Durante cuatro meses la mesa técnica de pensiones trabajó para elaborar su segundo informe, el que fue entregado recientemente, de cara a la última milla de la tramitación de la reforma en el Senado.
El economista y coordinador de la instancia, Cristóbal Huneeus, representó la voz del Gobierno en la mesa y junto al Ejecutivo, participó en los cálculos y simulaciones requeridas por los técnicos.
En medio de las críticas surgidas contra el informe, el asesor del Ministerio del Trabajo defendió el documento y señaló que es solo un insumo para la negociación política.
“(En el préstamo) hay una garantía del Estado, en el sentido de que, si en algún minuto la plata que tiene el fondo no da para pagar los beneficios de ese mes, el Estado se pone con la diferencia”
“Este (el informe) es un insumo con sugerencias. El Ejecutivo es el que decide con los senadores cuáles toma y cuáles no”.
En entrevista con DF, explicó que el trabajo de la mesa se centró en los beneficios del nuevo sistema a objeto de mejorar las pensiones y la licitación del stock para elevar la competencia en la industria.
“Pero nos excedimos un poco del mandato y nos pronunciamos sobre dos temas relevantes: discutir acerca de la edad de jubilación, porque no podemos seguir en la situación actual, y hay que hablar sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SII), porque la tasa ha fluctuado y se requieren estudios para ver el impacto”, planteó.
- ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe?
- Tenemos dos grandes conclusiones. La primera es en la licitación del stock. Esta industria tiene una utilidad alta y hay que meterle más competencia, por lo que se perfeccionó el mecanismo de licitación que se estaba discutiendo. Antes se planteaba la licitación una vez al año por el 10% y recibimos muchos comentarios que decían que se fomentaba la colusión.
Entonces, lo que propusimos fue separarlo y hacerlo cada dos años. Además, introdujimos un premio y castigo por rentabilidades que no estaba. Ese es un cambio importante.
Otro cambio relevante es que, en la versión anterior, se seleccionaba el 10%, luego se mandaba un correo electrónico a las personas seleccionadas y si no hacían nada se quedaban adentro y si manifestaban una opción se sacaban. El problema que tenía es que aceptaban estar en una licitación sin saber qué precio iban a pagar y quién iba a administrar los ahorros.
Ahora, lo dimos vuelta. Propusimos hacer la licitación, y luego se selecciona para que cuando a las personas le llegue el correo sepan cuánto pagan ahora y cuánto pagarían si se cambian. Eso lo hace mucho más transparente.
- ¿Y la segunda conclusión?
- Son los beneficios. Consideramos que achicamos la cancha de discusión. No nos pidieron pronunciarnos sobre la distribución del 6% (de cotización extra), pero decimos calcular cuánto vale el bono tabla, introducimos el nuevo bono cuidado como otro mecanismo para solidaridad en el sistema de seguridad social, y en la garantía de UF 0,1 por año cotizado presentamos dos propuestas.
Una es más restrictiva para recibirlo, de 15 años cotizados para mujeres y 20 hombres, y otra de cinco años subiendo a diez años, que llega a más gente. Estimamos los costos, la implicancia fiscal, el impacto en las tasas de reemplazo, entre otras cosas.
- Pero sí hay simulaciones sobre cómo se distribuye el 6%...
- Hicimos dos simulaciones. Una, que es la base, con 3,5% a cuenta individual, 2% al préstamo y 0,5% al bono tabla. Y también hicimos una simulación de qué pasaría si en vez de ser 2% al préstamo, fuera 1,5% y, en ese caso, 4% iría a la cuenta individual y 0,5% al bono tabla.
- ¿El informe dejó más cerca o no un acuerdo político?
- El informe entrega insumos muy valiosos para la discusión que están teniendo los senadores con el Ejecutivo. Obviamente, no es vinculante y no cierra la discusión, porque puede haber otros escenarios que los senadores concuerden con el Ejecutivo, pero sí permite tener un orden de magnitud. Nosotros no queremos pretender que esta sea ‘la’ propuesta, para ninguno de los dos lados.
- ¿Qué falta entonces?
