El Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal (PF) de Brasil están estrechando el cerco en torno al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en al menos seis frentes de operación criminal. Documentos anexados a las investigaciones revelan un foco sobre negocios ligados directa o indirectamente sobre el miembro del Partido de los Trabajadores (PT).
Una de esas acciones es un procedimiento Investigativo Criminal (PIC) abierto en el Distrito Federal, por supuesto tráfico de influencia internacional en favor de la compañía Odebrecht.
La “Operación Zelotes” investiga pagos recibido por Luis Cláudio, hijo del ex presidente, y la sospecha de que su ex jefe de gabinete, Gilberto Carvalho, posteriormente ministro de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Dilma Rousseff, haya realizado tráfico de influencia y corrupción con empresas del sector automotor.
Ya existe dentro de la “Operación Autolavado” la sospecha de que la nave sonda de Petrobras Vitoria 10000 habría sido entregada para la operación de Schahin sin una licitación y por intermediación del empresario ganadero José Carlos Bumlai, amigo de Lula. Como contrapartida, el banco Schahin habría resignado una deuda de 60 millones de reales de la campaña de Lula de 2006. El empresario habría solicitado 2 millones de reales al lobista Fernando “Baiano” Soares destinados a una nuera de Lula. Bumlai lo niega.
Movimientos anormales
La “Operación Autolavado” todavía está analizando los pagos de las empresas investigadas à LILS, constituida por Lula para recibir los cobros por sus presentaciones, y al Instituto Lula, entidad mantenida por el ex presidente “para el desarrollo nacional y la reducción de la desigualdad”.
Son cientos los informes que abordan las informaciones obtenidas durante las acciones de búsqueda y detención en inmuebles de personas y empresas investigadas.
El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) del Ministerio de Hacienda indentificó movimientos por cerca de 300 millones de reales considerados anormales, segun un reporte de la revista “Época”. El órgano analizó las transacciones bancarias de Lula y de los ex ministros Antônio Palocci (Hacienda), Erenice Guerra (Casa Civil) y Fernando Pimentel (Desarrollo), dijo la revista.
Dentro de la “Operación Zelotes” los investigadores ya llegaron a la “antesala” de Lula, como se señala en el reporte de análisis de actividades de lobistas y empresas con acceso directo al entonces jefe de gabinete Gilberto Carvalho, hombre de confianza de Lula.
El ex ministro es calificado como parte de una “colusión” para atender las demandas de automotrices en favor de un beneficio fiscal para el sector, dice la PF.
Los investigadores también sospechan que la empresa de Luis Cláudio, hijo de Lula, puede haber recibido 1,5 millón de reales en recursos cuya legalidad es puesta en duda por Zelotes. Luis Cláudio fue convocado a prestar declaración ante la PF esta semana. Se sospecha que los valores fueron entregados a su empresa LFT por la consultora Marcondes e Mautoni, señalada como el centro del supuesto esquema de corrupción para que el entonces presidente aprobara medidas provisoras sobre los beneficios tributarios.
Polémicas conferencias
A pesar de que de Lula no ha sido oficialmente investigado, su empresa LILS y el Instituto Lula, están bajo investigación por los pagos recibidos de parte de empresas acusadas por el MPF de integrar el cartel de millonarias licitaciones de Petrobras. El Instituto Lula recibió 3 millones de reales de Camargo Correa a título de “contribuciones y donaciones” y “bono electoral”, entre 2011 y 2013. A eso se suma 1,5 millón de reales pagados por la contratista a LILS. A pesar de que la documentación incautada de Camargo registra la salida de valores para donaciones y bono electoral, la contratista y el Instituto Lula aseguran que eran para el patrocinio de las conferencias realizadas por Lula en el extranjero.
El 15 de octubre, Lula prestó declaración voluntaria y reservada ante el MPF del Distrito Federal, entregando su versión sobre los hechos. La sospecha es que habría ejercido tráfico de influencias a nivel internacional en favor de Odebrecht. La contratista, descrita en la “Operación Autolavado” como el líder del supuesto cartel de Petrobras, pagó cerca de 4 millones de reales a Lula por diez presentaciones. El Tribunal de Cuentas de Unión cuestionó la legalidad de un crédito por US$ 750 millones concedido por el banco de fomento a Odebrecht.
Cúpula de constructora Mendes Júnior condenada a presidio por corrupción
El juez Sergio Moro, titular para la "Operación Autolavado" de la Justicia Federal de Paraná, condenó a la cúpula de la empresa Mendes Júnior a prisión por corrupción, asociación criminal y lavado de dinero en contratos de obras para Petrobras.
Sergio Cunha Mendes, ex vicepresidente de la contratista, fue condenado a 19 años y cuatro meses de reclusión, y el ex director de Petróleo y Gás, Rogério Cunha Mendes, recibió una sentencia de 17 años y cuatro meses de cárcel por los mismos delitos. Angelo Mendes y otros ejecutivos de la compañía también fueron condenados.
Según la denuncia, "Mendes Júnior y Consorcio CMMS simularon contratos de prestaciones de servicios con las empresas controladas por Alberto Youssef, Empreiteira Rigidez y GFD Investimentos, traspasándoles a ellas los recursos criminales obtenidos mediante un cartel y ajuste fraudulento de licitaciones. Los valores lavados eran destinados a la Dirección de Abastecimento, comandada por Paulo Roberto Costa".
La acusación también se refiere "a la presentación de documentos falsos por parte de Mendes Júnior en la 2014, como parte de la indagatoria de la Justicia Federal. Intimada la empresa por requerimiento para esclarecer sus relaciones con empresas controladas por Alberto Youssef, presentó contratos y notas fiscales fraudulentas, lo que configuraría un crimen de uso de documentos falsos en una investigación policial".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Brasil
