sobre la reforma tributaria, como la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), la depreciación instantánea y las mayores atribiciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar la elusión y evasión.
A su turno, cada una de las ramas del empresariado entregó su visión sobre el proyecto (ver recuadro). “Cada sector hizo una apreciación de los aspectos que que si bien buscan una mayor recaudación fiscal, atentan contra derechos consagrados en nuestra legislación”, reveló uno de los actores que estuvo en la reunión.
Trascendió que el titular de la Asociación de Bancos (ABIF), Jorge Awad, planteó que la retención del 10% sobre las utilidades atribuidas de las empresas -que no necesariamente podrían ser percibidas por los accionistas- representa una “ficción legal” que tendría conflictos de constitucionalidad.
Aseguran en el empresariado que el Ejecutivo tomó nota de dicha obervación y que este viernes se reunirán los asesores técnicos de Hacienda con representantes de la ABIF para profundizar sobre el asunto, sumándose al diálogo ya abierto con el sector industrial y de la construcción.
Valoración del diálogo
Tras el encuentro, el ministro Arenas reconoció que la CPC “ha reiterado materias que están relacionadas con la reforma tributaria. Es un debate que nosotros vamos a llevar a partir de la próxima semana en el Senado y que, por cierto, el Ejecutivo tiene toda la disposición a estudiarlas”.
Santa Cruz, en tanto, valoró la disposición al diálogo de Arenas y en una especie de crítica velada sobre lo que sucedió en “el primer tiempo” de la reforma tributaria, dijo que “aquí hay que mejorar el ambiente, hay que terminar las caricaturas”.
gremios piden no afectar inversión
El comité ejecutivo en pleno de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) llegó ayer hasta Hacienda. Además de su timonel Andrés Santa Cruz, estaban Jorge Awad, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; Alberto Salas, de la Sociedad Nacional de Minería; Patricio Crespo, de la Sociedad Nacional de Agricultura; Daniel Hurtado, de la Cámara Chilena de la Construcción; Ricardo Mewes, de la Cámara Nacional de Comercio; y Hermann Von Mühlenbrock, de la Sociedad de Fomento Fabril.
Si bien en la CPC alistan una propuesta única para perfeccionar la reforma tributaria que llevarán el Senado, cada una de las ramas ha hecho un análisis económico sobre los impactos del proyecto.
Destacó en la cita de ayer el análisis en derecho realizado la Asociación de Bancos sobre los conflictos de legalidad que tendría la renta atribuida. La entidad también ha planteado reparos por el alza del impuesto de timbres y estampillas desde 0,4% a 0,8%.
En la instancia de diálogo con el Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Agricultura insistió en los problemas que generaría en los pequeños productores la limitación de la renta presunta. "El ministro (Arenas) reconoció que allí había un problema y que ya se había manifestado la intención de corregirlo y en el debate en el Senado tendrá que acotarse", dijo Patricio Crespo de la SNA.
Uno de los asistentes a la reunión reveló que la Sociedad Nacional de Minería -con gráficos en mano- "le demostró al ministro que se estaban tomando medidas que eran enteramente lesivas al propósito recaudatorio".
La Cámara Chilena de la Construcción advirtió del impacto que tendría en los clientes finales la eliminación de la exención del IVA a la construcción. Los equipos técnicos de Hacienda y la CChC han sostenido conversaciones para aclarar dudas en la materia y esta semana Arenas tiene agendada una reunión con la directiva del gremio.
La Sofofa tiene desde hace unas semanas instalada una mesa técnica con el ministerio para mantener incentivos a la inversión.
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