Duro legado de la guerra vuelve a dividir a Bosnia y Herzegovina

Mladen Ivanic, miembro serbiobosnio de la presidencia de Bosnia y Herzegovina (BH), ha dicho que los resultados del censo nacional, entregado el 30 de junio, son incorrectos y ha advertido que él dejará de respaldar las decisiones de la presidencia sobre temas importantes en protesta por la publicación del reporte. Las declaraciones de Ivanic hicieron eco entre oficiales de Republika Srpska (RS), la entidad serbobosnia de la presidencia, quienes han dicho que los hallazgos dados a conocer por la Agencia Nacional de Estadísticas (BiHAS) son “inaceptables” y han instruido al Instituto Estadístico de RS para que publique los resultados según su propia metodología. El censo de octubre de 2013 fue el primero desde 1991 –antes de que la guerra de 1992 a 1995 causara una enorme pérdida de vidas y una masiva migración de personas– y volvió a elevar la tensión entre las comunidades musulmana (Bosniak), serbo-bosnia y croata-bosnia.

Los intentos de hacer un censo en 2011 –en conjunto con la mayoría de los países miembros y aspirantes a la Unión Europea- terminaron en fracaso cuando los políticos de BH no lograron concordar una metodología. Requirió dos años de negociaciones que involucraron presión de la Unión Europea y asistencia técnica de Eurostat para que el controversial censo pudiera realizarse. Realizar el censo urgía desde hacía largo tiempo, principalmente porque la constitución consagrada en el acuerdo de paz de Dayton en 1995 dispone cuotas étnicas en la distribución de muchos cargos públicos. El registro de 1991, usado para la distribución de puestos, había quedado desactualizado tras la guerra, en la que cerca de 100.000 personas murieron y 2,2 millones (de una población previa de 4,4 millones) se habían convertido en refugiados o se habían desplazado internamente.

Por un tiempo, en la década tras el fin de la guerra, el uso del padrón de 1991 ayudó a promover el retorno de los refugiados, que se sentían más seguros volviendo a sus hogares si las autoridades locales de su mismo origen étnico eran nombradas en puestos importantes en esas localidades. Sin embargo, a medida que el proceso de retorno se desaceleraba y el país comenzaba a prepararse para una mayor integración con la Unión Europea, la necesidad de un censo actualizado se volvía más urgente. Ello quedó de manifiesto en 2008, en la firma del acuerdo de estabilización y asociación (SAA) con la Unión Europea, que requería que Bosnia y Herzegovina adoptara los estándares del bloque en la esfera pública. Sin embargo, las disputas sobre la metodología –centradas en los dos temas de cómo se definía la etnia de un individuo y su estatus de residencia– retrasó el censo hasta 2013 y resurgieron rápidamente poco después.

Demoras en publicación

Para evitar que la controversia volviera tóxico el entorno político, se decidió posponer la publicación de los resultados del censo hasta después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014. Las conversaciones subsiguientes, que apuntaban a acordar una metodología, no lograron reducir la brecha: el mayor problema involucraba a los refugiados y las personas desplazadas, quienes habían mantenido su status de residencia permanente en sus localidades pre-guerra, pero no habían vuelto a vivir ahí. Según diferentes definiciones, esto podría representar entre 40.000 y 120.000 personas, principalmente bosniaks, en la RS.

La ley del censo determinaba el 1 de julio de 2016 como plazo límite para la publicación de los resultados y, pese a un aparente acuerdo entre los políticos para otra postergación hasta después de las elecciones de autoridades locales, en octubre, el reporte final fue publicado por BiHAS el 30 de junio. El informe fue aceptado por el gobierno y la oficina estadística de la entidad principal del país, la Federación Croata Bosnia-Bosniak, pero generó una respuesta hostil de las autoridades serbo-bosnias de de RS, que dijeron que el Instituto Estadístico de RS publicaría sus propios hallazgos basados en una metodología distinta.

Efecto duradero de la guerra

La información del censo entregada por BiHAS refleja las consecuencias catastróficas de la guerra y las condiciones caóticas del período inmediatamente posterior a la guerra sobre la población. El tamaño de la población de residentes permanentes bajó a 3.531.159, casi 850.000 menos desde 1991. Del número total, 62,85% vive en la Federación, 34,79% en la RS y 2,37% en el distrito auto-gobernado de Brcko.

Según el registro, 50,11% de la población se declaraba a sí misma bosniak (un aumento en comparación con el 43,47% de 1991, cuando se clasificaban como “musulmanes por nacionalidad”), 30,78% como Serbios (una baja desde 31,21%) y 14,43% como croatas (una caída desde 17,38%).

El conteo de población también muestra que las dos entidades mayormente autónomas están dominadas por mayorías de grupos nacionales. La población de la Federación incluye a un 74% de bosniaks, 22,4% de croatas y 3,6% de serbios; la población de RS consiste en 81,51% de serbios, 13,99% bosniaks y 2,41% croatas.

Exacerbarán la tensión política

La publicación de los resultados del censo y la decisión de las autoridades de RS de publicar un informe separado con una metodología diferente pondrá aún más tensión para la estabilidad política del país. Los partidos políticos que representan a las poblaciones constituyentes explotarán el conteo para sus propios objetivos, especialmente durante el tenso período previo a las elecciones locales.

La confrontación probablemente persistirá y posiblemente se profundizará tras las elecciones de octubre, pues el presidente de RS, Milorad Dodik, ha dicho en varias ocasiones que una vez que los resultados del censo de 2013 muestren la nueva realidad, su gobierno introducirá medidas unilaterales para cambiar la distribución étnica de puestos en las instituciones públicas. La medida, particularmente si se basa en los hallazgos controversiales del Instituto Estadístico de RS, probablemente debilitarán la ya precaria estabilidad política de Bosnia Herzegovina y bloquearán el progreso hacia la integración del país con la Unión Europea.