La oficina del fiscal general de México pidió a la Corte Suprema que resuelva sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en junio en varios estados del país que permiten a sus gobernadores salientes evitar sanciones por delitos de corrupción, que han sido calificadas como “paquetes de impunidad”. Los casos involucran a gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en regiones en las que perdió ante la oposición en las elecciones del 5 de junio. Estos intentos reflejan los desafíos que afrontan las instituciones nacionales para implementar medidas anti corrupción, aunque la solicitud del fiscal general sugiere que, al menos, existe un nuevo énfasis en combatir estas prácticas, en parte como una respuesta a la reciente ola de indignación pública por estos denominados paquetes de impunidad.
La fiscalía general argumenta que las medidas implementadas en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua —donde las autoridades salientes, todas del partido gobernante, fueron derrotadas por candidatos de la oposición que hicieron campaña precisamente sobre una plataforma anti corrupción— violan un nuevo sistema federal anti corrupción implementado el 18 de julio. Sin embargo, aunque van contra su espíritu, en la práctica no son ilegales. Esto ilustra que, pese a representar un significativo avance, el nuevo sistema no es suficiente.
Leyes a la medida
Tras la derrota de su partido, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, designó a un grupo de sus colaboradores más cercanos en cargos clave dentro de las instituciones judiciales y anti corrupción del estado. Las medidas incluyeron la creación de una nueva procuraduría general para reemplazar al fiscal del estado; una nueva contraloría, tres nuevos puestos para jueces en tribunales administrativos y otros tres magistrados en la Corte Suprema del estado. También consiguió un nuevo préstamo para la municipalidad de Solidaridad, que ya registraba la mayor deuda pública per cápita del estado, y era encabezada por el candidato a gobernador del partido que fue derrotado. Además, se modificó la ley para proporcionarle una amplia protección de seguridad a Borge y a su familia durante quince años.
El saliente gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aplicó medidas similares y modificó el estatus de algunos funcionarios de alto rango de modo que no puedan ser removidos de sus funciones y adelantó la fecha de revisión de las cuentas públicas del estado para que pudieran ser aprobadas antes de su salida.
Estas prácticas son facilitadas por la falta de controles y contrapesos efectivos entre el gobierno federal y los estados. En Quintana Roo las medidas fueron aprobadas en tres sesiones extraordinarias del congreso local, donde la oposición tenía sólo cuatro de los 25 escaños, En Veracruz, fue el predomino del PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el congreso —donde tienen 32 de los 50 cupos—, lo que permitió a Duarte aprobar su legislación. Hay que destacar que cuando comience la nueva legislatura, en septiembre, ningún partido contará con una mayoría aplastante. En Quintana Roo, el PRI y PVEM seguirán dominando el congreso, con trece asientos, pero no tendrán suficientes votos como para alcanzar mayoría calificada para modificar la constitución del estado y designar ciertos cargos.
Largo trecho por delante
Pese a los avances, persiste el hecho de que las leyes e instituciones anti corrupción no conducirán a un combate efectivo contra estas faltas. Aún antes del nuevo sistema ya existían medidas y herramientas anti corrupción consideradas adecuadas por los organismos internacionales como Transparencia International. Pero hasta ahora muy pocas autoridades han sido procesadas y castigadas por estas prácticas, lo que sugiere que el principal problema es su implementación, más que su diseño.
Durante la actual administración, dos ex gobernadores han sido arrestados y se mantienen en la cárcel: Andrés Granier (Tabasco, 2006-12) y Jesús Reyna (Michoacán, 2013), este último por vínculos con el narcotráfico. Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes, 2004–10), del PAN, fue arrestado en 2014, pero fue luego liberado bajo fianza. Otros, como Humberto Moreira (Coahuila 2005-11) y Rodrigo Medina (Nuevo León, 2009-15) han escapado a la justicia en México pero han sido investigados en España y EEUU respectivamente por cargos de lavado de dinero. Fidel Herrera (Veracruz, 2004-10), es investigado por posibles lazos con narcotraficantes. Pero los gobernadores del PRI no son los únicos; Guillermo Padrés (Sonora, 2009-15), del PAN, afronta cargos por malversación de fondos públicos, mientras que Ángel Aguirre (Guerrero, 2011-14), del PRD enfrenta denuncias por corrupción y asignación directa de contratos públicos. Tanto Padrés como Aguirre están bajo investigaciones federales, aunque todavía no se han presentado cargos en su contra oficialmente. Mientras tanto, los dos ex gobernadores, Tomás Yarrington (1999-2005) y Eugenio Hernández (2005-10) de Tamaulipas, están afrontando pedidos de extradición por parte de fiscales en EEUU.
Marco insuficiente
El nuevo sistema federal anti corrupción sugiere cierto grado de reconocimiento por parte del gobierno federal acerca de la magnitud del problema. Pero por sí solo, el nuevo marco va a ser insuficiente para abordar la situación, que refleja una débil implementación por parte de instituciones débiles. Las ineficientes instituciones judiciales del país son incapaces de garantizar las sanciones administrativas y criminales cuando son las autoridades las que cometen los delitos, incluso aunque el contralor federal, las organizaciones de la sociedad civil, o el periodismo de investigación hayan proporcionado suficiente evidencia de las faltas.
Sin la implementación adecuada y los controles y resguardos políticos, las agencias públicas que lidian con la corrupción seguirán siendo incapaces de operar de manera independiente y por lo tanto serán ineficaces. Por lo tanto, pese a las expectativas, el nuevo sistema anti corrupción podría no ser capaz de desmantelar los grandes intereses o convertirse en un disuasivo para los potenciales infractores.
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