Expertos critican duramente proyecto que busca nacionalizar fondos previsionales

Este viernes, continuó la discusión -en la comisión de Constitución del Senado- del proyecto que busca terminar con el sistema de AFP y nacionalizar los fondos de pensiones. 

La propuesta, suscrita por los senadores Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (País Progresista), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), establece además la creación de un Sistema de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia. Mientras que la Pensión Básica Universal será equivalente al Salario Mínimo Garantizado.

Uno de los expositores, fue el académico de Clapes UC, Salvador Valdés, quien criticó duramente la iniciativa. "Es una propuesta que no toma en cuenta para nada la realidad que enfrenta este país. Este proyecto puede ser la lápida definitiva que aumente mucho más las lagunas previsionales y reducirás las pensiones contributivas de los actuales jóvenes", precisó, tras exponer en la comisión.

Según el economista, este proyecto aumenta las externalidades negativas, porque abandona la acumulación de ahorro y genera nuevos riesgos políticos que van a reducir el crecimiento económico y por lo tanto, va a impedir que suba la recaudación tributaria en el futuro.

A juicio de Valdés hay dos extremos para tratar los riesgos previsionales. Uno es que el Estado garantice todo y el otro extremo es que el individuo asuma todo el riesgo.

"El primer extremo es inviable porque estamos hablando de sumas gigantescas. El valor presente de las pensiones razonables es 200% del PIB. Por lo tanto, en cada recesión en que el PIB caiga, si el Estado garantizara todo, habría una crisis fiscal gigantesca agravando la situación", advirtió.

Por el otro lado, entregar todo el riesgo al individuo, es demasiado riesgoso, porque efectivamente el objetivo es entregar seguridad social. "El sistema actual cubre los riesgos pero a pedazos. Algunos si, otros no. Por ejemplo, los afiliados mayores de 50 años no alcanzan a recuperar las sorpresas financieras, demográficas o laborales que les pueden ocurrir en los últimos 5 o 10 años antes de iniciar su pensión, lo que no está cubierto. Por lo tanto, se justifican reformas técnicas para crear seguros mutuos entre generaciones", reconoció el experto.

De todas formas, recalcó que la propuesta no hace nada al respecto. "Traslada estas decisiones sin hacer aportes concretos a consejeros designados por los partidos políticos. Nuevamente, se abre un fuerte riesgo de abuso, al favorecer aquellas acciones que le dan la probabilidad de reelección ahora, por sobre los compromisos de pensión", indicó.

Similar visión entregó el otro expositor, el economista y presidente de la Fundación Ciudadanos en Acción, Bernardo Fontaine. "El proyecto hace perder a los trabajadores la certidumbre, porque le quitan la propiedad sobre sus ahorros y sobre sus cotizaciones futuras. En el fondo está confiscando parte del sueldo de los trabajadores", fue una de sus primeras críticas.

En esa línea, Fontaine señaló que los trabajadores pierden seguridad porque las pensiones pasan a manos de las finanzas públicas del Estado. "Es un proyecto que produce inestabilidad en la pensión de los trabajadores y les pisotea sus derechos. No sube las pensiones de forma real, concreta y sostenida". 

"Además, compromete un gasto insostenible. Establecer una pensión mínima, básica, equivalente al salario mínimo, puede significar un gasto de hasta ocho veces el pilar solidario actual y sólo en el primer año", añadió.

Otro de los invitados fue el Economista de la Universidad Católica, José Luis Ugarte, quien manifestó que independiente de si le va bien o mal a este proyecto, "abre una senda que vamos a volver a conversar. La idea de la dimensión objetiva de la seguridad social".

De acuerdo a Ugarte la iniciativa pone al debate constitucional en el marco de la mejor constitución comparada. "Esto, porque el caso Alemán, Holandés o Italiano hacen referencia al rol del Estado como organizador de la seguridad social. Hay un avance porque el proyecto vendría a colocar una dimensión integral de la seguridad social. Permite mirar el lado institucional de la seguridad social", destacó.