Subsecretaría de Previsión Social encarga estudio sobre “mecanismos de solidaridad en seguridad social" como posible insumo para la reforma

La Subsecretaría de Previsión de Social está licitando un estudio que busca recabar la experiencia internacional de los modelos de seguridad social y mecanismos de solidaridad, enfocado en los sistemas de pensiones. Para ello, destinó un presupuesto de hasta $ 30 millones, de acuerdo a las bases de la licitación dispuesta en el sistema de compras públicas del Estado.

El proceso se desarrolla por encargo de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, entidad tripartita que integran representantes de la academia la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (CUMPECHI) y la Asociación de AFP. 

Cada año, esta Comisión recibe recursos estatales para el desarrollo de estudios ligados al sistema previsional. Este en particular, coincide con el proceso de presentación de la reforma de pensiones, cuyo envío al Congreso fue comprometido por el Gobierno para este mes.

De acuerdo con las bases de licitación, el objetivo del estudio es buscar los “insumos necesarios para el análisis y propuesta de políticas públicas en el área previsional", de interés para sus representados y particularmente a la ciudadanía. 

“Considerando que la Comisión desea aportar mayores antecedentes al debate que existe sobre la introducción de nuevos mecanismos de solidaridad al sistema de pensiones chileno, se ha decidido encargar este estudio, cuyo objetivo es describir, analizar y evaluar integralmente diferentes modelos de seguridad social y sus mecanismos de solidaridad, con foco en el sistema de pensiones”, detalló el documento.

La Comisión reconoce en las bases, los acuerdos alcanzados desde la reforma de 2008 en “el monto y cobertura del piso de protección social”, con la ley que incrementó los beneficios del Pilar Solidario y la que creó la Pensión Garantizada Universal (PGU).

"Ahora bien, respecto de cambios a elementos más estructurales, como lo sería contar con elementos redistributivos en las contribuciones a pensiones, o con aportes patronales a la cotización, no se han logrado concretar las propuestas presentadas tanto por la presidenta Michelle Bachelet en 2017, como las del presidente Sebastián Piñera en 2018, continuando el debate hasta hoy. Para aportar a este debate resulta necesario describir, analizar y evaluar los diferentes modelos de seguridad social y sus mecanismos de solidaridad desde la perspectiva del sistema de pensiones”, recalcó el documento de la licitación.

Tres entidades presentaron ofertas: la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), con el académico José Luis Ruiz como jefe de proyecto; el Centro de Estudios de la Seguridad Social (Ciedess), encabezado por Rodrigo Gutiérrez, y Estudios Sociales UTP, cuya jefa de proyecto es la socióloga María Francisca Gatica Cádiz.

La adjudicación está fijada para el 12 de agosto.

Estudio de opinión y propuestas

La Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, tiene como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos, las evaluaciones que realicen sus integrantes sobre el funcionamiento del modelo previsional y proponer las estrategias de educación y difusión del modelo previsional.

En las bases de la licitación del estudio se detallaron una serie de contenidos que destacan, -por sus similitudes-, con los insumos derivados de comisiones asesoras presidenciales anteriores y con los diálogos sociales por pensiones cuyos resultados se conocieron recientemente.

Así, se solicitó, por ejemplo, “implementar dos grupos focales que permitan evaluar la opinión de las personas que viven en Chile sobre el concepto de solidaridad, los mecanismos de solidaridad y su relación con el sistema de pensiones chileno", y la entrega de un informe final con “recomendaciones de política pública para el caso chileno a partir de lo revisado en la experiencia internacional y en lo recogido de la opinión de las personas”, dice el documento.

La Comisión, pidió, además, "considerar a lo menos cinco países, dentro de los que se encuentren: Dinamarca, Nueva Zelanda y tres países miembros de la OCDE a acordar entre la Comisión, la contraparte técnica, y el adjudicatario", detallan.

En esto, el estudio debe incluir una descripción de indicadores macroeconómicos y sociales, como el coeficiente Gini, PIB, promedio de salarios, carga tributaria, tasa de cotización para la pensión, descripciones de los sistemas de pensiones y sus mecanismos de solidaridad, y fuentes de financiamiento “distinguiendo, a lo menos, entre financiamiento vía impuestos generales o vía cotizaciones de la seguridad social, y encuestas de opinión sobre la adhesión al sistema de pensiones y seguridad social”, puntualizó.

Para el análisis el adjudicatario del informe debe tener claro los conceptos de seguridad social y solidaridad, describiendo cada uno de los ocho principios de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera, solidaridad y redistribución del ingreso, igualdad y uniformidad en el trato, unidad, responsabilidad estatal y eficiencia, y participación en la gestión.

En la misma línea, se pidió un detalle del estado del debate sobre “solidaridad” desde la perspectiva del derecho, sociología y economía, y detallar los tipos de solidaridad redistributiva, desde el punto de vista del sistema de pensiones, entre otros.