Superintendencia rebate críticas de isapres al alza de planes: “No pueden pretender que se transforme en un salvataje”

Luego que las isapres cuestionaran en duros términos el cálculo que estableció los parámetros para el nuevo reajuste de los planes base de salud para el periodo 2022-2023 -acusando este martes que tendrá un efecto de merma de ingresos por un total de $ 94 mil millones- la Superintendencia de Salud salió hoy a rebatir a las aseguradoras defendiendo su metodología, afirmando que está plenamente basada en la normativa y que fue conocida de antemano por ellas.

“Las isapres fueron informadas por medio de la Circular IF N°409/2022, de la metodología de cálculo con la que se  iban a realizar las verificaciones. Es decir, las seis isapres abiertas conocían claramente cómo se realizaría el cálculo y además, tuvieron la posibilidad de presentar recursos de reposición o jerárquicos si no estaban de acuerdo con ésta y no lo hicieron”, sostuvo la entidad.

De esta forma, el ente regulador salió a rebatir los juicios de la Asociación de Isapres que, tras la información de los resultados de la etapa análisis de la variación de costos del sistema el 15 de septiembre, acusó que la autoridad aplicó “un método de cálculo anómalo que dificulta la correcta operación del sistema”, agregando ayer que el aumento promedio de 6% establecido a nivel de la industria representa sólo “un tercio del incremento real de gastos según consta en las resoluciones emitidas”, cifra que de acuerdo al cálculo de los privados llegó a un 22,5% promedio en el sistema. “Vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las isapres”, aseveró el gremio.

“El proceso de verificación se realizó cumpliendo los estándares que establecen los fallos de la Excma. Corte Suprema y lo que señala el texto legal. Por lo tanto, lo manifestado por la Asociación de Isapres en su declaración no es correcto”, respondió la superintendencia que encabeza Víctor Torres en relación al cumplimiento de las instrucciones del máximo tribunal luego que el 18 de agosto pasado dejó sin efecto el proceso de adecuación de los planes que se había iniciado en junio.

Al fundamentar sus argumentos, la entidad afirmó que “no hubo ningún inexplicable cálculo por parte de esta Superintendencia de Salud” y que la metodología utilizada “se condice con lo establecido por la ley N°21.350 en su artículo Primero Transitorio: Los ajustes de precios de los planes de salud informados por las Instituciones de Salud Previsional en los años 2020 y 2021 quedarán sin efecto y las Instituciones de Salud Previsional no podrán aplicar estos reajustes. Es decir que haber considerado para la verificación, una metodología de cálculo con variaciones acumuladas desde 2020 a la fecha, que es lo que pretendían las isapres, era una forma de eludir el cumplimiento de la ley, permitiendo que éstas cobraran a las personas afiliadas las alzas que ya habían sido dejadas sin efecto por el Congreso durante la pandemia”.

La entidad descartó lo señalado por la industria en cuanto a que el criterio del cálculo no es consistente con la Ley 21.350, sosteniendo que "esta verificación se realizó considerando la metodología utilizada para el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) que es un promedio ponderado de la variación de costos del sistema de isapres", por lo cual, "malamente la Superintendencia de Salud podría haber contrastado, tal como las isapres pretendían, una metodología de cálculo entre variaciones de costos acumuladas con un indicador calculado como un promedio ponderado".

Junto con enfatizar que el proceso de verificación se realizó cumpliendo los estándares que establecen los fallos de la  Corte Suprema –ante lo cual “lo manifestado por la Asociación de Isapres en su declaración no es correcto”, dijo- la Superintendencia cuestionó las críticas de ese gremio manifestando que  “en ningún caso consideramos que estos emplazamientos sin fundamentos contribuyan o faciliten el diálogo, el que siempre debe darse dentro del marco legal y sin afectar arbitrariamente a las personas”.

Reiterando que proceso de reajuste de los precios de los planes base de salud descansa en “el análisis de cuestiones objetivas que no dependen del voluntarismo de esta Superintendencia”, la institución emplazó a las aseguradoras privadas señalando que éstas “no pueden tener la pretensión de que la adecuación se transforme en un salvataje para las isapres, en perjuicio de sus afiliados”.

El proceso en curso

El centro de las críticas de la Asociación de Isapres es el resultado del proceso de cálculo de la variación de costos implementado por el regulador que fijó incrementos para la nueva adecuación 2022-2023 que van desde un 1,4% para el caso de Vida Tres, a 4,3% para CruzBlanca; de 5,6% para Banmédica; de 6,6% para Colmena; de 7,8% para Nueva Masvida, y de 14,4% para Consalud.

Dado que el cálculo para las últimas dos isapres superó el límite máximo fijado para la industria, ambas propusieron alzas de planes alineadas a ese tope de 7,6%, en tanto las restantes aseguradoras se apegaron exactamente a las respectivas variaciones de costos que determinó la superintendencia, porcentajes de alza que comunicaron a sus afiliados durante la semana pasada.

A continuación, este lunes se inició un periodo de 10 días para que éstas ejerzan su opción de oponerse al alza, cambiar de plan o desafiliarse. No obstante, las personas que no se hayan pronunciado en ese plazo tendrán la posibilidad de renunciar a la isapre o tomar un nuevo contrato hasta el 30 de noviembre.