Para el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), Carlos Williamson, el “tropiezo” que tuvo el perfeccionamiento de la ley de ADP en el Congreso, sirvió principalmente, para extraer lecciones. En principio aclara que hablar de “ley larga” hoy es casi un eufemismo y aunque la estrategia parlamentaria aún no está definida, sí están claras las múltiples alternativas con las que cuentan: insistir con el proyecto actual en el Senado, reponer el proyecto de 2007 y hacerle modificaciones, enviar un proyecto nuevo “o lisa y llanamente, esperar hasta octubre de este año para insistir con el proyecto rechazado”.
- ¿Cuánto se avanzó en 2011 en materia de Modernización del Estado en lo que respecta al Sistema de Alta Dirección Pública?
- 2011 fue un buen año. Logramos cumplir con la ambiciosa meta de convocar 440 concursos, 148 en el área de la salud en la cual estábamos en deuda. Iniciamos con éxito los concursos en una área nueva, educación, y logramos reducir los plazos de ejecución de los concursos en cerca de un mes desde la convocatoria hasta la nómina.
- ¿Considera un fracaso el rechazo del Parlamento al proyecto de ley corta de la ADP?
- No corresponde hablar de fracaso, tal vez de interrupción de un proceso de perfeccionamiento que tuvo un tropiezo legislativo del cual hay que extraer lecciones. Se avanzó en el sentido de persuadir a los parlamentarios sobre la necesidad de introducir modificaciones legales y las votaciones casi unánimes de aprobación del articulado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, dio cuenta de que había la voluntad de apoyar a la ADP. El rechazo en la sala más que un rechazo al contenido fue el resultado de la tensión política provocada por la discusión presupuestaria. Las modificaciones eran sustantivas, no accesorias como dijeron algunos parlamentarios de oposición. Hubo temas que, en principio, no se quiso incluir por su mayor complejidad y se pensaba tratar en un proyecto de ley largo, o eventualmente en el Senado. Pero en la Comisión se acordó la incorporación de varios aspectos no contemplados en un comienzo de manera de que al final el proyecto tenía temas de fondo que eran avances reales. Faltó, tal vez, mayor voluntad de diálogo, lo que requería, al menos, aprobar la idea de legislar. Pero en fin, soy optimista y creo que seremos capaces de ponernos de acuerdo para avanzar hacia una mejor ADP durante este año.
- El proyecto establecía acelerar los procesos de selección y acortar los plazos. ¿Qué está pasando actualmente en el sistema, si no pudieron introducir esos cambios?
- En ese sentido igual hay avances, ya que el gobierno se adelantó al proyecto mediante un Instructivo Presidencial que establece procedimientos por la vía administrativa para acelerar los concursos, lo que ha permitido mejorar aspectos operativos importantes.
- Además planteaba mejorar las indemnizaciones por despido y renuncias ¿por qué?
- Las indemnizaciones están contempladas en la actual ley para los despidos, pero tiene algunas fallas, como dejar sin indemnización a quienes llevan menos de un año y son despedidos; eso se corrige. Además, se crea una indemnización a todo evento en los primeros meses de un cambio presidencial con la idea de facilitar la renovación de directivos que no se sienten identificados con el nuevo gobierno.
- ¿Van a insistir con un proyecto de ley para perfeccionar la ADP? ¿una ley larga?
- Hablar de ley larga para lo que viene, a estas alturas, parece más bien un eufemismo para no ver que en realidad, lo que se rechazó en la sala era un proyecto con cambios sustantivos. Insisto en que el proyecto que fue a la sala de la Cámara no fue un conjunto de iniciativas de corto alcance o sólo de corte operativo. No fue así. Trató no solo el tema de los plazos, sino que se hizo cargo del nombramiento de los PyT, de la confidencialidad de la información, indemnizaciones, nuevas atribuciones al Servicio Civil, etc.
- ¿Se incluirán nuevos cargos del aparato público para ser provistos por el sistema?
- El proyecto original incorporaba cuatro nuevos servicios a la ADP. Pero la verdad es que estamos frente a un fenómeno inesperado de crecimiento del sistema. El sistema ADP está creciendo no por cargos de su matriz original, los servicios públicos del gobierno central, sino porque diversas leyes de reciente aprobación han contemplado la ADP como modelo de selección de directivos. Ello habla bien del sistema ADP, vapuleado por algunos, pero que a la hora de pensar en cómo garantizar una selección de directivos públicos no discrecional sino por méritos, se acuerdan de la ADP.
Entre las buenas noticias, Williamson destaca el caso de educación como “notable”.
- No sólo son seleccionados a través de la ADP la mayoría de los cargos del Consejo Nacional de Educación (CNE) uno de los organismos más importantes de la nueva institucionalidad, así como la Agencia de Calidad y la Superintendencia, sino que se elegirán los 200 jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y se participará en la selección de los 5.900 directores de colegios. Es una tarea desafiante y una responsabilidad enorme.
Confidencialidad de los datos
- El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha pedido que se den a conocer los datos de los postulantes que quedaban seleccionados...
