Alejandro Ferreiro: “Es muy difícil a partir de una declaración de principios a nivel constitucional, inferir o pronosticar que las pensiones van a subir”

Una mirada de cautela tiene Alejandro Ferreiro, exministro de Economía, exsuperintendente de Pensiones, y ex titular de la SVS, sobre las normas que despachó la Convención Constitucional referidas al sistema de seguridad social, como también los artículos que fueron rechazados para que sean perfeccionados en segunda instancia. 

Ferreiro destacó la definición que se estableció en el borrador de la nueva Constitución respecto al sistema de seguridad social. Mencionó que “en rigor no hay mayores novedades salvo en el establecimiento de la obligación de proteger a quienes realizan labores domésticas. Ello, naturalmente va a tener que ser financiado preferentemente o exclusivamente con rentas generales de la nación”.

Otro punto que resaltó fue que se zanjó que el destino de los ahorros previsionales serán exclusivamente para el pago de pensiones. La exautoridad remarcó que “de alguna manera, cuestiona tácitamente la política de los retiros de los fondos previsionales, que son precisamente el uso de los recursos de seguridad social para fines distintos”. 

El matiz de Ferreiro es si este tipo de normas van a significar un cambio en las pensiones que reciben las personas: “Es muy difícil a partir de una declaración de principios a nivel constitucional, inferir o pronosticar que las pensiones van a subir. Ello va a depender al final del esfuerzo que realice la sociedad”.

Manifestó que esta labor no es fácil. “Hemos visto lo difícil que ha sido aumentar la edad de jubilación, incrementar la tasa de contribución o incluso preservar los ahorros que ya existen para el pago de pensiones. Resulta más popular retirar esos fondos para gastarlos ahora que destinarlos a las pensiones”, comentó. 

Recalcó que “la calidad de las pensiones se juega en la disciplina, en la solvencia fiscal, en la disposición de establecer reglas que garanticen un esfuerzo consistente con las pensiones que los chilenos quieren. Eso requiere una disciplina política y mirada a largo plazo que no ha estado disponible o presente en los últimos años”.

Los puntos rechazados

Sobre el rechazo a la norma de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones de las personas, hizo ver que se trata de un punto político reciente que está asociado en buena parte a una condición que impulsaron los parlamentarios de la oposición para aprobar el proyecto acotado de retiro de ahorros previsionales que el gobierno planteó infructuosamente. 

Sin embargo, puntualizó que “hubiera sido saludable reforzar la inexpropiabilidad de los fondos mediante una norma explícita. Tampoco me parece que sea imprescindible si es que se toma en serio la norma aprobada que declara que los fondos de pensiones sólo pueden tener por destino la seguridad social”.

Planteó que de cara al debate que viene en la comisión para la revisión de esta norma, es que debe esclarecer la diferencia entre las nuevas cotizaciones y sus destinos, y lo que ocurre con las cuentas individuales que actualmente tienen millones de trabajadores.

En cuanto a las prestaciones definidas para el pago de pensiones, Ferreiro se mostró reticente. Explicó que resulta muy complejo financiarlas ya que si establecen prestaciones muy bajas no van a satisfacer las expectativas sociales. Mientras que, por el otro lado, si son muy altas probablemente van a generar una insolvencia y una resignación forzada de recursos que no estarán disponibles para otras prioridades sociales.

Expuso que es mejor “establecer mecanismos de contribución definida y hacer esfuerzos reales y significativos para garantizar que a partir de ese esfuerzo surjan las mejores pensiones”.

Reforzó su idea explicando que “es más adecuado establecer algunas prestaciones, pero básicas con carácter de definidas como las que hoy día ya establecen el Pilar Solidario, pero en el esfuerzo de ahorro, lo que se financia con cotizaciones".

Recordó que "las pensiones van a ser finalmente las resultantes de las rentabilidades de largo plazo, de las densidades de cotizaciones, del esfuerzo del ahorro y cotización de las personas que finalmente hagan y de los aportes fiscales que el Estado realice”.

También ahondó que no cree que exista problema de establecer prestaciones básicas “y siempre el Estado esté en condiciones de satisfacerlas. Cuando ya eso genere una presión fiscal, es un pie forzado para las finanzas públicas que cuesta mucho después corregir y puede implicar una obligación al Estado de cumplir con algo dispuesto en la Constitución a sacrificar cuestiones que pueden ser tanto más prioritarias desde la perspectiva de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado con entusiasmarse en la definición de prestaciones definidas que en el largo plazo no podemos pagar”.