El anuncio del presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública de dar inicio a la reforma en salud con la creación de un fondo único publico universal, marcó el punto de partida para las instituciones del Estado a cargo de implementar la mayor reforma al sistema de las últimas décadas.
Este es el caso de la Superintendencia de Salud, que junto a una activa participación en el proceso de diseño que encabeza el Minsal, además deberá implementar cambios internos acordes a las nuevas funciones que tendrá en el futuro modelo comprometido por el actual gobierno.
“Nuestros desafíos importantes son cómo nos adecuamos al nuevo modelo y de qué manera participamos activamente del debate y la construcción de esta reforma”.
“Junto con mantener todas aquellas funciones propias de la superintendencia -agilizar procesos, optimizar las respuestas y, ojalá, acortar los plazos, con estándares que den garantías- nuestros otros desafíos importantes son cómo nos adecuamos al nuevo modelo y de qué manera participamos activamente del debate y la construcción de esta reforma”, indica el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Ya completado el proceso de instalación tras su designación a fines de marzo -decisión que llamó especialmente la atención por cuanto este médico de profesión y exdiputado fue el primer democratacristiano nombrado por la actual administración- la autoridad aborda el nuevo rayado de cancha que comenzará a delinear en su gestión.
En la hoja de ruta -que incluirá las transformaciones en el sector que implique la aprobación del proyecto de nueva Constitución-, Torres señala que “ya que estamos hablando de generar una modificación al sistema con una mirada integral que responda realmente a garantizar el acceso a la salud como un derecho, tenemos que ampliar nuestras facultades y para cumplir con el rol de resguardo a las personas”.
Recalca que los objetivos tienen un sello diferente al que ha tenido la superintendencia en su trayectoria desde sus inicios, por lo que “va a significar también un cambio en nuestras funciones y atribuciones¸ redefiniendo algunos roles -asociados precisamente a los cambios del modelo que se van a empezar a implementar con la reforma- que nos va a llevar a cubrir un espectro más amplio de funciones que las que se realizan habitualmente”.
En este horizonte de trabajo, Torres anticipa que una de las reformas principales dice relación con los sistemas de acreditación de las entidades de salud, lo cual tendrá efectos tanto en el ámbito público como, especialmente, para los actores privados. "Si se aspira a tener un sistema integrado en un régimen de garantía, el rol de la superintendencia no puede estar restringido, como hoy lo está, por ejemplo, en materia de acreditación vinculada fundamentalmente con la garantía de calidad o solo con la supervisión del ejercicio de la ley de deberes y derechos del paciente, etc.”.
Explica que fortalecer las atribuciones del organismo es fundamental para conducir la acción de los prestadores privados -como las clínicas-, en un sistema único basado sobre el futuro Fondo de Salud Universal (FUS), cuyo diseño el Ejecutivo comprometió durante el segundo semestre de este año. “Tenemos que aspirar a ampliar y mejorar el sistema de acreditación de los prestadores, porque si vamos a tener un sistema integrado con reglas públicas, también tienen que acreditar calidad”, indica.
- ¿Cuál va a ser la diferencia respecto del modelo de acreditación actual que data de 2005?
- Los desafíos futuros nos tienen que llevar un paso más allá, incorporando estándares que puedan medir no solo procesos -apuntando a mejorar y garantizar la calidad en las prestaciones- sino también los resultados con mediciones de ellos. E incorporar también a los pacientes con indicadores de experiencia usuaria.
- ¿Ya están elaborando este modelo de acreditación?
- No hay una definición adoptada, pero sí entendemos que existe este desafío que tiene que plantearse en el contexto de cambio paradigma en el sistema y que los vamos a generar durante el presente año, lo cual incluye observar alguna experiencia internacional.
- ¿En qué plazos y nivel de gradualidad está pensando implementar ese esquema?
- No significa que la primera acreditación a la que se vaya a enfrentar un prestador sea con toda esta exigencia. Tenemos que evaluar si esto va a corresponder, por ejemplo, a una segunda, tercera o cuarta etapa, porque obviamente genera un impacto y una carga en los prestadores. Eventualmente, debería tener una periodicidad, eso hay que evaluarlo.
- ¿Cómo se van a concretar estos cambios y en general las nuevas funciones de la superintendencia?
- Todavía son definiciones gruesas, y ya las próximas semanas van a ir clarificando de a poco.
- ¿Considera formular un proyecto de ley?
- No tenemos atribuciones para modificar o presentar proyecto de ley, si esa fuera la vía. La discusión de cuál va a ser el instrumento para adecuar nuestras funciones a los desafíos que vienen tiene que resolverse más bien desde el punto de vista del Minsal, que tiene la rectoría.
Fiscalización a aseguradores y las clínicas
- ¿Cómo visualiza el funcionamiento del sistema privado en el marco de un sistema unificado o único universal?
- Conceptualmente, lo que se ha planteado es la creación de un Fondo Universal de Salud que mancomuna el 7%, y el espacio para la creación de seguros complementarios y suplementarios, en el marco de la Superintendencia de Salud como ente fiscalizador, lo cual da una connotación más bien sanitaria a la generación de todos estos seguros de segundo piso. No hay una norma específica aún, porque va a ser parte de lo que tenemos que empezar a construir.
- ¿Cuál va a ser el rol de la superintendencia en relación a los aseguradores privados en un sistema dónde el Estado va a ser el eje?
- Esa es una interesante discusión que se va a ir dando en la medida que se avance en los alcances de cada medida, porque tenemos que ver cuánto es lo que considera el FUS y cuánto espacio va a quedar para los seguros suplementarios y complementarios. Mi impresión es que debemos clarificar el rol de la superintendencia respecto de la fiscalización del cumplimiento de garantías en el FUS, y está claro también que vamos a tener incidencia en el caso de los seguros de segundo piso.
