Participación ciudadana: la deuda de las inmobiliarias

Al cierre del primer semestre de 2019, casi US$ 12 mil millones en cerca de 450 proyectos de inversión en el rubro inmobiliario, estarían sujetos a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de acuerdo a datos obtenidos desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, solo 13 de estos proyectos reúnen las condiciones legales para solicitar un proceso de Participación Ciudadana (PAC). Pero ninguno se encuentra con un proceso de esas características actualmente en curso.

A raíz de las modificaciones que pretende realizar el Gobierno al SEIA y las potenciales consecuencias en términos de participación ciudadana, la industria inmobiliaria encendió las alertas. Una de las indicaciones que preocupa al rubro es la que determinará que la mayoría de los proyectos inmobiliarios ingresen al sistema como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como DIA, abriendo la puerta para que grupos organizados de no más de 20 personas puedan solicitar un proceso de PAC, y con ello levantar riesgos sociales no previstos.

Por eso, más que criticar la medida, la urgencia para el rubro será su capacidad de adaptación a las exigencias de una sociedad cada vez más empoderada, fortalecida y conscientes de sus derechos, así como el de vivir en un entorno armónico con el medio ambiente como condición inicial de la construcción de nuevos proyectos.

Un criterio sostenible para la industria inmobiliaria es visibilizar e incorporar a la comunidad en el proceso de diseño y tramitación de los proyectos, de manera que sean una contribución efectiva al desarrollo urbano. En el fondo, se trata de superar la negociación bilateral en función de las externalidades negativas de la construcción, para transitar a una nueva forma de hacer las cosas; una que valida y legitima a los actores presentes en el territorio y genera valor compartido.

Si bien cada proyecto tiene un contexto particular, dependiendo de la empresa mandante y el municipio local, se pueden distinguir escenarios que varían según la especificidad de los planos reguladores, la legitimidad de las autoridades locales, la expertise del equipo técnico y la madurez de las organizaciones sociales, entre otros. Ante escenarios poco claros, es posible ver una mayor oscilación e incertidumbre, la que en ocasiones ha devenido en la implementación de modificaciones de último minuto, bajo una lógica más bien reactiva.

La etapa de construcción es la más compleja y por ello se deben considerar de manera temprana medidas que permitan favorecer la calidad de vida los vecinos afectados; éstas pueden ir desde la mitigación de impactos hasta la posibilidad de realizar inversiones comunitarias. Ahora bien, cómo proceder no es una respuesta que pueda contestarse sin haber involucrado a la comunidad, siendo prioritario incluir una gestión del vínculo transparente y sostenida desde un inicio.

En este sentido, estamos convencidos que este escenario trasciende los tecnicismos propios del desarrollo inmobiliario, la construcción e incluso la planificación urbana, invitando a la conversación a los ciudadanos que, bajo una perspectiva distinta, tienen la capacidad de enriquecer los proyectos, aportando a su sostenibilidad en el largo plazo. Se trata de visualizar el desarrollo del mundo inmobiliario teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de los proyectos, mapeando y entendiendo a todos quienes intervienen y se ven afectados en cada una de sus etapas, siendo parte también de las soluciones en pos de la creación de valor compartido.