Consejo de Defensa del Estado entra a la disputa por el retiro de rentas vitalicias y se enfrenta con BICE Vida

La batalla legal por los retiros de rentas vitalicias sigue al rojo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró en la disputa y tomó las riendas de la defensa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respondiendo una causa iniciada por BICE seguros de vida. 

En concreto, el organismo contestó al reclamo de ilegalidad ingresado el 13 de mayo por BICE Vida en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la CMF por la emisión de la Circular Nº1.208 que contiene las instrucciones de los adelantos.   

La acción judicial de BICE se convierte en la primera que es contestada por el CDE por los retiros de rentas vitalicias. Cabe recordar que por la misma razón, y en contra del oficio del regulador, también se encuentran vigentes reclamos de Penta y de la aseguradora 4 Life. 

En tanto, los recursos de protección presentados por Consorcio y Confuturo en contra del Presidente Sebastián Piñera, el Senado y la Cámara de Diputados no fueron admitidos a trámite por la Corte de Apelaciones, por lo que hoy se encuentran en la Suprema. 

El cuestionamiento por el daño patrimonial

En su reclamo de ilegalidad, BICE Vida, aseguradora ligada al Grupo Matte, acusó que la circular emitida por la CMF afectó el derecho de propiedad de la firma y los contratos suscritos con los pensionados de rentas vitalicias. Además, esgrimieron que los anticipos tendrán un impacto en el patrimonio de las compañías de seguros de vida.

Todo ello fue advertido por la CMF en la discusión parlamentaria previa al despacho de la ley que permitió los adelantos.

Desde el CDE apuntan que la forma de operación de los adelantos descarta un impacto en el patrimonio, ya que este se imputará a las rentas vitalicias futuras, donde el efecto será permanente para quienes opten por llevar adelante su avance. 

"El reclamo omite -otra vez a su conveniencia- que la Constitución Política de la República ha dispuesto anticipar las pensiones, es decir, pagar antes una parte de lo que se debía pagar después. Esto significa que la propia norma constitucional establece un sistema de compensación del referido anticipo. El retiro, tal como referimos, se imputará a cada renta mensual futura, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado", respondió el CDE. 

En esa misma lógica, señala que quienes sufrirán un perjuicio serán los pensionados que hayan realizado un retiro. 

"El actual avance -dispuesto para hacer frente a la crisis causada por la pandemia- está ligado, indefectiblemente, a la reducción de las pensiones futuras de los pensionados. De esta forma, quien pagará los costos principales de este avance desde luego no serán las empresas de seguros, sino cada una de las personas pensionadas que opte por el anticipo autorizado", argumentó.

La reforma constitucional

El Consejo de Defensa del Estado además señala que la CMF se limitó a cumplir las disposiciones que le obligó la reforma constitucional despachada por el Congreso.

En ese sentido, la argumentación señala que varios de los puntos reclamados por BICE Vida se encuentran en la Constitución y no en la circular emitida por el regulador, como por ejemplo, el principio de intangibilidad de los contratos.

"De esta forma, es obvio que el imaginado vicio a que se refiere el reclamante no cae dentro de ninguna de las categorías de ilegalidad dispuestas para el control contencioso administrativo, sino que derechamente representa el planteamiento de una disconformidad política o de fondo con el contenido de la Constitución Política de la República, cuya resolución siquiera es competencia del Poder Judicial", esgrime.