No una, al menos una decena de medidas de estímulo se anunciaron desde en el espacio de tres días desde Beijing. Es la respuesta del régimen a una desaceleración económica que, si bien se esperaba debido a cambios estructurales y necesarios, está probando ser difícil de administrar incluso en un régimen comunista.
La tasa de crecimiento promedio de China ha bajado de 10,5% entre 2001-2010; 7,3% entre 2011-2019, a 4,7% desde la pandemia de Covid-19.
A mediados de 2023, Beijing suspendió la publicación de las cifras de desempleo juvenil, después de que la tasa de desocupación en el grupo entre 16 y 24 años alcanzara 21,6% en junio. En diciembre pasado presentó un nuevo sistema de medición que ubicó la tasa en 14%. Desde entonces ha subido hasta 19% en agosto.
No fue la única cifra que generó alerta. Por ejemplo: El índice PMI de manufacturas oficial desafió las expectativas de un repunte y marcó un cuarto mes en terreno de contracción, las importaciones sorprendieron con un estancamiento; y la inversión extranjera directa sumó 15 meses consecutivos de caídas.
Es más, la inversión extranjera vive en China su peor racha desde 2009, cuando la caída se justificó por la Gran Crisis Financiera. Por el contrario, en un mundo donde el apetito por el riesgo ha dominado los mercados, China ha perdido la confianza de los inversionistas, y también de sus propios consumidores.
“Yo creo que llegamos a la línea roja, por eso han anunciado el estímulo. Los datos de agosto fueron muy, muy malos; y seguramente saben que hay problemas adicionales con algunas entidades de crédito…”, afirma a Señal DF Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, basada en Hong Kong.
La economista resalta la reticencia que había mostrado hasta ahora la administración de Xi Jinping por aplicar estímulo, especialmente fiscal. Además, coincide con quienes ven en la puesta en escena, más que en las medidas en sí mismo, la señal de la alerta generada en el régimen por la desaceleración.
En un acto poco común, se anunció con un día de anticipación que el gobernador del banco central y los reguladores financieros darían una rueda de prensa para anunciar medidas de soporte para la economía.
El martes 24 de septiembre, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pang Gongsheng, junto a los dos principales reguladores financieros dedicaron más de una hora para anunciar una serie de acciones, principalmente monetarias.
Entre las medidas más destacadas están: El recorte de la tasa de reserva exigida a los bancos, lo que liberó US$142.000 millones de liquidez en el mercado. La baja en 50 puntos base en la tasa promedio aplicada a US$ 5,3 billones en créditos hipotecarios. El recorte de la tasa de interés de financiamiento bancario a siete días. La creación de un fondo por US$113.000 millones para la compra de acciones locales.
La reacción del mercado fue inmediata. El cobre alcanzó su mayor valor en 10 semanas y las acciones chinas, con un rally de 4%, lideraron una sesión de alzas que llevó al S&P 500 a otro récord. Sin embargo, el impacto se frenó pronto.
Beijing respondió con más anuncios. El miércoles 25 de septiembre, el PBoC anunció una baja de 30 puntos base en la tasa de interés a un año. Tampoco fue suficiente para convencer al mercado.
“Seguimos esperando un apoyo fiscal más eficaz en los próximos meses para ayudar a estabilizar la economía”, advirtieron Tao Wang y Jennifer Zhong, economistas de UBS. En línea con el FMI y la OCDE, Wang y Zhong proyectan que Beijing no cumplirá este año con la meta de crecimiento de 5%, y que la desaceleración continuará hasta marcar una expansión de sólo 4% en 2025.
Los cuestionamientos de los analistas apuntaban a que las medidas anunciadas hasta entonces se enfocaban todavía en resolver problemas de liquidez y oferta, cuando el problema de la economía es de menor demanda.
