El famoso sistema de pensiones privadas de US$ 200 mil millones de Chile ha servido como modelo para docenas de mercados emergentes desde que se introdujo en la década de 1980. Ahora, enfrenta una crisis existencial a medida que el apoyo público al modelo se desvanece y los políticos populistas permiten que los ahorradores retiren fondos durante la crisis del coronavirus.
La Cámara Baja del Congreso votó para permitir que los chilenos retiren otro 10% de sus fondos de pensiones la semana pasada, luego de una medida similar en julio que provocó retiros de unos US$ 17 mil millones.
El Congreso aún podría aprobar un tercer retiro el próximo año, poniendo en riesgo un conjunto de ahorros que ha impulsado el crecimiento de los mercados de capitales de Chile y poniendo en peligro los rendimientos futuros.
Los inversionistas están cada vez más preocupados porque el famoso modelo económico del país, que ha impulsado décadas de crecimiento constante, se está desintegrando.
"Chile es un país en América Latina pero no es un país latinoamericano, porque no (ha habido) ataques a los inversionistas ni políticas económicas locas. Esto es exactamente lo que está en riesgo ahora", dijo un ejecutivo senior de la industria de pensiones familiarizado con el mercado chileno.
Desde el estallido de violentas protestas a fines del año pasado exigiendo una mayor igualdad en Chile -con pagos de pensiones inadecuados como una manzana de la discordia- el gobierno proempresarial del Presidente Sebastián Piñera "ha presidido una degradación de la calidad institucional de tal magnitud que nos preguntamos qué será el futuro", agregó el ejecutivo.
Pocos negarían que el sistema de pensiones de Chile necesita una reforma.
Establecido hace casi 40 años durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, el modelo de contribución definida de Chile fue el primer sistema de pensiones totalmente privado en el mundo. Fue ampliamente elogiado por instituciones como el Banco Mundial y considerado una parte clave de la historia de éxito económico de Chile.
Pero los problemas con el modelo se han vuelto más evidentes en los últimos años. La tasa de cotización del 10% es baja y la pagan los trabajadores en su totalidad, sin nada de los empleadores excepto el seguro por discapacidad. Si bien el número de años de contribuciones varía entre las personas, generalmente se considera que no es lo suficientemente largo. El resultado es que alrededor del 80% de los pensionistas reciben menos del salario mínimo.
La industria de las pensiones privadas cree que se está convirtiendo en el chivo expiatorio de una falla del gobierno para hacer que los empleadores contribuyan con su parte justa.
En un plebiscito el mes pasado, los chilenos votaron para reemplazar la Constitución de la era de la dictadura del país con una nueva Carta, que probablemente lleve a un mayor papel del Estado en la economía. El gobierno ha elaborado generosos paquetes de gasto fiscal que ascienden a aproximadamente el 12% del PIB desde el brote de la pandemia, pero los críticos dicen que esto todavía no es suficiente para curar el daño económico y evitar que la gente haga retiros anticipados.
"Nadie cree que sea óptimo enfrentar la crisis con dinero de las pensiones", dijo Maite Orsini, legisladora de la oposición de izquierda. "Aun así, las familias chilenas todavía necesitan dinero para llegar a fin de mes... No tenemos otra opción".
"Hay dos formas de ver esto", dijo Andras Uthoff, experto en pensiones en Santiago. "Si nos fijamos en las personas más necesitadas que no pueden mantenerse a sí mismas, dado que el gobierno ha sido muy mezquino en términos de política de protección social (durante la crisis del coronavirus), sería razonable aceptar el retiro. Pero en términos del sistema de pensiones, es una muy mala idea".
A muchos les preocupa que al agotar los recursos de los fondos de pensiones ahora, el Estado eventualmente se verá obligado a tomar el relevo y destinar más recursos al sistema de pensiones de Chile. Eso podría plantear el fantasma de un deterioro permanente de las finanzas públicas, como ha sucedido en Brasil. Algunos creen que esta es la agenda encubierta de la izquierda chilena: reemplazar el sistema privado por un modelo totalmente financiado por el Estado.
El gobierno de Chile gasta menos del 3% del PIB en pensiones, en comparación con un promedio del 8% en la OCDE. Pero los críticos de los nuevos retiros argumentan que sacar hasta una quinta parte de los activos del sistema para gastar ahora solo lo debilitará aún más.
"Efectivamente lo que están haciendo hoy significa menores pensiones en el futuro", dijo Fernando Larraín, director general de la Asociación de Administradoras Fondos de Pensiones. Dijo que le preocupaba que el segundo retiro de las pensiones pusiera a más de 4 millones de personas -o casi la mitad de los 10 a 11 millones de contribuyentes del sistema- en una situación crítica.
"Estas personas no tendrán fondos y son predominantemente jóvenes y mujeres", agregó.
Uno de los mayores problemas es que hay poco consenso sobre cómo reformar el sistema de pensiones de Chile, según Andrés Solimano, economista y exdirector de país del Banco Mundial en Santiago. Dijo que esto se vio agravado por una crisis de legitimidad del sistema político reflejada en el impulso de una nueva Constitución.
"No tiene sentido decidir hoy sobre un nuevo sistema de pensiones para los próximos 30 años. Ahora no es el momento de emprender una reforma estructural", dijo, sugiriendo que se podría incluir una pregunta sobre la reforma de las pensiones en las elecciones para elaborar una asamblea constitucional en abril.
En la balanza hay una gran cantidad de pensiones que algunos temen que sea un premio atractivo para los políticos populistas que tienen los ojos puestos en las elecciones presidenciales del próximo año.
"Hay una falta de liderazgo por parte del gobierno", advirtió otro ejecutivo de la industria. "No están protegiendo lo que hizo exitosa la economía chilena y están siendo liderados por el populismo. Están hipotecando el futuro de Chile".
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AFP
