Hoy se inicia la discusión de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado. Y es en ese espacio donde el gobierno se abrió a realizar modificaciones al referido proyecto, pero manteniendo el llamado “corazón de la reforma”. Es decir, se eleva el impuesto de primera categoría del 20% al 25%, se elimina el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y se pasa a tributar por el total de las utilidades. Todo esto, con la finalidad de recaudar en regimen un 3,02% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos US$ 8.200 millones.
Uno de los objetivos de la reforma es avanzar en mejorar la distribución del ingreso. Para el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, el proyecto apuntaría a esa meta, aunque aclara que “es díficil de medirlo”.
Desde su óptica, se deben buscar nuevos mecanismos para fomentar el ahorro y la inversión, al tiempo que critica el tono del debate, ya que a su juicio no ha existido una discusión técnica, sino más bien política.
- ¿Cuál es el análisis que hace del debate de la reforma tributaria en lo político y técnico?
- Ha habido un debate más político que técnico, y en la peor dimensión, porque acá se ha tratado de disfrazar argumentos técnicos para hacer presente una visión política. Esa es una mala mezcla. Cuando tengo una posición ideológica, pero no quiero decir que es una visión política, sino que me disfrazo de académico buscando estudios que se acomoden a mi pensamiento político, no contribuyen al debate.
Hay muchos argumentos que parten con la conclusión y luego se construye ese argumento.
- ¿Y eso lo dice sólo por la discusión en el Congreso o también por los grupos empresariales que han salido a criticar la reforma y señalado que los precios de los productos van a subir?
- Claro, hay sectores que dicen que la luz va a subir, que las pensiones van a bajar y que los edificios se van a construir en otros lados, pero nadie ha transparentado la metodología ni la base de datos de esos cálculos para que uno la pueda replicar.
Entonces, es complicado debatir así. O sea, yo te digo subirá 6%, pero no muestro los números ni tampoco te digo cómo los calcule y sólo me tienes que creer porque soy yo quien lo dice. En la academia no se debate así.
- Algunos economistas han reclamado que el gobierno no ha presentado ningún estudio de impacto de la reforma y, a la vez, han hecho análisis con evidencia de otros países. ¿Es correcto ese análisis técnico?
- No hay ningún estudio que tenga una metodología transparente y clara con datos que uno pueda replicar y, por lo demás, simular una reforma de esta magnitud es muy difícil.
En Estados Unidos existen modelos que se aplican para simular reformas de este tipo, pero son modelos que se han construido en cinco a seis años, con un grupo grande de gente, donde está el sistema tributario completo, y se modela hasta el último detalle. Eso no existe para Chile.
- En ese sentido, ¿se puede extrapolar los estudios de otros países, como Estados Unidos y aplicarlos a Chile?
- Cuando los sistemas
son tan distintos, es difícil extrapolar, y parte de los errores que se cometen es comparar el impacto de una reforma en Estados Unidos con lo que pueda suceder en Chile.
Muchos de los estudios que existen responden a la realidad de Estados Unidos, pero allí el sistema tributario es distinto al chileno.
El impuesto a las empresas no sirve como crédito para las personas, es decir, paga doble, la empresa y la persona. Entonces, el efecto de una tasa de impuesto es muy distinto y no se puede comparar.
Atribuciones de SII
- Como está estructurada la reforma, ¿mejorará la distribución del ingreso?
- En general sí, pero es difícil calcular cuánto. En los trabajos que he realizado simulando una reforma parecida a la que se está discutiendo, sí tenía efectos distributivos importantes y, en la medida que sea exitosa, en el sentido de cerrar los mecanismos de elusión y evasión de impuestos, sí puede tener efectos importantes. Ahora, se debe tener claro que los efectos son de largo plazo.
- Sobre las nuevas facultades del SII para combatir la elusión y evasión, algunos sectores han reclamado que se le entrega excesivas atribuciones. ¿Comparte esa visión?
- Primero, hay que decir que una parte de la elusión es completamente legal, el sistema permite hacerlo, porque existen vacíos legales y contra eso, el SII no puede hacer nada y la única alternativa es cambiar la Ley. Ahora, otra cosa distinta es cuando se está al borde de la Ley y ahí es donde se debe fiscalizar. En ese caso, uno quiere atribuciones para fiscalizar.
