Grecia: Syriza planea recortar al máximo la deuda

"A partir del lunes…". Ésa es la coletilla que más ha usado Alexis Tsipras, vencedor de los comicios de ayer en Grecia, en sus últimas intervenciones. El líder de Syriza trataba así de bosquejar un panorama en el que la transformación económica y social llega de inmediato, como llovida. La expectativa del cambio en la que han creído mayoritariamente los griegos echa a andar hoy, en efecto, pero no es ni mucho menos un paseo, sino más bien una maratón, montuosa y escarpada.

El nuevo Gobierno heleno que forme Tsipras habrá de hacer frente a una retahíla de retos económicos, cada cual más duro. Las cifras que hereda el líder de Syriza son desoladoras. La principal y peor de todas es una deuda pública equivalente al 176% del PIB (en 2010 era del 130%). Y los países que la sostienen se juegan también unas voluminosas pérdidas, en caso de quiebra total.

La deuda pública griega asciende a 315.509 millones de euros. El 81% de esa cantidad, 257.500 millones, está en manos de los socios europeos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), todos ellos acreedores públicos. España acapara 32.744 millones.

La prioridad del futuro Gobierno heleno será renegociar el repago de los bonos. Syriza se pone de plazo hasta verano para que la premura no juegue en favor de los llamados halcones del euro. Fuentes de la Coalición de Izquierda Radical aseguraron ayer a este diario: «Demandamos una negociación fuerte, para poder aligerar el valor nominal de la deuda, de manera que se vuelva sostenible, en el contexto de una Conferencia Europea de la Deuda».

Es decir, un Ejecutivo de Tsipras pediría una condonación, una quita. «Se hizo para Alemania en 1953; también puede hacerse para el Sur de Europa y Grecia», añadieron. Pero como aferrarse a esto significaría cerrarse en banda, las fuentes de Syriza apostillaron: «No tenemos intención de tomar decisiones unilaterales». Leyendo entre líneas, esto quiere decir que es difícil que no haya acuerdo.

Pero la deuda no es sino el primer eslabón de la cadena. La metástasis de la depresión griega se ha vuelto casi ubicua. Desde que se inició el rescate heleno en 2010, el PIB del país se ha hundido más de un 25%. La tasa de paro es más alta aún que la de España: 27,4% frente a 26,7%, en noviembre, según Eurostat. En el caso de las mujeres supera de nuevo el 30% (31,4%) y entre los menores de 25 años se dispara hasta el 54,8%.

Así que Grecia necesita crecer, cuanto antes. Para crear empleo y para pagar la deuda. Tsipras ha prometido un programa keynesiano de inversiones de 4.000 millones de euros (más de un 2% del PIB) con el que se crearían 300.000 empleos. Más complicado es crecer tanto como para poder pagar los intereses de la deuda. El economista griego Costas Azariadis, profesor de Economía de la Universidad de Washington, asegura que este escenario «parece casi imposible, porque las matemáticas simplemente no cuadran. La deuda es del 176% del PIB y la renta nacional se mantiene plana».

¿Qué quiere decir esto? «Que el crecimiento del PIB debería elevarse al 4% al menos y los intereses de la deuda, bajar al 2% o menos [ahora están en el 2,4%, de media]», agrega Azariadis. Un escenario cuando menos difícil, aunque las principales casas de análisis prevén que Grecia vuelva a crecer por encima del 2% los próximos años.

Grecia también está sumida en una profunda deflación, desde febrero de 2014. En diciembre los precios de consumo cayeron un 2,6% interanual y un 0,5% con respecto a noviembre. El abaratamiento medio en los doce meses del pasado año fue del 1,3%, según la oficina estadística griega, Elsat. Este efecto, sin embargo, ayuda a que el PIB real crezca. En el tercer trimestre el avance de la economía helena fue del 0,7%, y los analistas esperan que el año se cierre en el 0,6%, la primera subida desde 2007.

Más datos que sintetizan la penuria griega: los ingresos medios anuales de los ciudadanos se han desplomado un tercio desde 2010 y las pensiones se han recortado con recurrencia, al tiempo que los impuestos se han incrementado sin piedad (el IVA llega al 23%). Además, la producción industrial –ya de por sí escasa en este país– se ha hundido un 30%.

El aroma a quiebra que desprende el país impregna todos los pilares de la economía, pero quizás el más sangrante es lo que las ONG llaman «crisis humanitaria». Nada menos que el 34,4% de los hogares vive con menos de 10.000 euros al año, lo que lo sitúa por debajo del umbral de pobreza. Además, en un país con una tasa de desempleo desorbitada, sólo el 8,9% cobra subsidio por paro. Los que trabajan no se libran: unos 850.000 empleados tienen que esperar hasta 12 meses para cobrar su salario, según el sindicato del sector privado.

Para este reto, Syriza ha propuesto «subsidiar la alimentación de 300.000 familias sin ingresos», con la ayuda de la Iglesia ortodoxa (muy influyente en Grecia) y de las ONG. Además, se subvencionarán 30.000 viviendas con 3 euros por metro cuadrado, así como el transporte y la electricidad, también de las pymes.

La lucha contra la corrupción es otro de los puntos calientes de Grecia, un país con una alta tasa de informalidad y evasión fiscal. La economía sumergida es de nada menos que el 30% del PIB. Si se acabara con ella, las arcas del Estado ingresarían cada año 20.000 millones de euros más, más del 10% del PIB, y suficientes para atajar el déficit fiscal en dos años. «Es un problema estructural y profundamente arraigado, endémico», acota Azariadis. «La corrupción ahogó la inversión y el crecimiento, pero pocas personas han sido encarceladas o castigadas», se queja. Por ahora Syriza ha prometido más transparencia y controles, así como que los 2.000 griegos que han evadido impuestos en Suiza –según la lista Lagarde– pagarán.

Por último, la consolidación fiscal ha dejado de ser una patata caliente. Tsipras aseguró el viernes que cumplirá con la disciplina presupuestaria, como le pide a Grecia la Comisión Europea, pero no con las contrapartidas de austeridad: «Reconocemos nuestras obligaciones frente a las instituciones europeas y los tratados europeos. Estos tratados prevén unos objetivos fiscales que deben respetarse, pero no las medidas para conseguirlos».