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Alto contraste
renta fija
Chile intenta por tercera vez en menos de cinco años reformar su sistema privado de pensiones, la base de su mercado de capitales. La sorpresa es que, de aprobarse, la reforma podría significar buenas noticias para el mercado local de bonos al menos en el corto plazo.
El presidente Gabriel Boric presentó el 2 de noviembre el proyecto que propone una cotización adicional con cargo al empleador equivalente al 6% de los salarios de los trabajadores y eleva el monto que los empleados cotizan en sus cuentas individuales de 10% a 10,5% de sus salarios.
En medio de la batahola sobre cómo se distribuirán los fondos recaudados mediante la nueva cotización, se sabe que al menos parte se invertirá en el mercado. Es más, algunos piensan que llevará a los administradores de fondos a invertir un mayor porcentaje de activos en el mercado local de bonos, aunque el texto no lo diga explícitamente.
“Se entiende que los fondos administrados subirían de forma importante, y el grueso del fondo colectivo sería invertido en renta fija, apuntando a una baja volatilidad”, dijo Sergio Lehmann, economista jefe en BCI. “Por tanto, aumentaría la liquidez en este mercado, pero naturalmente sería un proceso muy gradual”.
Felipe Alarcón, economista jefe en EuroAmerica, tiene una visión similar y cree que subirá la demanda por activos locales versus la extranjera.
“Las nuevas políticas de inversiones posiblemente tendrán un home bias”, dijo Alarcón. “Esto sin duda implicaría mucho retorno de inversión de las actuales AFP desde el exterior, con un claro impacto apreciativo para el peso y presión bajista para las tasas locales”.
El Ministerio de Hacienda prevé que la reforma aumentará gradualmente el stock de activos de fondos de pensiones invertidos en el mercado local a 33% del PIB en 2030 frente al 27% actual, y a un 61% en 2050, según un comunicado.
El lado oscuro
Si bien la reforma tiene un lado positivo para el mercado de bonos, ha sido criticada por la industria y la oposición por otorgar al Estado un rol mucho más predominante en un sistema que hasta el momento ha sido manejado por el sector privado. Además, esperaban que un mayor porcentaje fuera destinado a las cuentas de capitalización individual.
Hay preocupación por el costo que tendrá el nuevo sistema para el Estado. Alrededor de un 70% de la nueva cotización será empleada, al menos en parte, para complementar las actuales pensiones con beneficios para compensar brechas tales como desigualdades de género.
El problema es que los mismos fondos irán a cuentas “nocionales” que el Gobierno debe devolver cuando la persona se jubile, incluyendo una tasa de retorno garantizada. Esto podría generar una creciente deuda para el Estado a futuro. El proyecto de ley dice que el nuevo sistema será sostenible a largo plazo, pero algunos no están convencidos.
A medida que la población envejece y la masa activa disminuye en porcentaje, las cuentas nocionales harían “aumentar los pasivos del fisco a futuro, afectando negativamente a la renta fija local”, dijo Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions de Credicorp Capital.
A largo plazo, esto impulsaría los rendimientos locales, especialmente en el extremo más largo de la curva.
El proyecto de ley enfrentará un intenso debate en el Congreso. Diputados de la coalición de Gobierno han dicho que pretenden concluir la votación a mediados de 2023, para que posteriormente pase al Senado.
