Se reactiva interés por ser operador de velocidad de internet: 10 empresas compraron bases de la licitación

Faltan dos semanas para que se cierre la recepción de ofertas de la licitación del Organismo Técnico Independiente (OTI), empresa que se encargará de elaborar una herramienta para medir la velocidad de internet y así zanjar las disputas entre operadores y clientes por cumplimiento de servicio de banda ancha. 

Este es el segundo proceso que se abre, luego de que en noviembre de 2021 se declarara desierto el concurso porque los dos consorcios que llegaron a la recta final -Sonda-Ookla y Medux-Microsystem- no cumplieron con los requisitos económicos ni técnicos.

“Se realizaron dos cambios para disminuir sustancialmente el riesgo del negocio: se redujo el valor de la garantía de seriedad de la oferta y se flexibilizó y amplió el rango del umbral relativo a la oferta económica”.

Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones.

Sin embargo, en este nuevo proceso, el subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel), Claudio Araya, se mostró confiado ya que hay interés del mundo privado: “según la información entregada por el Comité Representativo, que es el representante de los proveedores de acceso a Internet, 10 empresas compraron las bases”. 

Las operadoras que empujan el proceso son Entel, Claro, Grupo GTD, Mundo, Movistar Chile, VTR y WOM; además de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones.

En un principio, otras tres empresas se mostraron interesadas en entrar en la licitación, pero notificaron su desistimiento. En ese sentido, Claudio Araya manifestó que “es razonable suponer que al leer las bases determinaron que para este proyecto no tenían ventajas competitivas que les permitieran ganar la licitación, y por lo tanto, prefirieron no invertir recursos en elaborar la propuesta”.

Nuevas reglas 

La razón principal que dejó desierto el concurso pasado fue la falta de certeza económica: al documento le faltaban datos para proyectar con mayor precisión los costos del sistema y las empresas no sabían cómo sería el valor del servicio.

“Básicamente se realizaron dos cambios para disminuir sustancialmente el riesgo del negocio, se redujo valor de la garantía de seriedad de la oferta y se flexibilizó y amplió el rango del umbral relativo a la oferta económica”, explicó la autoridad. 

Las nuevas reglas fijaron que la empresa que sale vencedora podrá superar el umbral económico establecido por el concurso hasta 20% de ese techo. Esta decisión se tomó justamente porque las condiciones macroeconómicas actuales son mucho más complejas que hace dos años, cuando se lanzó la primera edición de la propuesta en 2020. 

Se espera tener adjudicado el proponente en el cuatro trimestre de este año y se estima la puesta en marcha en la primera mitad del 2023.

Los costos de concursos telcos

Sobre si la volatilidad del dólar y la presión por inflación podrían implicar un nuevo desistimiento, el subsecretario puso paños fríos: “los valores de las propuestas económicas son presentadas en UF por lo que parte importante del componente de aumento de precio de los insumos ya está incorporado. Adicionalmente, cada proponente en su evaluación técnica y económica deben recoger los riesgos implícitos en el negocio, como son, los factores internos de la economía chilena y los efectos internacionales”.

Justamente estas dudas tratan de recoger otros procesos en la industria de telecomunicaciones. Hace unos días en el Congreso, Movistar Chile levantó esta preocupación, pero en una licitación distinta donde ellos participan: el despliegue de Fibra Óptica Nacional (FON). El director de Asuntos Públicos de la española, Fernando Saiz, explicó que este contrato al no estar indexado a la UF o dólar, es un 20% más caro de cuando se adjudicaron el proyecto en 2021.

Y alertó que si el Gobierno no cambiaba esto a futuro: “simplemente serán inviables los proyectos”.

Otra iniciativa en curso es el despliegue de 5G, el cual ha tenido un mayor costo por el atasco logístico marítimo. Sobre esto, el subsecretario Claudio Araya explicó que “hay efectos contrapuestos” en los gastos de desarrollo de la red de quinta generación. “Por una parte la existencia de economías de escala genera un efecto de disminución en los costos de este tipo de equipos tecnológicos y, por otro lado, el aumento del valor del dólar genera mayores costos”.

A su juicio, dado que muchas de las decisiones de compra de equipamiento y servicios fueron tomadas en plena pandemia y con información "nítida" de las dificultades logísticas: “entendemos que la planificación de las empresas debe haber tenido en cuenta estos riesgos, sobre todo considerando que esta red prestará servicios, y generará ingresos, durante varios años”.