A una semana del plazo, Argentina queda aún más cerca del default

Malas noticias para Argentina: el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó ayer reponer el stay (la orden de no innovar) que el gobierno reclamaba para poder pagarles a los bonistas del canje mientras busca cómo solucionar el pago a los fondos buitre. Así, quedan apenas siete días para el país ingrese formalmente en default.

En la audiencia que se celebró ayer en Nueva York, Griesa volvió a quejarse del discurso del gobierno, al que acusó de tener una “retórica incendiaria”. Y, ante el pedido de los abogados de Argentina para que repusiera la medida cautelar que permitiría los pagos, respondió que no hace falta y les pidió tanto al gobierno como a los holdouts que continúen las negociaciones ante Daniel Pollack, el abogado al que designó como mediador.

Griesa, que reconoció que un default argentino sería “muy desafortunado” y que la situación ya ingresó en una etapa “decisiva”, pidió que las reuniones con Pollack sean “constantes” hasta que se llegue a un acuerdo. El mediador ya citó a las partes para hoy.

El lunes, junto con el nuevo pedido de reposición de la medida cautelar, el gobierno aceleró al mismo tiempo el proceso para, eventualmente, apurarse a pagar todos los vencimientos de bonos reestructurados que hay de aquí hasta fin de año.

El gobierno argumenta que no puede negociar hasta tanto no caiga la cláusula RUFO, que lo obliga a mejorarles la oferta a los tenedores de bonos reestructurados si voluntariamente le hace una oferta mejor a los que aún tienen los bonos defaulteados en 2001.

Default o cárcel


Ayer, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, apuntó que uno de los motivos por los que el gobierno estaría dispuesto a entrar en default -aunque sin reconocerlo- si el juez Griesa no reponía la medida cautelar ni habilita de algún modo el pago de los bonos reestructurados es que, de activarse la cláusula RUFO, la presidenta Cristina Fernández y sus ministros podrían sufrir “perjuicios notorios”.

Si se activa la cláusula RUFO se generarían demandas “de US$ 320 mil millones a US$ 500 mil millones por eventuales juicios contra Argentina y a su vez implicaría perjuicios notorios a los funcionarios, desde la Presidenta a cada uno de sus ministros”, afirmó Capitanich. Según especialistas, si efectivamente se generan esas demandas que abultarían la deuda, los involucrados podrían llegar a ir presos.

“Argentina paga, por lo tanto cumple con sus obligaciones, por lo tanto no hay opción de default técnico porque como deudor cumple sus obligaciones porque existe voluntad de pago”, dijo Capitanich.