Tribunales frenan licitación que crea operador de velocidades de internet ante recurso de excompetidor

Sorpresa causó en la industria de las telecomunicaciones la decisión que tomó la Corte de Apelaciones la semana pasada, cuando detuvo el proceso de adjudicación del Organismo Técnico Independiente (OTI), entidad que se encargará de desarrollar una herramienta para medir las velocidades de internet en Chile. El tribunal acogió el recurso de protección que interpuso Cleartech, compañía brasilera que participó en el concurso organizado por el Comité Representativo, que reúne a ejecutivos de Entel, ClaroVTR, Grupo GTD, Mundo, Movistar y WOM.

Tras quedar fuera, Cleartech acusó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de cometer irregularidades durante el proceso de adjudicación de OTI.

De hecho, la defensa de la empresa, comandada por Gianfranco Lotito -socio de Cuatrecasas- fue muy crítica con la autoridad ante tribunales y argumentó que todas las actuaciones legales posterior al término de la licitación fueron “ilegales y arbitrarias”, lo que vulneraría las garantías constitucionales de Claertech.

El abogado explicó que si bien la Subtel no es la entidad licitante del organismo técnico, pues cumple más bien un rol de “supervigilancia”, modificó el marco normativo del concurso, con disposiciones más flexibles a favor del consorcio formado entre MedUX y Microsystem.

El 12 de enero, la Corte de Apelaciones “concede la orden de no innovar”, lo que puso freno a la puesta en marcha del plan de ejecución del OTI.

En una declaración Subtel dijo que “continuamos supervisando al avance del proceso de adjudicación del OTI, con foco en reforzar los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y, en ese contexto, la generación de este organismo técnico resulta prioritaria para fortalecer la calidad del servicio que reciben las personas”.

Los motivos de la acción legal

Los detalles del conflicto que relató Cleartech en su recurso de protección partieron el 12 de diciembre, cuando el subsecretario Claudio Araya emitió una resolución para ampliar el plazo de suscripción del contrato del organismo técnico. La autoridad tomó esta decisión luego de que detectó que el consorcio ganador carecía de una boleta de garantía proveniente de una entidad bancaria, sino que su propuesta consideraba un documento de una aseguradora, lo que está restringido en la Ley General de las Telecomunicaciones.

Así, se dio 15 días hábiles para solucionar el enredo que se generó entre las bases de licitación y la norma sectorial, con una nueva fecha de vencimiento para el 3 de enero. El subsecretario reconoció a DF que esto se produjo por “un problema de interpretación”, en las bases de licitación. Esto provocó que MedUX-Microsystem se lanzara en la búsqueda de un acuerdo, el cual consiguieron a fines de diciembre de la mano de Banco Estado.

Sin embargo, la Subtel extendió por tercera vez el plazo para la firma del contrato hasta el 11 de enero, un día antes de que la Corte emitiera su orden de no innovar. En total, son 21 empresas las que deben firmar el acuerdo y los pagos al futuro proveedor del sistema son escalonados según el tamaño de la compañía. El proyecto tendría un valor de US$ 8 millones.

En un documento de 26 páginas, Cleartech acusó que todas estas acciones se hicieron en forma arbitraria. Y “lo peor de todo”, dijo la defensa, son una muestra del “exceso de facultades” de parte de Subtel. “Son verdaderas modificaciones a los requisitos que debe cumplir la empresa adjudicataria en relación con la garantía de fiel cumplimiento del contrato que debe constituir a favor del Estado de Chile, de conformidad a las disposiciones pertinentes de las Bases de Licitación”.

Entre los elementos que se habrían modificado en las bases, expresó la compañía con base en Sao Paulo, fueron los años de garantía que se redujeron de cinco a tres. A su juicio, “la Subtel se ha empecinado en tratar de validar la propuesta del adjudicatario de la Licitación OTI, a pesar de que esta no cumple con las bases aprobadas por ella misma”.

Además, en el recurso se aprovechó la oportunidad para reclamar que tanto el gobierno como el Comité Representativo se negaron a entregar los fundamentos técnicos de su descalificación técnica, lo que los llevó a reclamar ante el Tribunal para la Contratación Pública y la Corte Suprema, ambos recursos no admitidos.

“Esta negativa injustificada, validada por la autoridad, privó a Cleartech de poder reclamar efectivamente de su exclusión, forzando a mi representada al ejercicio de acciones judiciales para obtener algún tipo de respuesta de manera urgente y forzada, pues ni el Comité ni la Recurrida se detuvieron a considerar la plausibilidad de los reparos de esta parte y continuaron adelante con la licitación, procediendo a la adjudicación del Contrato”, acusó la brasilera.