El mes de tregua que los productores agropecuarios
argentinos dieron al gobierno de Cristina Fernández tras una huelga de 21 días
se ha convertido en una incómoda cuenta atrás en la que la tensión va en
aumento a medida que pasa el tiempo sin que se concreten fechas para la
negociación.
Las principales asociaciones del campo ya han solicitado una reunión urgente a
la presidenta, que, según medios locales, de momento dejará las conversaciones
en manos de los técnicos y no se sentará con los productores.
Una de las organizaciones implicadas en el conflicto, la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), lanzó el martes un ultimátum para
que se defina un calendario de negociaciones en un máximo de 48 horas.
Así, se vuelve a enrarecer la relación con el sector sólo una semana después de
que finalizara la huelga de 21 días que secundaron 290.000 productores como
rechazo al aumento de los impuestos a la exportación de granos y a regulaciones
gubernamentales.
Los huelguistas además llevaron a cabo cortes de carreteras que provocaron
desabastecimiento en algunas grandes ciudades.
Desde el campo alertan que si transcurre el mes de tregua sin una solución
satisfactoria volverán a parar, y que si lo hacen, endurecerán sus métodos.
"Lo que la gente está buscando, porque está muy dolida, es que la
presidenta se vaya", aseguró a Efe Federico Murrié, administrador de la
empresa Los Grobos, dirigida por el empresario Gustavo Grobocopatel y que con 600.000 hectáreas
de cultivos es uno de las mayores productoras de soja del país.
Murrié explicó que los productores agrarios están "dolidos" con un
gobierno "que lleva cinco o seis años" -en alusión al mandato de
Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández- y nunca ha escuchado sus
reclamos.
Por eso, indicó, la subida de las retenciones a las exportaciones, que pasaron
del 35 al 44 por ciento, fue sólo la chispa que encendió la llama en un campo
que se acababa de recuperar de la crisis económica de 2001 gracias, sobre todo,
a la soja, de la que Argentina es el tercer exportador mundial.
El año pasado se cosecharon 15,9 millones de hectáreas de la oleaginosa, frente
a 5,5 millones de trigo y 2,8 de maíz, que hasta hace poco eran los pilares de
la producción agrícola del país.
Para Murrié, ésa es la clave de la cuestión y el motivo que llevó al ministro
de Economía, Martín Lousteau, a decretar el alza de los impuestos: "el
gobierno tiene miedo de quedarse sin trigo y maíz para el consumo interno y que
falte el pan en las ciudades", apuntó.
Sin embargo, a su juicio no hay peligro de una "sojización" del país.
El riesgo, según Murrié, es que el incremento de los impuestos decretado por el
Gobierno lleve a los agricultores a replantearse la rentabilidad del cultivo de
soja y acabe con una de las principales fuentes de ingresos del Estado.
Esta circunstancia ya está empezando a darse en algunos lugares, dijo, ya que
existen campos donde se producen 2.500 kilogramos
de soja en la cosecha cuyo valor en el mercado se va en el pago de
arrendamiento e insumos, sin que quede margen de beneficio y con gran riesgo de
pérdidas.
"La soja no es como dijo Cristina, dos 'yuyos' -hierbas- que se echan al
campo y se dejan crecer", afirmó, sino que se trata de una planta muy
sensible al ataque de insectos y que, si bien es más dura que el maíz, necesita
muchos cuidados.
Por eso, insistió, si se mantienen las nuevas retenciones los productores
dejarán de sembrar soja y volverán al trigo y al maíz, que es más difícil de
exportar.
"El mundo no quiere trigo o maíz. Quiere soja y hay que darle soja",
aseveró Murrié.
Para dar carpetazo al conflicto con el campo, Murrié planteó una reducción de
impuestos y la creación de una industria transformadora que permita dar un
valor añadido a la producción, ya que actualmente la mayoría de las
exportaciones son de grano sin procesar.
Mientras el gobierno y las organizaciones agrarias tratan de llegar a un
acuerdo, los productores insisten en que no están dispuestos a dejar pasar la
crisis sin más, y en esto Murrié es tajante: "volveremos al paro".