Zoom al IPS 2.0 de la reforma: tendrá 1.790 trabajadores nuevos y un costo de $ 170 mil millones en 2030

Uno de los principales cambios que trae la reforma previsional es la transformación del Instituto de Previsión Social (IPS) en el nuevo Administrador Previsional Autónomo (APA), un servicio público que absorberá las tareas de administración y soporte que hoy efectúan las AFP.

La iniciativa no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición, principalmente por las eventuales ineficiencias de este nuevo actor público respecto a la gestión de las AFP.

El proyecto de ley refuerza al IPS con 490 funcionarios (as) y más de $ 78 mil millones para iniciar las tareas de soporte en 2024, lo que representa el 94% del costo fiscal adicional que genera la nueva institucionalidad pública creada por la reforma. Hacia el año 2030 se habrán sumado 1.790 trabajadores (69% más que su dotación actual) y $ 170 mil millones en costos (unos US$ 185 millones).

Del IPS al APA

Desde 2008, el IPS tiene a cargo el pago masivo de beneficios previsionales y sociales, y orienta en diversos trámites del Estado a través de ChileAtiende. Cuenta con 2.463 trabajadores y ofrece 315 trámites y beneficios. Tiene 192 sucursales, y su red de pago incluye a BancoEstado y BancoEstado Express, con 520 locales 1.611 puntos de pagos, incluidas zonas rurales.

Anualmente, realiza alrededor de 4,5 millones de atenciones en sucursales y módulos, y en 2021, efectuó cerca de 92 millones de pagos, por cerca de $ 20 mil millones.

De acuerdo al proyecto ingresado al Congreso, el APA administrará el sistema de pensiones solidarias, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el sistema mixto de pensiones y de los regímenes previsionales derivados del antiguo sistema previsional.

Al inicio, su tarea estará enfocada en el registro de cuentas del 6% de cotización adicional con que se formará el Fondo Integrado de Pensiones (FIP). Luego de 24 meses comenzará la labor de registro de cuentas de capitalización individual en los Inversores previsionales público (IPPA) y privados (IPP), teniendo facultades amplias para subcontratar y licitar con privados la contratación de diversos procesos.

Para ello, el IPS se transformará en una entidad autónoma, con un consejo de cinco miembros independientes y recursos suficientes para acceder a sistemas informáticos de primera clase y reforzar las competencias de su personal.

El Gobierno estima que con este cambio se generará un “ahorro de costos para el sistema en su conjunto y con ello, para los afiliados a través de las economías de escala derivadas de la centralización de funciones en una sola entidad sin fines de lucro”. Este ahorro se proyecta en cerca de US$ 450 millones al año, respecto de lo que hoy gastan las AFP, y que en el grueso se destina a la gestión comercial.

Los costos de su gestión de soporte se estiman en unos US$ 170 millones al año, los que de acuerdo al proyecto, serán de cargo fiscal.

Las dudas

Para el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y profesor de la UDP, Alejandro Charme, es “cuestionable jurídicamente la creación de un organismo público que no ejercerá sus funciones sino que hasta el octavo año aprobada la ley, puesto que los dos primeros años permanecerán estas funciones en las AFP y en los cinco años siguientes se licitará a privados”.

“Dado que los dos primeros años el soporte permanecerá en las AFP y en los siguientes años se licitarán a privados, ¿para qué licitar a privados si los actuales lo están haciendo bien? Un claro ejemplo fue la eficiencia de los privados en los retiros previsionales”, explica.

El académico de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, dice que la decisión de entregar un rol al IPS se relaciona con la necesidad de dar legitimidad social al sistema. Por ello, “independiente de si pueda hacerlas eficientemente o no, pueden partir con una crítica innecesaria a su debilidad, que se dio por ejemplo en el pago de la PGU”. Dice que sería conveniente “armar una nueva institución o directamente comenzar a subcontratar los servicios de manera de no comenzar cargando costos reputacionales previos”, señala.