- ¿Cómo están pensando hacer este tránsito que implica el fin de las isapres como captadores del 7% de salud?
- Eso es parte del debate que se tiene que dar. Existen modelos de transición muy breves -hay ejemplos como Corea del Sur o de Taiwán-, que son interesantes de mirar y que también tienen fallas que hay que poder observar para no replicarlas. Y hay otros casos de transiciones más prolongadas en el tiempo.
- ¿Con qué la velocidad se busca implementar la reforma a la salud?
- Atendiendo a la energía que ha puesto el Presidente, mi impresión es que se va a tender a una transición más bien acelerada para poder instalar el sistema de manera más rápida. Pero eso es parte de la definición política que tiene que tomarse próximamente; hay un sentido de urgencia al que hay que responder y eso nos exige resolver algunas cosas rápidamente.
- ¿Cuáles serán los ejes de las funciones de la superintendencia respecto de los prestadores privados, como el caso de las clínicas?
- Si es un sistema integrado con reglas públicas, de todas maneras debemos tener un rol de mayor preponderancia en el caso de los prestadores, tanto en el mundo público como también en el privado, porque el sistema tiene que entenderse como un todo, indistintamente de la propiedad de quien participa en esa provisión, desde nuestro rol de garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los pacientes.
Situación de las isapres:
"No es algo que pudiera determinar
como dramático o terminal "
El superintendente destaca que las instituciones están cumpliendo con los indicadores de patrimonio, garantía y liquidez, por lo cual “desde esa perspectiva, no tenemos ninguna situación que pueda generar un riesgo actual”.
El superintendente Víctor Torres concretó esta semana su primer encuentro con la Asociación de Isapres, reunión que será seguida a futuro con encuentros con las aseguradoras de salud privada de manera individual.
El inicio de los contactos directos entre la industria y su regulador tiene lugar en un complejo escenario financiero para las isapres, que al cierre del primer trimestre anotaron pérdidas que profundizaron los resultados negativos históricos que anotaron en 2021.
- ¿Cuál es su balance de la situación financiera de las isapres, que han arrojado cifras negativas con pérdidas e importantes exigencias de aumentos de capital?
- Cuando se observa en el tiempo la situación de las isapres, ha habido más bien años de vacas gordas que de vacas flacas e, incluso, en 2020 durante la pandemia hubo un alto porcentaje de ganancia producto de la baja tasa de uso. En estos años posteriores han podido reflejar cifras rojas, pero no que nos permitan un diagnóstico serio en el tiempo respecto del comportamiento financiero de las isapres.
- Desde el gremio han advertido que se está en un escenario crítico…
- Creo que está enfrentando una situación sobre la que hay números que se conocen, y frente a eso hay que seguir viendo de qué manera se enfrenta a mejor forma la situación. Pero tampoco es algo que yo pudiera determinar ni como dramático ni como terminal, sino como parte de los procesos y flujos de instituciones como éstas.
- ¿Cómo ve la estabilidad de la industria en términos de los indicadores financieros que monitorea la superintendencia?
- Más allá del tránsito de ganancia y pérdida relativos a años que responden a situaciones distintas, hasta el momento -y aplicando la circular que se emitió en 2021-, todas las isapres han dado cumplimiento a aquellos indicadores que debemos supervigilar por ley: patrimonio, garantía y liquidez. Desde esa perspectiva, no tenemos ninguna situación que pueda generar un riesgo actual, por lo menos de incumplimiento de aquellos indicadores que estamos vigilando. En ese sentido, no hay situaciones mayormente complejas que se estén visibilizando hasta ahora.
- ¿A qué indicador están poniendo la mayor atención?
- Clave ante cualquier situación que pudiera generarse es el cumplimiento del indicador de garantía, que se está cumpliendo de buena forma y están los recursos garantizados en ese sentido ante cualquier eventualidad.
- Desde la industria, como también del superintendente anterior, en cuanto a situaciones complejas de instituciones con poco margen para seguir resistiendo la presión financiera.
- Hasta la fecha, las isapres han dado cumplimiento a los indicadores de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa de 2021.
- ¿Cómo han visto el proceso de adecuación de los planes base de las isapres en curso, teniendo en cuenta que este año es diferente ya que se basa sobre un nivel máximo de incremento de reajuste establecido por la autoridad?
- Se ha cumplido con el proceso de notificación que deben hacer las isapres a sus afiliados y el 31 de mayo se cumplió el plazo para poder recibir los reclamos por parte de los afiliados.
- ¿Cuántos reclamos administrativos se presentaron a la Superintendencia?
- Recibimos 31.581 casos al cierre del proceso de recepción. Ahora estamos en fase de evaluación y durante la segunda quincena de junio la Intendencia de Fondos emitirá las respectivas resoluciones en primera instancia. De los reclamos totales, más del 90% son por ajuste del precio base de los planes.
- ¿El número de reclamos subió o bajó, considerando que esta vez las isapres debían ajustar dentro de un nivel máximo determinado por la autoridad?
- Desde nuestra perspectiva, el volumen de reclamos no bajó.
- ¿Qué información tiene de los recursos por la vía judicial por ajuste de planes y también por tabla de factores?
- Ese es un tema circunscrito fundamentalmente en los tribunales; por lo tanto, no tenemos conocimiento de aquello, ni tampoco tenemos una forma de medir impactos en el estado financiero o los ingresos de las isapres.
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