El Mercosur y sus países asociados
expresaron hoy su "firme repudio" a la "discriminación" que supone
la directiva de la Unión Europea (UE) de retorno de inmigrantes en
situación irregular que aprobó esta semana el Parlamento del bloque.
"Los gobiernos de los Estados parte y asociados del Mercosur
lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la
directiva 'de retorno'", señaló un comunicado de la Cancillería de
Argentina, que ejerce la presidencia temporal del bloque
suramericano.
En tanto, fuentes diplomáticas argentinas consultadas por Efe
dieron por descontado que la medida de la UE será parte del debate
de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se llevará a cabo
el 1 de julio próximo en ciudad argentina de Tucumán (norte).
El Mercosur está formado por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, mientras que Venezuela está en proceso de convertirse en
miembro pleno y los países asociados son Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú.
En su declaración, las diez naciones suramericanas reafirmaron su
"firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los
derechos humanos de las personas migrantes y sus familias,
independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen
étnico, género o edad".
Además, destacaron "la necesidad de reconocer el principio de
corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de
los flujos migratorios", según el comunicado de la Cancillería de
Argentina.
"Los mencionados principios -en los que se respalda su política
migratoria- tienen correlato en la normativa adoptada en el
Mercosur, que rechaza el tratamiento de la irregularidad migratoria
como un hecho punible", concluyeron.
El presidente de turno del Consejo Europeo, el primer ministro
esloveno, Janez Jansa, ha atribuido hoy desde Bruselas a un posible
desconocimiento de la normativa europea sobre inmigrantes
irregulares las reacciones contrarias surgidas en Latinoamérica y
África.
La norma fue aprobada el pasado miércoles por el Parlamento
Europeo tras haber logrado el respaldo unánime de los 27 gobiernos
de la UE, y entrará en vigor dentro de dos años.
Entre otras cosas, la medida permite internar a los
indocumentados hasta por 6 meses, ampliables a 18 si hay problemas
para identificarlos.