- Esta ha sido una discusión con posiciones contrapuestas y respetables. El CPLT opina que sería un avance en transparencia abrir la información sobre los integrantes de la nómina. Por cierto que apoyamos la idea de avanzar en transparencia, pero en los procesos de selección es habitual la reserva de información como un requisito para atraer buenos postulantes. Más crítico aún es la demanda de dar a conocer los antecedentes sico-laborales de los seleccionados, lo que, a nuestro juicio, vulnera los derechos a la privacidad y una apertura de dicha información podría tener consecuencias fatales para el éxito del sistema ADP, pues profesionales muy calificados se inhibirían de participar y así lo han manifestado.
- En el seminario sobre ADP de noviembre pasado, expertos planteaban la idea de mejorar el nivel de remuneraciones que se ofrecen en el aparato público para atraer a los mejores y en otros casos retener...
- Atraer directivos de alta calidad profesional al servicio público es un gran desafío y es parte de la motivación detrás del trabajo que hacemos en el CADP y en el Servicio Civil. A nuestro favor está el hecho que trabajar en el servicio público tiene un sabor especial, da una distinción especial y entrega grandes satisfacciones personales y profesionales. En contra, está el hecho de que las remuneraciones en muchos casos, son poco competitivas con respecto al sector privado y en muchos casos, hay una exposición pública y mediática donde se corren riesgos. Además, si bien es un hecho de la causa que son cargos de confianza “política” en el sentido de que debe haber alguna sintonía de ideas con las políticas públicas del gobierno, eso en la práctica significa que el directivo queda sujeto al juicio y discrecionalidad de la autoridad pública. La permanencia en el cargo no está garantizada, lo que es válido en cualquier ocupación, sólo que en el servicio público directivo adquiere una connotación particular. Dicho de otro modo, por mucha voluntad y deseos de trabajar por un nuevo gobierno que tenga un directivo, incluso con buenos antecedentes laborales, siempre corre el riesgo de ser desvinculado por causas cuya lectura no siempre es fácil de entender.
- Otros expertos también sostenían que para profesionalizar más el sistema hay que darle más atribuciones a la ADP. ¿A cuáles apuntan?
- Esa discusión apunta al tema de las desvinculaciones para evitar despidos masivos. Convengamos en que desde el punto de vista de la eficacia de la labor del Estado en el plano directivo el ideal es la estabilidad laboral, ya que se pierde capital social cuando por razones político-partidistas se desvincula a un directivo eficaz y la propensión a tomar esa ruta es mayor con cambios de gobierno. Pero la respuesta no es, a mi juicio, discutiendo si los cargos públicos directivos de alto nivel deben ser o no cargos de confianza, es decir, con o sin opciones de remoción. Es una discusión estéril porque para nuestra idiosincrasia es impensable un esquema diferente y porque una propuesta en el sentido de quitarle esa atribución a la autoridad no tendría piso político en el Congreso. Tampoco lo es convirtiendo a la ADP en un nuevo poder para tomar decisiones que no le corresponde. El blindaje frente a arbitrariedades se construye mediante medidas que restringen los espacios para un mal uso de aquella facultad.
- ¿Es posible apuntar a disminuir la discrecionalidad en la designación de algunos cargos con ocasión de los cambios de gobierno?
- Conceptualmente uno tiende a pensar que la ADP debiera ser un sistema de selección de directivos que permita atraer a la mejor gente al servicio público lo cual supone dar alguna proyección laboral. En la práctica, siendo realistas bajo la ADP que existe en el país eso no está garantizado. Si no tuviera consecuencias no tendría importancia, pero a mi juicio sí puede tener efectos por lo que no es un tema trivial. Desde luego, puede disuadir la postulación de buenos candidatos. Además, si la rotación de directivos es alta o sea la permanencia es baja, se pierde valor público porque hay una etapa de aprendizaje inicial o de rodaje de modo que si el directivo es desvinculado sin motivos. Por ejemplo, al poco tiempo de asumir un gobierno, se vuelve al inicio con un nuevo concurso y hay desperdicio de recursos públicos y capacidad de gestión. Algo que debe evaluarse es diferenciar los procedimientos para remover directivos según se trate de primer o segundo nivel siendo más exigentes con la autoridad en el nivel II donde es más posible asociar desempeño con variables objetivas de ejecución de políticas públicas. En todo caso, pese a que preocupa este tema de las desvinculaciones masivas, no debemos olvidar que en 2010 de cada cuatro directivos vigentes se le pidió la renuncia sólo a uno, lo que fue una buena prueba de que el sistema como tal resistió bien un cambio de la Coalición que gobernó por 20 años. Y, por cierto, no hay que restar mérito en ese logro al propio gobierno que asumió en ese momento.
- Ad portas de procesos electorales se mira con recelo la acción de los llamados “operadores políticos”. ¿Qué rol puede cumplir en ese ámbito el sistema ADP?
- No es función de la ADP inmiscuirse en ese tema, reconociendo que para una buena función pública la operación política sólo con fines electorales es perjudicial para el país y habitualmente desvía la atención de los grandes temas que importan a la ciudadanía. Con todo, creo que el mayor aporte que hace el sistema es filtrar por mérito a quienes postulan a los cargos públicos para evitar el riesgo de que, en ciertos casos, la única intención es asumir un cargo público para ser operador político. Diría que los operadores políticos son expertos en esa tarea y seguramente tienen allí ventajas competitivas, pero suelen no tener habilidades profesionales y, en consecuencia, si por medio de la ADP no pasan el filtro de competencias profesionales, se minimizan esos riesgos.
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