- En este aspecto, ¿cómo califica las nuevas atribuciones que se le entrega al SII?
- Cuando se analiza el proyecto, se acerca mucho a los estándares internacionales. Sería injusto decir que el Servicio de Impuestos Internos de Chile quedará con atribuciones que ningún otro SII del mundo tiene, eso no es verdad.
Ahora, donde existen dudas y el debate se debe enfocar, sobre a quién se le dan esas atribuciones. Porque hay algunas que tienen que estar dentro del SII y otras que potencialmente deberían quedar bajo un juez tributario independiente.
Entonces, la discusión no es si debería existir el sistema o no, sino en qué organismo.
- El ministro de Hacienda se abrió a analizar nuevos mecanismos para fomentar la inversión. A su juicio, ¿hacen falta instrumentos para suplir el FUT?
- De las cosas que están hoy en día en el proyecto, no me gusta que la depreciación instantánea sea sólo por un año para las grandes empresas, ya que debería ser para todas y por un período ilimitado.
Si queremos estimular la inversión no nos debiera importar quién hace la inversión, porque guste o no, las grandes empresas hacen el 75% de la inversión en Chile.
Además, le reconocería una tasa libre de riesgo para la reinversión.
"El diésel fue el gran ausente de la reforma"
- ¿Le parece una buena medida limitar las franquicias que se le entregan a la construcción a través del IVA?
- Sí, es un buen avance. Cuando eliminas franquicias, se cierran automáticamente espacios para elusión. Y, a la vez, se termina con las distorsiones y privilegios hacia sectores en particular.
- La Cámara Chilena de la Construcción ha señalado que esto tendrá un impacto en los precios de entre 8% y 13% en las viviendas. ¿Es correcto ese análisis?
- Habrá un transpaso a precios, pero se pueden buscar otros mecanismos de compensación. Sin embargo, no toda el alza se irá directo al consumidor final. Si todo se traspasara a precio, las constructoras no estarían alegando. Les afecta sus utilidades, ya que no pueden pasar todo a precio.
- El gobierno está buscando algún mecanismo para paliar este posible traspaso. ¿Cuál sería la mejor fórmula?
- Si el gobierno quiere impulsar políticas sociales para beneficiar a algún sector en particular, como los sectores medios o bajos, lo recomendable es no hacerlo a través del sistema tributario. Por ello, lo recomendable es aplicar un subsidio directo para la vivienda. Así, se focalizan los recursos a los sectores más pobres o de clase media. Esta es una fórmula más eficiente y más focalizada.
- Ahora la reforma también aplica impuesto al tabaco y al alcohol. Tras los cambios impositivos, ¿en qué posición queda chile en comparación a los países desarrollados?
- En alcohol quedamos un poco más bajo, y en tabaco entre los más altos. En alcohol existe espacio para subirlo un poco más y, por lo demás, existen razones importantes para hacerlo por todas las externalidades que tiene. Pero para hacerlo, se debe cambiar la fórmula. Hoy día se paga por el valor sobre el precio, es decir, se aplica una tasa extra por sobre el precio, pero el daño del alcohol está por los gramos. Entonces, el impuesto debe estar enfocado en los gramos de alcohol. Eso estaba en la idea original del proyecto, pero luego se eliminó. En el tabaco, la tasa está suficientemente alta, pero el impuesto debería ser por cigarrillo y no por cajetilla.
- ¿Hubo algún impuesto que faltó que se incorporará en la reforma?
- El impuesto al diésel no se tocó. A nivel internacional, estamos entre los países con impuestos más bajos. Ahí faltó avanzar, y es el gran ausente de la reforma tributaria. Se debería subir de los actuales 1,5 UTM por litro a 6 UTM por litro y equipararlo con la bencina. Pero para hacerlo se debe soportar un paro de camioneros. Como ciudadano, me incomoda que haya un grupo de contribuyentes que tenga el poder de impedir que paguen impuesto como el resto de los chilenos.
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