Patricio Fernández, exsuperintendente de salud y la crisis de las isapres: “No puede haber una mesa de trabajo funcionando hace tantos meses que no tenga ni una medida concreta”

Pese a que la baja de 7,4% en las pérdidas al cierre del tercer trimestre –para totalizar cifras en rojo por $ 127 mil millones- implicó un respiro temporal para las isapres, ahora de cara al fin de año esta industria se encamina de nuevo a profundizar su crisis financiera en una magnitud que dependerá de las decisiones de la autoridad. El punto crítico es la interpretación de la Superintendencia de Salud al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre la aplicación de las tablas de factores de riesgo y su instrucción de adecuar ese mecanismo al sistema vigente desde 2020 y devolver los cobros en exceso respectivos.

Si bien el máximo tribunal otorgó un plazo total de seis meses para concretar este proceso, el gremio de las isapres pide que éste “se realice a la brevedad manteniendo un equilibrio que permita resguardar las coberturas de más de tres millones de afiliados, los primeros afectados frente a un descalabro”.

Junto a un primer cálculo del efecto de una de las medidas ordenadas por el fallo -la exención a los menores de dos años de la aplicación de las tablas de factores implicará $ 40 mil millones menos anuales de ingresos- la industria está en alerta ante el impacto global de la modalidad de devolución con efecto retroactivo que defina el regulador.

“La Superintendencia cuenta con los equipos técnicos. Pero ya han pasado casi cuatro semanas y no se tiene claro cuál es la interpretación”.

Sobre la situación “muy compleja y difícil de salvar” que enfrenta el sector asegurador privado, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, sostiene que lograr un marco que mantenga la estabilidad del sistema no solo debe tomar en cuenta “los montos en relación a un eventual reintegro dependiendo de la interpretación que haga la Superintendencia, sino que este problema se duplica si se toma en cuenta que por cada $ 100 que deba devolver una isapre, ésta tiene que destinar otros $ 100 a garantizar esa deuda”.

De las consecuencias en el ámbito financiero, advierte que en el escenario que enfrentan las isapres “es difícil que los bancos vayan a emplear la boleta de garantía, lo cual puede generar un nuevo flanco de riesgo en el sistema”.

Además, ante la incógnita que enfrenta la industria en cuanto a cumplir la obligación de reflejar las eventuales devoluciones en sus balances al cierre de 2022, indica que si bien “me parece que no va a haber mucho que modificar en los estados financieros de este año -porque no tenemos aún la interpretación y aplicación del fallo con la regulación respectiva-, probablemente el impacto sí va a ser para los estados financieros siguientes, y reconocer eventuales pérdidas con ese efecto retroactivo puede llegar a ser muy complejo”.

Fernández recuerda que la difícil situación que viene enfrentando el sector asegurador privado de salud está teniendo consecuencias como "despidos de gente y cierre de sucursales",  mientras que para los afiliados también ha implicado un camino que "se está haciendo cada vez más tormentoso, ya que ha habido término de convenios con prestadores, se están dilatando los plazos de reembolso y aumentando las tasas de rechazo de las licencias médicas”.

-¿Cómo debe enfrentar esto la Superintendencia de Salud y el Minsal?

-Hay un rol de responsabilidad que tiene que definir rápido el Gobierno. No puede haber una mesa de trabajo funcionando hace tantos meses que no tenga ni una medida concreta. ¿Por qué en esa mesa no están los prestadores, que finalmente establecen los precios?

Lo que hizo la Corte Suprema fue hacerse cargo de una situación de años resolviendo cientos de miles de recursos. Entonces, ahora están todos preocupados y apurados, pero por algo que se debió haber resuelto hace mucho.

-La Superintendencia ha advertido que el trabajo de revisión de decenas de miles de planes es arduo. ¿la industria resistiría que se tome el plazo total de seis meses?

- Sería absolutamente excesivo por el nivel de incertidumbre que hay para el sistema y los afiliados. Hay que recordar que también va a ser relevante lo que se resuelva en relación al alza de precios GES, tanto por la Superintendencia –con más de 90 mil reclamos recibidos, que se comparan con los 26 mil que recibimos por el decreto anterior en 2019- como en los cientos de miles de recursos ingresados a la Justicia. Si la Corte Suprema pretende zanjar la judicialización de este tema, no sería extraño que en los próximos meses también veamos otra resolución en términos generales con una cantidad de dinero a reintegrar de parte de las isapres.

Y en seis meses, probablemente toda esta situación va a coincidir también con una nueva comunicación de alza de planes de salud.

- ¿Era posible ya haber establecido un marco tras el fallo?

