Desde su experiencia como exsuperintendente de Salud , el académico del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Manuel Inostroza, abordó el escenario del sistema asegurador privado, donde se cruzan la actual crisis financiera de las isapres con un actual marco más estricto para el control de las garantías y cálculo de provisiones que estableció la circular 361 dictada por el regulador el año pasado.
Dado que la garantía total del sistema ascendía a $ 683.500 millones al 30 de junio pasado, el experto indica que el cumplimiento de la circular se tradujo en un aumento en $ 198 mil millones, “lo que significó todos los dueños de las isapres tuvieron que hacer aportes de capital en un importante esfuerzo para respaldar este mayor nivel de deuda con sus afiliados y los prestadores”. Como resultado, la garantía actual “refleja del orden de 20% del total de las prestaciones –unos $ 3,43 billones- que se pagaron a las clínicas en 2021, lo cual es un buen nivel de encaje”.
“La garantía actual refleja del orden de 20% del total de las prestaciones pagadas a las clínicas en 2021”.
No obstante, advierte que las cifras en rojo sufridas por las isapres en 2021 –sumadas a las proyecciones de que “se puede volver a producir exactamente del mismo orden de pérdidas para 2022 por alrededor de $ 150 mil millones”-abrieron un escenario que ““nunca se había dado en la industria y que equivaldría a comerse a todas las utilidades de los últimos diez años”.
Por ello, advirtió que debe ponerse atención a prácticas como la dilatación de los pagos o una mayor frecuencia de rechazo de ellos justo el último día antes de aprobar una facturación, todo lo cual se traduce en extensiones de los plazos de liquidación de las deudas a niveles de 90 o 120 días. En este punto, el experto recordó que una modalidad de actuación que estuvo en la base de los problemas que generaron que la isapre Masvida solo cubriera el 52% de la garantía total a los prestadores “fue pedir la devolución de garantías a cambio de que con éstas iba a pagarles directamente, pero que finalmente fue utilizado como una manera de sacar y desviar recursos para otros fines”.
“La preocupación que surge es si ante prácticas como las que generaron problemas de garantía en 2019, ahora la superintendencia está fiscalizando con la misma profundidad a partir de la nueva reglamentación más exigente y controlando que no se vuelva a disparar el déficit de garantía”, subraya.
-¿Cuál es el principal desafío para el regulador del sector?
-Es clave que la superintendencia sea muy celosa en el proceso de fiscalización, para que no volvamos a repetir el caso de la isapre Masvida, donde finalmente se fue desencajando la garantía legal exigida de los reales recursos que tenía en el sistema bajo control de la Superintendencia de Salud.
- ¿A qué tipo de práctica debería estar especialmente atenta la superintendencia?
- La solicitud de devolución de garantías para el pago de deuda con prestadores es una práctica que está normada y legalizada a la que probablemente gente con problemas de flujo podría estar recurriendo hoy. Yo le pondría mucho el ojo a esa metodología, porque si no se calcula bien y la superintendencia no está encima viendo cuál va a ser la técnica –por ejemplo, vía depósitos directos- se podría estar utilizando ese mecanismo como una manera de generar flujos sacando esa plata de las garantías de los prestadores. Diría que eso es lo más delicado que se podría estar dando.
-¿Hasta qué punto la circular 361 que dictó el superintendente del gobierno anterior Patricio Fernández en 2021 es una herramienta efectiva para asegurar un adecuado nivel de garantías para el sistema?
-Efectivamente, subsanó la situación que en su momento se produjo por la crisis de Masvida donde se veía que, de alguna manera se había desacoplado la garantía de la exigencia legal y la superintendencia había perdido el celo del mecanismo regulatorio de control y de fiscalización. Ahora, la preocupación es que se pueda estar incubando una eventual segunda situación compleja dada la producción de una crisis, de incertidumbre jurídica por un lado, pero también por el escenario pospandemia que está generando en el sector isapre un mayor gasto en relación a los ingresos, así como las pérdidas que está teniendo.
