La crisis climática y ambiental ha marcado la agenda en los últimos años, y mientras se desarrollan diferentes opciones para combatir sus efectos en Chile -entre ellas una ley marco de cambio climático, restricciones a los plásticos y el plan de descarbonización- algunos ya apuntan al proceso constitucional como una oportunidad. Si bien la discusión recién parte, expertos en medio ambiente han señalado que la nueva carta magna debe actualizar su contenido en esta materia. Cuatro expertos priorizan las temáticas que debiera abordar.
Pilar Moraga, CR2:
equilibrio entre los derechos ambientales y económicos
La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, destaca la importancia de considerar la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático y de reconocer el valor del patrimonio ambiental del territorio nacional en las bases de la institucionalidad del Estado.
Para ello propone incluir en la nueva Constitución "no sólo los principios ambientales ampliamente consagrados en el derecho internacional, nacional y la jurisprudencia", como el principio preventivo, precautorio, sino, además, "debe avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos como el de solidaridad intergeneracional, no regresión, enfoque ecositémico y pronatura", sostiene la académica.
Moraga añade que al mismo tiempo, "no basta con la consagración de nuevos derechos procedimentales o sustantivos", como el derecho a un ambiente sano, derecho humano al agua, derecho a la alimentación, entre otros. "Es necesario mantener el equilibrio entre estos y los derechos de orden económico, como el de libertad económica o de propiedad, entendiendo que la economía y el bienestar de la población dependen del bienestar de los ecosistemas", sostiene.
Luis Gonzales, Clapes UC:
responsabilidad fiscal a nivel constitucional
El coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, Luis Gonzales, plantea que se debe incorporar la responsabilidad fiscal a nivel constitucional como apoyo a la gestión del medio ambiente, lo que permitiría avanzar hacia un desarrollo sustentable en al menos tres dimensiones.
Primero, en "una base para la introducción de incentivos económicos para el sector público y privado, que desalienten prácticas contaminantes como la eliminación del reintegro impositivo al diésel, con la adopción activa de cambio tecnológico".
Segundo, "limitaría los problemas de agencia del manejo de presupuesto intra e inter generacional equilibrando las múltiples necesidades con los escasos recursos".
Y tercero, permitiría implementar instrumentos económicos para estimular una rápida y eficiente adopción tecnológica, "como es el caso del impuesto al carbón y bonos verdes sostenibles soberanos y corporativos para fomentar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, logrando asociaciones público-privadas que pueden ser coordinadas, espontáneas o ambas", dice.
Ezio Costa, FIMA:
"La protección ambiental debe ser incorporada de manera transversal"
El director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), señala que se necesitan herramientas para enfrentar los desafíos como el de la crisis climática y ecológica.
"Una Constitución ecológica reconocería que el territorio del país incluye a sus ecosistemas y que protegerlos es uno de los objetivos que debemos perseguir al organizarnos como comunidad", afirma.
Dice que la protección ambiental debe ser incorporada de manera transversal en la Constitución, partiendo con principios "como la justicia ambiental e intergeneracional, el buen vivir y la acción climática".
En materia de derechos, propone avanzar en el derecho al ambiente sano, los derechos de acceso a la participación, información y justicia y el derecho humano al agua.
También debe ser parte de las lógicas de distribución del poder, con una división administrativa pensada desde los ecosistemas y particularmente desde las cuencas, "con capacidad de regulación ambiental desde los gobiernos locales".
Sostiene que es importante limitar la afectación a la naturaleza, "reconociendo a los bienes comunes, como el agua, como bienes inapropiables y conceptualizando la función ecológica como límite al derecho de propiedad".
Jorge Canals, abogado:
"Acción climática ambiciosa y coordinada como un deber del Estado"
Según el socio y líder del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía, Jorge Canals, la nueva Constitución se abre como una gran oportunidad, "considerando la actual crisis socioecológica, y el hecho de que "será una de las primeras elaboradas en el curso de la crisis climática".
Propone que un nuevo texto debería considerar principios que "encuadren el modelo de desarrollo de Chile en el respeto a los límites biofísicos del medio ambiente, en el cuidado de las bases de la vida (el agua y los ecosistemas) y en resguardar derechos de las futuras generaciones y la equidad intergeneracional, considerando un deber constitucional general de protección al medio ambiente".
También afirma que debería consagrar el derecho fundamental a un medio ambiente sano y equilibrado, además de asegurar la participación, información y acceso a la justicia en materias ambientales, relativos a una democracia ambiental.
"La Constitución debiese incorporar una acción climática ambiciosa y coordinada como un deber del Estado, promoviendo la incorporación de deberes de adaptación, mitigación, y transición justa frente al cambio climático, y considerando establecer un modelo de desarrollo resiliente al clima, y bajo en emisiones", plantea.
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