- Los detalles. A quiénes les van a llegar los beneficios. Ese es un punto importante y, por lo tanto, cuánto va a costar. Ahí es donde está hoy la conversación.
Las preocupaciones de Matthei
- ¿Qué le parecieron las preocupaciones que planteó Evelyn Matthei sobre el informe?
- Primero, valoro que haya leído el informe y se hiciera una opinión en base al análisis. Yendo al detalle, primero, aquí no hay deuda pública. El préstamo por ser préstamo no es deuda, sino un pasivo contingente del Estado. Segundo, como es un préstamo, no es reparto. Y, tercero, la preocupación de que esto sería una expropiación es un argumento que he escuchado muy poco, solo algunas AFP lo han mencionado.
- ¿No habría un problema de certeza jurídica en la licitación?
- Hablan de expropiación. Pero hay un informe en derecho de Mario Fernández que dice que si las AFP van al Ciadi por esto, no les iría bien con las reglas actuales. Ahora, obviamente ella puede tener una opinión distinta.
- Según ha trascendido, también le preocuparía el impacto fiscal y si la propuesta es financiable.
- En el informe hay una discusión bastante detallada de eso. Por eso me llama la atención que hable de ‘consecuencias no buscadas’, si el tema fiscal se aborda directamente y con transparencia. Es efectivo que en algunos escenarios el impacto fiscal es mucho mayor que en otro, pero la pregunta es qué es lo que se puede hacer. Y el informe da algunas luces, pero uno espera que esto salga de la negociación y la discusión política.
- Es parte de la negociación.
- El préstamo es transitorio y, por lo tanto, es el Fisco el que termina pagando todo esto en el largo plazo. Y lo más caro es la garantía. Por lo tanto, la discusión ahora es cuánto es lo que lo que estaría el Fisco dispuesto a comprometer. Para eso, hay que sopesar el nivel del beneficio y a quiénes les va a llegar, y eso tiene que ser consistente con el espacio fiscal.
- ¿Cómo va a funcionar el préstamo y cómo se garantiza que las personas reciban lo que prestaron?
- Es un préstamo que implica que, cuando me jubile, me lo van a devolver con la tasa de interés de mercado del instrumento, en el momento en que yo presté la plata. Hoy las AFP le prestan al Estado, porque compran instrumentos como BTU (bonos de Tesorería en UF), por el 20% de los ahorros de los chilenos y la tasa de mercado que están pagando hoy es 2,5%, y con eso fue hecha la simulación. Si la tasa sube, hay que pagar más, y si baja, será menor.
Y hay una garantía del Estado, en el sentido de que, si en algún minuto la plata que tiene el fondo no da para pagar los beneficios de ese mes, el Estado se pone con la diferencia. Así como hoy existe una garantía que da el Estado a la renta vitalicia, que no es del 100%, en este caso sería el mismo principio, pero por el 100% del monto. Entonces, es el Estado el que garantiza que cuando te jubiles, la plata que prestaste se te devuelva.
“Nos jugamos por la licitación”
- El informe se centró en analizar la licitación de stock. ¿La idea de separar las funciones de la industria ya quedó atrás?
- Nosotros no seguimos avanzando en la separación de la industria. Dado nuestro pronunciamiento en el primer informe, donde dijimos que nos vemos que haya economías de escala que justifiquen la separación, nos jugamos por la licitación.
- Este tema preocupa al oficialismo y la ministra Jara dijo que el Gobierno insistirá. ¿Qué le parece que esa discusión se mantenga?
- Este es un insumo con sugerencias. El Ejecutivo es el que decide con los senadores cuáles toma y cuáles no. Por ejemplo, la Comisión Marcel recomendó subir la jubilación y la Presidenta Bachelet dijo que no. La Comisión Bravo también hizo un montón de recomendaciones, pero cuando el Gobierno mandó el proyecto recogió algunas y otras las desechó. Entonces, no me sorprende que el mundo político decida una cosa distinta sopesando otras variables.
- ¿Entonces la sugerencia técnica es no separar la industria?
- En el primer informe dijimos que no vemos que haya economías de escala y, por lo tanto, recomendamos seguir con la licitación.
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