Luego de acciones legales como las emprendidas por la Asociación de Isapres y aseguradoras privadas de salud de manera individual, ahora las autoridades pasaron a la ofensiva en contra del uso fraudulento de las licencias médicas y su escalada en el marco de la fuerte demanda general por este beneficio desde el inicio de la pandemia.
La Superintendencia de Salud interpuso una querella por el delito de falsificación de licencias médicas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago argumentando la existencia de "hechos que permiten presumir que algunos profesionales de la salud, incluso omitiendo su incorporación al Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, se encuentran emitiendo licencias médicas falsas". Esto, agrega la entidad, por cuanto "su otorgamiento no se genera como consecuencia de una atención directa que permita establecer el diagnóstico de una enfermedad, sino que lisa y llanamente son el resultado de un preacuerdo de venta de dicho instrumento".
En el escrito, la entidad que encabeza el superintendente de Salud, Patricio Fernández, señala que en los casos que son objeto de la querella "el presunto paciente estaría pagando para que se le diagnostique una enfermedad sin siquiera haber sido evaluado, lo que constituye una falta a la verdad en la narración de los hechos sustanciales en la emisión de la licencia médica".
La decisión del organismo tiene lugar en paralelo a las acciones emprendidas en este tema por el Consejo de Defensa del Estado, el cual interpuso recientemente una querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por delito reiterado de otorgamiento de licencias médicas falsas –específicamente contra del médico cirujano Freddy Araya Garri, de acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío- por realizar 5.354 emisiones de este instrumento entre enero de 2019 y septiembre de 2021- que lo convirtieron en facultativo que encabeza el listado por este concepto en el país.
Los argumentos de la querella
En su escrito, la Superintendencia de Salud indica que detectó "a través de diversas comunicaciones, la existencia de publicaciones en distintas redes sociales dedicadas a la venta de licencias médicas, ya sea vía Instagram, vía Marketplace de Facebook o por otros medios de oferta electrónica", se indica en el escrito, en el cual se expone numerosos ejemplos de transacciones".
A ello, la entidad añade otras pruebas como la "información remitida por Isapre Consalud S.A, respecto de antecedentes recopilados por la propia aseguradora, en relación a la constatación in situ de la venta de licencias médicas por parte de ciertos facultativos en sus oficinas de atención"
Dentro de las diligencias de investigación solicitadas al Ministerio Público –que consideran una orden de investigar a la Policía de Investigaciones- se pide además que se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social "a fin de que dicha institución remita todos los antecedentes que posea respecto de los procedimientos administrativos sancionatorios llevados en contra de médicos en conformidad al artículo 5 de la ley Nº 20.585". Y pide igual acción al Colegio Médico de Chile a "fin de institución remita todos los antecedentes relacionado con investigaciones, sumarios, sanciones o procedimientos vigentes o iniciados a la fecha ante cualquier Tribunal de Ética de dicha asociación gremial en contra de médicos por la emisión de licencias médicas falsas".
Cabe recordar que el mes pasado, las superintendencias de Seguridad Social (Suseso) y de Salud completaron la elaboración de una nueva circular que profundiza la regulación de estos instrumentos estableciendo la obligatoriedad del uso de las licencias médicas electrónicas (LME), con lo cual la emisión de documentos físicos quedó relegada a casos excepcionales tipificados. Y si bien el objetivo central de esta disposición es facilitar el acceso a las personas acortando los tiempos de tramitación con un mecanismo más eficiente, la autoridad también buscan incrementar los niveles de control de los procesos de emisión e implementación a nivel general –radicadas fundamentalmente en la Suceso y en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)- como en los procedimientos de pago de las isapres por parte de la Superintendencia de Salud. El respecto, Patricio Fernández indicó en ese momento que el fortalecimiento de los mecanismos de verificación establecerá registros más certeros para monitorear los casos de emisiones excesivas de licencias médicas.
Las acciones de las isapres
En septiembre pasado, la Asociación de Isapres presentó un total de nueve querellas que involucran a 28 facultativos de distintas regiones del país con el fin de que se investigue la emisión de licencias médicas asegurando que "existen fundados antecedentes de actividades fraudulentas".
Antes, la isapre Banmédica había tomado la iniciativa interponiendo denuncias y querellas contra de más de 120 médicos por uso fraudulento e ilícito de licencias médicas, a lo cual sumó el desafiliación de unos 28 beneficiarios por este motivo.
Entre las razones de su ofensiva, la Asociación de Isapres señaló que las acciones denunciadas se inscriben en un fenómeno creciente que consume importantes recursos del sistema. De hecho, la emisión global de licencias médicas electrónicas registró 618.233 operaciones en agosto que representa un alza de 51,3% en relación al mismo mes de 2020, y el sistema acumuló 5,2 millones de operaciones que ya superaron en 5,6% a todo el ejercicio 2020.
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