Según datos de la consultora Caixin, esto último se refleja en el dramático aumento (hasta 47%) de las exportaciones de productos como paneles solares, vehículos eléctricos y baterías de litio. Los productores, apunta Caixin en su informe del 20 de septiembre, “se enfrentan a la debilidad de la demanda y al exceso de capacidad nacional, que han desencadenado guerras de precios y afectado gravemente a los resultados”.
Medidas únicas
Como si respondiera a las críticas, la noche del miércoles la prensa estatal de China sorprendió con el anuncio de medidas tomadas por primera vez durante el régimen de Xi Jinping, y orientadas a los consumidores.
La cadena de televisión CCTV reportó la entrega de un subsidio único de subsistencia a los grupos de menores ingresos. Además, en un reflejo de la preocupación política por la desaceleración, se apuntó que el subsidio deberá ser entregado hasta el 1 de octubre, cuando se conmemora el 75° aniversario de la proclamación de la República Popular China por parte de Mao Zedong, o de la instauración del régimen del actual Partido Comunista.
A través de otro medio oficial, la agencia de noticias Xinhua, sin explicar el tipo de medidas que se adoptarán, informó que el Consejo de Ministros incorporará el pleno empleo como prioridad en el plan nacional de desarrollo económico. Las nuevas directrices incluirán reforzar “las orientaciones a las empresas” para que impulsen un alza “razonable” de los salarios.
“Este estímulo para nada es una transformación económica. Es un parche en una desaceleración estructural que seguirá produciéndose. Es mitigar la desaceleración estructural, pero no está cambiando el futuro económico del país”, apunta García-Herrero.
En 2020, Xi Jinping anunció sus planes para transformar China en una economía enfocada en las nuevas tecnologías y no tanto en la rapidez del crecimiento sino en la calidad de éste. El plan incluía reducir la dependencia del endeudamiento y la inversión pública como motores de crecimiento. De por sí, tal medida implicaría una desaceleración económica, considerada parte natural de la transición de las economías emergentes hacia estados de mayor desarrollo.
Pero la desaceleración ha probado ser un elemento de presión política para Xi y su círculo más cercano. Tras meses de aumentar los controles en redes sociales para borrar toda crítica sobre el desempleo o la situación económica (el WSJ reporta incluso de la detención de un alto economista por comentarios en un chat privado), el Politburó cedió a desplegar medidas fiscales.
No hay detalles de cómo se desplegará este estímulo, pero el jueves 26 de septiembre la agencia estatal Xinhua reportó que el Politburó, en una sesión fuera de calendario, se comprometió a cumplir con la meta de crecimiento de 5%. Se hizo referencia a la inversión pública y a detener la caída del sector inmobiliario.
Son los dos elementos que, explica García-Herrero, han golpeado con fuerza la confianza de los consumidores una vez pasado el impacto de las políticas de Cero-Covid que frenaron el consumo en 2022. Ese año, el consumo de los hogares como porcentaje del PIB cayó a 37% en China, uno de los niveles más bajos en décadas.
Analistas apuntan a la caída del mercado inmobiliario como principal factor de desconfianza. En un país donde el 70% del patrimonio de las familias está en la vivienda, la caída de los precios y la decisión de Beijing de dejar quebrar grandes empresas del sector generó dudas sobre el futuro. Al mismo tiempo, la crisis ha llevado al desplome de la inversión inmobiliaria y los reportes del inicio del declive de la población ha encendido las alarmas sobre problemas estructurales a la productividad y el consumo.
A esto se suma un discurso más duro de parte de Xi hacia el emprendimiento y la actividad privada, que ha ido acompañada de más restricciones y controles. Es difícil visualizar un repunte de la inversión y el empleo sin un cambio en la actitud de Beijing hacia el aporte privado. Al mismo tiempo, la demora en el repunte del consumo complica los planes de Xi de transformar la economía china y reducir su dependencia de las exportaciones de manufacturas. Una tasa de crecimiento del PIB entre 3% y 4% como proyecta el FMI para los próximos años pone en peligro el gran legado al que anhela Xi, que es convertir a China en una economía socialista de altos ingresos.
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