Pasadas las 11:30 de la mañana comenzó a sesionar este jueves el Pleno de la Comisión Experta en una jornada maratónica. Algunos rostros cansados denotaban las largas horas de trabajo infructuoso para encontrar los consensos que se esperaban de este órgano. Las intervenciones, más agudas que en la primera etapa de la instancia, por momentos alcanzaron el tono ácido ya característico del Consejo Constitucional. Unos y otros se culparon por no lograr acuerdos; y en reiteradas ocasiones, la oposición recordó a sus adversarios que el consejo elaboró propuestas en función de una mayoría que la ciudadanía le otorgó.
En este ambiente, fue la presidenta de la comisión, Verónica Undurraga (cupo PPD), quien inició la deliberación, manifestando su convencimiento, como académica, de que “cualquier propuesta moderada que presente la centroizquierda o la izquierda en estas materias (salud y pensiones) sería impugnada ante el Tribunal Constitucional como inconstitucional si se llegara a aprobar el texto como está. Nuestro país no merece eso, mi sentido de responsabilidad me obliga advertirlo”.
Otros consejeros oficialistas hicieron ver que en este proceso la mayoría representada por la oposición está cometiendo “el mismo error” en el que incurrió la izquierda en el marco de la Convención Constitucional. Uno de los más duros fue el comisionado socialista Flavio Quezada quien lamentó su “gran pesar por el manoseo vergonzoso y ramplón” que, a su juicio, se ha hecho desde la oposición del término “tradición”, puesto que el texto emanado del consejo –recalcó– “contiene definiciones excéntricas y redacciones tosca; aunque lo peor es que configura una propuesta iliberal con rasgos autoritarios, que hace imposible institucionalizar la solidaridad y que entrega lo social al mercado”.
A su turno, fue la comisionada Natalia González (cupo UDI) quien refutó los dichos de Quezada, destacando que el texto del consejo que revisó la Comisión Experta “es respetuoso de nuestra tradición constitucional” y, entre otras cosas, subrayó que en la citada propuesta “se acaban las leyes de quórum supramayoritario, que ha sido un petición muy sentida por sectores de la izquierda en Chile”.
Mientras que el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (cupo Evópoli) se centró en la razón que impidió el acuerdo en esta instancia, afirmando que ello no fue posible porque “cada uno de nosotros puso la punta del compás, sobre la que dibujar la cancha de sus posibilidades, en un centro distinto: la centroderecha la puso en el texto del consejo, la centroizquierda la puso en el texto de la Comisión Experta. Y esas circunferencias se cruzaban en menos temas de los que muchos hubiéramos querido”, reflexionando acerca de dónde era correcto poner la punta del compás, concluyó que “evidentemente es clavarla en el texto del consejo, por razones de legitimidad democrática; ellos fueron electos directamente, nosotros sólo indirectamente”.
El tenor, más menos, de la primera parte de la jornada fue este y luego de las intervenciones de los comisionados comenzó la extensa votación delas observaciones, capítulo por capítulo.
Seguridad social y vivienda
Por lo pronto, en materia de derechos, la oposición logró resguardar uno de los más populares en el marco del proceso constitucional y que según las encuestas cuenta con un respaldo ampliamente mayoritario en la ciudanía, como es el derecho de los cotizantes a la propiedad de sus fondos.
De manera, que el literal “b” del inciso 28 del artículo 16 sorteó la valla de las observaciones del oficialismo, manteniéndose como salió del consejo: “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.
No corrió igual suerte, otro de los derechos más populares promovidos por el Partido Republicano, como es la exención del pago de contribuciones a la vivienda principal. De manera sorpresiva, el oficialismo consiguió los votos de la oposición para aprobar la eliminación del literal “c” del inciso 29 del artículo 16. Así, este polémico derecho, volverá al Consejo Constitucional rechazado.
“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”, señala la propuesta caída, por 16 votos a favor de su eliminación, donde los comisionados de Chile Vamos Katherine Martorell, Hernán Larraín, Máximo Pavez y Sebastián Soto aportaron con sus sufragios; rechazaron su eliminación el republicano Carlos Frontaura; Marcela Peredo (indep. de oposición) y Teodoro Ribera (RN). Y optaron por abstenerse Natalia González, Bettina Horst, Catalina Salem, Juan José Ossa y Jaime Arancibia.
Salud
En materia de salud, no cambió mucho. Ya que la oposición logró mantener la libertad de elección del sistema de salud a qué acogerse, ya sea estatal o privado. Ello, pese a que el oficialismo intentó relativizar este literal presentando diversas observaciones que fueron rechazadas. De hecho, tal como lo recalcaron distintas figuras opositoras en cuanto a que defenderían materias que, desde su punto de vista, le hacen sentido o espera la ciudadanía, no dieron espacio para debilitar esta opción.
De tal manera que se mantiene el literal “b” del inciso 22 del artículo 16 sobre derechos que establece que “es deber preferente del Estado garantizar a todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
Ello, pese a que los comisionados oficialistas Alexis Cortés, Magaly Fuenzalida, Flavio Quezada, Leslie Sánchez, Francisco Soto y Verónica Undurraga presentaron una observación para eliminar del literal citado la expresión “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”, encontrada luego del punto seguido, que pasa a ser punto aparte”, misma que fue rechazada por no alcanzar el quórum, pues ambos sectores votaron alienados 12 a favor y 12 en contra.
Estado social
Uno de los temas por los que el oficialismo más bregó, tanto en el consejo como en esta etapa de la Comisión Experta, fue el cambio de ubicación del inciso que declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho, realizado por la oposición en la discusión del consejo, donde lo desplazó desde el artículo 1 al 2 del Capítulo I, subordinándolo al concepto de subsidiaridad, reflejado en el inciso que establece que “las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento”, que implícitamente alude a los grupo intermedios y ubicado por el consejo en el inciso 3 del artículo primero de la propuesta constitucional.
Pues bien, a través de una observación, la oposición lo reintegró al artículo 1 del Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional, ubicándolo en el inciso tercero; luego de ser rechazada la propuesta del oficialismo que lo reubicaba como inciso segundo. Sin embargo, la propuesta opositora no dejó conforme a la centroizquierda, ya que no compartían del todo la redacción aprobada con los votos de las dos comisionadas de la Democracia Cristiana (DC): Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis. Con estos dos votos, la propuesta de redacción de la oposición alcanzó el quórum exacto para ser aprobada con 14 a favor, nueve en contra y la abstención del socialista Flavio Quezada.
El texto aprobado ubica al Estado social y democrático de derecho en el artículo 1 inciso 3 de la propuesta y establece que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Mientras que la propuesta oficialista reza que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Reconoce derechos y libertades fundamentales y deberes constitucionales. Promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privada” y lo ubicaba en el inciso 2 del artículo 1.
Votos cruzados en objeción de conciencia
Otro tema que generó fuertes discusiones en el consejo es el de la libertad de conciencia individual e institucional aprobada por la oposición y que algunos comisionados de oposición esperaban mantener. El texto propuesto por el consejo establece “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.
No obstante, el oficialismo con votos de la oposición logró aprobar la observación que eliminó la objeción de conciencia individual e institucional de la propuesta con 17 votos. Votaron en contra, defendiendo la propuesta del consejo, los comisionados Teodoro Ribera, Catalina Salem, Marcela Peredo y Jaime Arancibia. Mientras que se abstuvieron Natalia González, Bettina Horst y el republicano Carlos Frontaura.
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