Economista jefa del EBRD plantea que subsidiar los combustibles reduce los incentivos para ahorrar energía

En tiempos extraordinarios como los de guerra, pandemia y catástrofes naturales, todos los políticos implementan medidas extraordinarias para atenuar el impacto económico y social negativo sobre los ciudadanos de sus países, pero solo los mejores lo hacen pensando en el futuro y facilitando la creación de condiciones para la prosperidad a largo plazo. Como dijo la difunta Reina Isabel II, “lo que hacen los líderes por su gente hoy es gobierno y política, pero lo que hacen por la gente del mañana... eso es el arte de gobernar”.

Debido a las secuelas de la invasión rusa de Ucrania, muchos gobiernos actúan hoy como si también estuvieran en guerra, pero no hicieron caso del consejo implícito de la reina, porque el cortoplacismo se ha extendido demasiado en la toma de decisiones económicas.

Subsidiar los combustibles reduce los incentivos para ahorrar energía y distorsiona las señales de precios necesarias para que la economía sea menos intensiva en carbono.

El momento actual marca un fuerte contraste con el principio de 2021, cuando la mayoría de los gobiernos se centraba en crear resiliencia, prepararse para otra pandemia y retirar paulatina y cuidadosamente el apoyo financiero que habían brindado durante la crisis de la Covid-19. Evitar las tensiones excesivas sobre los presupuestos gubernamentales se había convertido en prioridad, junto con otros desafíos con plazos más largos, como la lucha contra el cambio climático. Pero eso parece haber ocurrido hace eones.

Es cierto, no perdimos de vista al cambio climático, y la crisis energética europea probablemente acelerará la transición verde en el continente cuando se destinen más inversiones a las energías renovables y resulte más fácil obtener permisos para construir una infraestructura energética más verde. Pero la escasez de gas natural también obligó a algunos países a recurrir al carbón y eso retrasó sus planes para eliminar gradualmente al combustible fósil más intensivo en carbono.

Ahora que el carbón es más barato que el gas natural, abandonar ese hábito se ha tornado mucho más difícil, pero si se implementan las políticas adecuadas, un avance más rápido en el futuro podría compensar este contratiempo. Además, nadie puede culpar a los gobiernos por ocuparse de proteger a los hogares en situación de inseguridad energética, considerando las circunstancias extraordinarias actuales.

Lo que resulta más difícil de entender es la decisión de muchos gobiernos de reducir los impuestos sobre la energía y los combustibles. La mayoría de los miembros del G7 (Canadá, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido) dieron ese paso, y en Europa central y oriental, donde los hogares fueron golpeados aún más duramente por el aumento de los costos de calefacción, las medidas similares son populares.

El problema, por supuesto, es que subsidiar los combustibles reduce los incentivos para ahorrar energía y distorsiona las señales de precios necesarias para que la economía sea menos intensiva en carbono. Además, es una carga mucho mayor sobre los presupuestos públicos cuando se la compara con las transferencias a los hogares vulnerables condicionadas a su situación económica. Pero los subsidios generalizados son más fáciles de implementar y más populares entre los votantes, algo que los políticos aprovecharon.

De manera similar, aunque son los hogares más pobres los que necesitan ayuda para lidiar con el rápido aumento de tasas de interés (algo que tomó por sorpresa incluso a muchos economistas), los gobiernos sienten la tentación de asistir a todo el mundo.

En vez de centrarse en quienes perdieron sus empleos o son incapaces de pagar sus deudas, están explorando intervenciones a escala mayor, que podrían beneficiarlos en las próximas elecciones.

El gobierno polaco, por ejemplo, introdujo una moratoria generalizada para los servicios de la deuda el 7 de julio de 2022, lo que permitió a todos los polacos con hipotecas sobre inmuebles de “uso propio” evitar los pagos durante ocho meses. El Banco Nacional de Polonia y la Asociación Polaca de Bancos estimaron que la política le costará al sector bancario entre US$ 4 mil millones y US$ 5 mil millones.

Este tipo de moratoria es extremadamente distorsiva, llega en respuesta a otra distorsión y se suma a ella: el exceso de liquidez en el sistema bancario llevó a que las tasas de depósito se mantuvieran en niveles bajos, así se creó la impresión de que los bancos están aumentando injustamente las tasas de interés de las hipotecas y otros créditos. Aunque la moratoria es particularmente costosa para el sector bancario en el corto plazo, sus consecuencias serán más amplias.

En primer lugar, se trata de una política extremadamente regresiva que beneficiará desproporcionadamente a los propietarios de inmuebles más grandes. También puede debilitar el mecanismo de transmisión de la política monetaria, atenuando el efecto de las mayores tasas de interés sobre la actividad económica y obligando al Banco Central a elevarlas aún más en el futuro para conseguir el mismo efecto.

Y, debido a que genera expectativas de que el gobierno anuncie vacaciones para la deuda cada vez que haya una sorpresa, introduce el riesgo moral. En ese caso, es probable que los bancos aumenten el costo de sus créditos para incluir en los precios la probabilidad de una moratoria futura.

Una medida mucho más barata y sensata es el “Fondo de Apoyo a los Deudores” que Polonia también amplió en 2022 para brindar apoyo a quienes perdieron sus empleos y cuyos costos hipotecarios superan el 50% del ingreso mensual del hogar. El fondo se financió con aportes de los bancos cercanos a los US$ 400 millones.

Si amplían su cobertura a más hogares que la necesitan, los responsables de las políticas podrían evitar muchas de las distorsiones que mencionamos antes y seguir protegiendo a los más vulnerables. Por supuesto, es posible que ese enfoque no genere un resultado tan significativo para el gobierno cuando lleguen las elecciones.

A esta altura se ha discutido tanto sobre “la nueva normalidad” que algunos encargados de diseñar las políticas olvidaron la economía básica. Se autoconvencieron de que es posible aumentar el gasto público sin decidir cómo pagarlo ni tener que preocuparse por las señales que envían a los mercados; o que las bajas tasas de interés traerán consigo una menor inflación (como parece creer el presidente de Turquía); o que los controles de precios no generan escasez. Pero así como no podemos eliminar la gravedad con solo desearlo, tampoco podemos escapar de las leyes de la economía... tarde o temprano llegará la hora de la verdad.

La ironía es que Ucrania -el país que verdaderamente está en guerra- siguió enfocándose en su futuro a largo plazo. Hasta hace poco seguía pagando su deuda externa y luego solicitó una reprogramación para evitar la cesación de pagos y todas las consecuencias a largo plazo que eso conllevaría. También prepara ya planes para su reconstrucción, aun cuando nadie sabe cuándo terminará la guerra.

Ucrania sabe qué es una economía de tiempos de guerra. Quienes no están en guerra y sin embargo pierden de vista el futuro debieran avergonzarse de ello.