Desafíos pendientes en el descongelamiento de la tarifa del transporte público

Esta semana comenzó a hacerse efectivo el descongelamiento de la tarifa del transporte público, aplicándose un alza de $ 10 a la tarifa vigente desde 2019, cuando (como preámbulo de la crisis social de octubre de ese año), se revirtió un aumento de $ 30.

La medida es una positiva señal para un Gobierno que por estos días reclama por (y busca espacios para conseguir) mayores recursos fiscales. Sin embargo, un equilibrio financiero del transporte público que minimice el subsidio que el Estado debe entregar puede conseguirse con mayores ingresos (a través de un reajuste de tarifa que incluso el Comité de Expertos había recomendado fuese el doble que la anunciada) como con menores costos. Lamentablemente, no existe información reciente respecto al resultado del plan antievasión -de hecho, la última información disponible (segundo semestre de 2022) da cuenta de una evasión aún en niveles históricos (44%)- ni tampoco de esfuerzos de contención de costos que hayan sido realizados.

El Gobierno debiese transparentar cuanto antes la(s) meta(s) del anuncio y los indicadores que usará para evaluar su éxito.

Tampoco resulta del todo claro el impacto real que podría tener el beneficio de “monto máximo mensual” anunciado en conjunto con el reajuste, el que estaría disponible no solo para el escaso número de pasajeros que superan el umbral de $ 38 mil mensuales (cerca de 2% de acuerdo a cifras oficiales), sino que a su vez únicamente para quienes paguen con código QR, lo que limita aún más su potencial alcance, tanto por la baja cobertura de dicha modalidad, como por la natural barrera digital que implica su uso. Para alcanzar una mayor recaudación (y disminuir la evasión), ¿por qué no reemplazar esta medida, por ejemplo, con lo aplicado en otros sistemas de transportes a nivel internacional como descuentos por pagos anticipados? Además, ¿cómo esta decisión se hace cargo de la evidente inequidad de la medida con respecto a usuarios de regiones para quienes no está disponible?

El Gobierno debiese transparentar cuanto antes la(s) meta(s) u objetivos del reciente anuncio y los indicadores que usará para evaluar su éxito. Solo así se podrá conocer a tiempo si se está avanzando en la dirección correcta o, si es necesario, tomar oportunamente medidas de rediseño que permitan avanzar en pos de un mayor equilibrio financiero del transporte público metropolitano sin generar inequidades ni otros desbalances.