ajo el gobierno del incontinentemente mendaz presidente Donald J. Trump, todos deberían preocuparse por la integridad de las estadísticas oficiales de Estados Unidos. También hay muchas otras cosas de las que preocuparse bajo Trump, en particular el destino de la democracia en Estados Unidos. Pero sin datos oficiales creíbles, no puede haber auténtica rendición de cuentas, y sin ella, tampoco democracia.
Piénsese en los datos de pobreza en Estados Unidos publicados por el gobierno de Trump. Parece que los números de base producidos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos están (hasta ahora) intactos, pero hubo un frenesí de interpretaciones erradas que superan el maquillaje partidista habitual.
A los comentaristas de derecha les gusta citar la afirmación de Ronald Reagan en 1988, cuando dijo que en la guerra contra la pobreza declarada por Lyndon B. Johnson en 1964, ganó la pobreza. Esa afirmación se condice con las estimaciones de pobreza oficiales, cuya metodología no se actualiza desde los 60.
Como esa metodología no tiene en cuenta la situación impositiva de las personas y programas como los vales para alimentos, tampoco tiene en cuenta sus efectos, sin importar su eficacia en la reducción de necesidades. Una falencia estadística tan reconocida es una invitación a que los comentaristas llenen el vacío con prejuicios (como hizo Reagan).
Más cerca en el tiempo, el Consejo de Asesores Económicos de Trump afirmó (en un informe publicado en julio) que gracias a la red de seguridad estadounidense, la guerra contra la pobreza “está en gran medida ganada, y es un éxito”. Este argumento depende de abandonar las métricas tradicionales, que miden el ingreso, para usar en cambio el consumo.
Aunque puede haber razones para considerar que el consumo es mejor que los ingresos como medida de bienestar, no está clara la representación de los más pobres en una encuesta tediosa e invasiva a la que el 40% de los encuestados no responden. Todavía más preocupante es la “corrección” (esencialmente arbitraria) al índice de precios al consumidor (IPC), que reduce la línea de pobreza de modo que quedan menos personas debajo de ella.
Un caso más flagrante de manipulación de datos tiene que ver con un informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Por invitación del gobierno de los Estados Unidos, el relator especial, Philip Alston, examinó la pobreza extrema en el país y presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.
La lectura de los resultados es espantosa. Como ejemplos de pobreza extrema en partes de Estados Unidos, el informe incluye campamentos de tiendas en las calles de Los Ángeles, patios bañados en aguas residuales no tratadas, porque las autoridades locales se niegan a suministrar los correspondientes servicios, y el uso extendido de multas y confiscaciones contra personas pobres como forma de recaudación de ingresos de los gobiernos de muchos pueblos y ciudades.
En un artículo que salió en enero de 2018 en el New York Times, observé que el Banco Mundial ahora publica estimaciones de la pobreza mundial que incluyen a los países ricos, según las cuales, en Estados Unidos hay 5,3 millones de personas que viven con menos del equivalente de la línea mundial de pobreza.
En mi argumento, usé un valor de cuatro dólares por persona por día en los países ricos como aproximadamente equivalente a la línea mundial de pobreza de dos dólares usada para los países pobres. En Estados Unidos hay más “pobres globales” que en Sierra Leona o Nepal; y las tasas de pobreza en Estados Unidos y China son similares, pese a que los ingresos per cápita del primer país son más del triple de los del segundo.
Los cálculos del Banco Mundial que presenté recibieron muchas críticas, desde la derecha y desde la izquierda. La Fundación Heritage sostiene que si se usa como criterio el consumo en vez de los ingresos, en Estados Unidos sólo hay 250.000 “pobres globales”. En tanto, en la izquierda muchos se niegan a creer que haya estadounidenses tan pobres como los africanos o asiáticos más pobres. La derecha quiere disminuir las transferencias internas, y la izquierda quiere aumentar las transferencias internacionales.
Luego la historia se pone surrealista. El informe de Alston provocó una airada descarga de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien afirmó que “es evidentemente ridículo que Naciones Unidas examine la pobreza en Estados Unidos”; en tanto, la respuesta oficial del gobierno estadounidense calificó de erróneas las cifras de Alston. Pero Alston sólo usó cifras tomadas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos; el documento las describe como “la cifra exagerada citada por el relator especial” y luego cita con aprobación los cálculos de la Heritage, que se basan en mi línea de pobreza de cuatro dólares por día.
A continuación (tal vez sólo haya sido coincidencia) el gobierno de Trump sacó a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, de modo que Haley no asistió a la presentación del informe.
Podrá ser cierto o no, pero preferir los cálculos de la Fundación Heritage a los de la Oficina del Censo o manipular arbitrariamente el IPC y después tratar los números alternativos como superiores a las estadísticas oficiales se pasa sin duda de la raya. El gobierno de Trump mostró en 2018 que no está dispuesto a que le señalen fallas, ya sea la pobreza extrema o la inaceptable cifra de muertos del huracán María en Puerto Rico. Y todo indica que la distorsión de la verdad continuará el año entrante, con la amenaza que eso implica para la democracia. 
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