Reforma: gobierno destinará US$ 500 millones para beneficios y evalúa acudir al Fondo de Reserva de Pensiones

Tras el anuncio del Presidente Piñera de aumentar inmediatamente en 20% la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) una vez que ingrese indicaciones a la reforma, el Ministerio del Trabajo apretará el acelerador para llevar adelante la iniciativa que tendrá un gasto fiscal de más US$ 500 millones adicionales al costo de la reforma.

Fuentes ligadas a la cartera confirmaron que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg ingresará mediante indicaciones, la nueva propuesta del gobierno en los próximos días.

Ayer, en conversación con radio ADN, dijo que “en la próxima sesión de la Cámara de Diputados ya habremos introducido indicaciones con gran parte de lo anunciado por el Presidente”.

Lo cierto, es que Trabajo se encuentra barajando una serie de alternativas para sacar adelante la iniciativa legal con plazos aún más acotados que los iniciales (enero de 2020).

Sin embargo, Monckeberg aseguró que podrán entregar los aportes en la fecha agendada. “Esto comenzará a regir inmediatamente una vez que se apruebe la ley”.

Cercanos a la cartera señalan que uno de los cambios que realizará el Ejecutivo en su técnica legislativa es reducir los tramos de diferenciación de la entrega de beneficios por edad.

En el proyecto original se planteaba que el monto de la PBS de vejez se diferenciará por tramos de edad a partir de los 65 años, incrementándose a los 70, 75, 80 y 85 años de edad. Asimismo, la pensión máxima con aporte solidario se diferenciará por tramos de edad a partir de los 65 años, incrementándose a los 70, 75, 80 y 85 años de edad.

Lo anterior había sido rechazado por la oposición con el argumento de establecer los beneficios de la reforma sin tramos de edad.

Fuentes ligadas a Trabajo señalan que la propuesta que llevará Monckeberg al Congreso establece una reducción de los cinco tramos actuales a uno más simple, de tres o cuatro tramos de edad.

“Así cuando la reforma esté en régimen una persona de 80 años podrá ver su pensión aumentada en un 50%. En el proyecto original llegaba a este porcentaje a los 85 años”, afirma una fuente cercana al gobierno.

Lo anterior, beneficiaría a poco más de 1,5 millones de personas en un menor período de tiempo, desde cinco a tres años.

Financiamiento extra

Ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín indicó en Mega que estas medidas significarán “algo más de US$ 500 millones de inyección adicional respecto del proyecto original”. La cifra significa el 40% del total de la Nueva Agenda Social.

Con esta inyección de recursos el costo de la reforma ascendería a más de US$ 4.000 millones (anteriormente eran US$ 3.500 millones).

Sin embargo quedan dudas respecto de cómo se financiarán estos mayores gastos

Una opción que se ha discutido es que el gobierno acuda a los Fondos de Reserva de Pensiones (FRP). Explican que con los intereses del fondo se podría suplir este mayor gasto sin tener que recurrir a las arcas fiscales.

EL FRP apoya el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de las pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes previsionales solidarios.

Conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se incrementa cada año en un monto mínimo equivalente al 0,2% del producto interno bruto (PIB) del año anterior.

Si el superávit es superior a 0,2% del PIB, el FRP recibe un aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0,5% del PIB.

Clase media y seguros solidarios

Otra de las cartas que se jugará el Ejecutivo es reducir los requisitos para que la clase media acceda a los recursos fiscales para complementar el ahorro previsional, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores.

Aunque todavía no se detalla cuáles serán los nuevos requisitos de acceso, se espera que los beneficiarios puedan obtener una pensión cercana a los $700 mil promedio.

Aunque en el Ministerio prefieren no dividir el proyecto reforma previsional, -como lo han planteado algunos sectores de la oposición-, se están preparando para debatir la incorporación de un mayor componente de solidaridad en la cotización extra (actualmente en 4%). Esto abre la puerta a que se negocie un seguro de longevidad o algún componente de solidaridad intrageneracional.

Desde Trabajo descartan que los nuevos componentes sociales superen el 5% de cotización extra.