-De todas maneras. La Superintendencia cuenta con equipos técnicos para hacer todo tipo de simulaciones frente a cambios regulatorios o legislativos. Lo que pasa es que los equipos técnicos no van a poder calcular mientras no les den los lineamientos respecto a lo que necesitan tener como posibles resultados. Entonces, la pregunta es cuándo se les dio la instrucción para que hiciera los cálculos con el escenario A o en el B. Pero ya han pasado casi cuatro semanas y no se tiene claro cuál es la interpretación.

-¿Es posible separar el marco general de los análisis que la Superintendencia debe hacer a miles de casos de aplicación de tabla de factores?

-Ya se podría haber dado luces respecto a la interpretación del fallo y su magnitud, y luego tomar más meses para ir viendo la situación particular de las personas. Este trabajo tendría que haberlo anticipado, pues todo el mundo sabía que este fallo se iba a dictar; pero como no tenía las preparadas medidas administrativas ni de mitigación, no ocurrió nada de eso.

-En este escenario ¿es factible calcular el impacto financiero global del fallo?

-Es imposible, porque las diferencias de magnitud son tremendas hasta que la Superintendencia resuelva, por ejemplo, si es por un plazo de cinco años o rige desde la vigencia de la tabla (2020). Y las isapres tampoco pueden hacer cálculos si no tienen claridad de cuál es la interpretación posible. Ese es el problema.

Las iniciativas de solución

-Los senadores Rincón, Macaya, Walker y Galilea presentaron una iniciativa de reforma constitucional para asegurar que el cumplimiento del fallo de la Suprema no signifique terminar con el sistema isapre. ¿es necesario tener este tipo de soluciones institucionales para evitar la quiebra de la industria?

- Me parece que hay que sistematizar todas las propuestas. Y asumir el liderazgo en la tramitación de leyes que afecten la seguridad social es impulso del Poder Ejecutivo, que debería tener la responsabilidad de encabezar una solución legislativa para este tema. Vamos a encontrar muchas cosas aisladas, tanto del Poder Legislativo como en la Cámara de Diputados y en el Senado con buenas intenciones. Pero el tema va más allá y debe tener componentes técnicos importante de todos los proyectos de ley relacionados con isapres y con Fonasa. Y necesariamente debe estar detrás la Superintendencia de Salud y el propio Fonasa, para dar el sustento técnico con el cual se debe ejecutar una política pública. De lo contrario, son solamente ideas y esfuerzos aislados.

Asimismo, es necesario analizar cómo hacer más eficiente una salida legislativa.

-¿Qué fórmula sería la más adecuada?

-Aprovechar un proyecto de ley que esté en tramitación, como el de reforma a las isapres, y se podría hacerles indicaciones y avanzar.

-¿Qué ejes debería contener para lograr un efecto oportuno en la crisis de las isapres?  

-Debe implicar un despliegue rápido de una estrategia de contención de costos para evitar que haya una “olla a presión” que explote todos los años. En segundo lugar, dar mayor certeza a este sistema para que los inversionistas se mantengan en el tiempo y, eventualmente, hagan algún aporte de capital, y se solucionen los problemas de judicialización como los generados a partir de la tabla de factores.

-¿Sería adecuado abordar los problemas a través de una ley corta como la que distintos actores han propuesto?

- Un proyecto de ese tipo tiene una vida breve. Una ley corta, lo único que significaría tratar el fallo de tabla de factores y el tema del reintegro de la isapre en muchas cuotas. Eso sería jugar con las personas, porque finalmente la plata sigue saliendo del bolsillo de ellas y no implicaría un mayor control de costos. Ese es el gran problema.

- ¿Qué principios del proyecto que está en el Congreso (que fue ingresado en el gobierno de Piñera) ve importantes para estructurar una solución de largo plazo?

-Tenemos un problema serio de costo y de precio. Primero, deberíamos rápidamente migrar a un plan de salud universal en las isapres -en el marco de un sistema de salud mixto-, que permita precios más accesibles para las personas y que los que quieran aumentar su cobertura y tener más prestaciones adicionales lo puedan hacer pagando adicional.

En segundo lugar, cambiar los mecanismos de pago entre isapres y clínicas para terminar la tendencia inflacionaria de precios a través de la implementación de mecanismos como los grupos relacionados de diagnóstico (GRD) y fortaleciendo la paquetización; y también es necesario asegurar la obligatoriedad las prestaciones GES. Además, avanzar sí o sí en la implementación de un Fondo de Compensación de Riesgos entre las isapres terminando con las prexistencias y avanzar en hacerlo mancomunado con Fonasa para transitar a la libre movilidad.