En esto es muy importante que primero se garantice a los afiliados y, en segundo lugar, a los prestadores, en un círculo virtuoso, porque de lo contrario no hay confianza para que el sistema siga funcionando.
- Con las dimensiones que ha alcanzado la deuda de las isapres con las clínicas ¿es suficiente el esquema de garantías exigido a la industria?
- La pregunta es si con la actual metodología de la circular 361, esa deuda está incorporada o no en la garantía. Porque sí la Superintendencia está exigiendo esta metodología de cálculo más exigente, y está fiscalizando y controlando que las devoluciones de pago de garantía se vayan efectivamente a pagar por prestaciones, la respuesta debiera ser sí, que esta deuda flotante está considerada en la garantía.
-¿Existe la posibilidad de que la superintendencia no sea capaz de cautelar las garantías de sistema en este escenario?
–Puede ser que alguna deuda nueva no esté incorporada en la garantía y se debería exigir que se cumpliese. Aquí el regulador tendría que dar la tranquilidad en cuanto a que efectivamente, a diferencia de lo que ocurrió con Masvida -que no estaba siendo fiscalizada como corresponde-, ahora sí esto está 100% considerado en las actuales condiciones.
-¿De qué depende ese cumplimiento?
-Si dice que están revisando los cálculos de garantías, si efectivamente se están ajustando a la metodología más exigente de las provisiones y realmente se va a poner más celo en la devolución de garantías controlando todos los eventuales filtros -como el manejo de cheques y ese tipo de cosas-, ahí la respuesta podría ser sí. Entonces, si se estuviera fiscalizando y la devolución de garantías efectivamente se está destinando a pagar deudas –y por lo tanto se está neteando y no hay incremento de deudas-, no habría problema.
- ¿Existen los incentivos para que la superintendencia sea exhaustiva en este punto?
-En 2019, la autoridad decía “quédense tranquilos porque tenemos una ley que nos protege el 100%”, pero resulta que en la práctica se demostró que al final solo cubrió un 50%. Entonces, no basta solo una declaración de la autoridad, sino que tiene que demostrar su celo fiscalizador con todas sus facultades para así dar efectivamente una señal tranquilizadora.
Las estrategias del Gobierno
-A estas alturas, en el sector privado existen opiniones que afirman que el actual Gobierno no tendría como objetivo estabilizar a las isapres, tomando en cuenta que su política de salud busca el fin del sistema como lo conocemos ahora…
-Lo voy a graficar de la siguiente manera. Cuando yo fui superintendente de Salud, durante el caso de la isapre Vida Plena, parlamentarios de la Concertación, más de izquierda, nos decían que nosotros no debíamos hacer nada para arreglar esa situación, porque era un ejemplo viviente de que el sistema no funciona. En nuestro diagnóstico -esto se conversó con el Presidente Ricardo Lagos y el ministro Pedro García-, la conclusión fue que por mucho que quisiéramos reformar a las isapres porque no nos gustaba cómo funcionaban, no podíamos dejar a 150 mil personas afiliadas sin una solución por ese planteamiento más bien ideológico, y que debíamos resolver el problema coyuntural que enfrentaban esos beneficiarios. Y después, por la vía del debate político, legislativo y democrático, buscar la reforma que queríamos. Dicho de otra manera, para nosotros como gobierno no fue moralmente aceptable “matar” a la isapres por la vía administrativa, excusándonos, por así decirlo, por nuestra incapacidad política de no llegar a acuerdos de reforma. Lo quiero decir así de grave. Lo enfrentamos de esa manera y presentamos el proyecto de ley corta de Isapre que significó toda la legislación que se aprobó en 60 días por unanimidad en 2003.
-¿Es posible que una disyuntiva similar se esté dando ahora en la coalición de Gobierno?
-Yo tiendo a pensar que hoy puede estar ocurriendo que ciertos sectores del Gobierno, los más radicalizados, estén pensando en que -más que hacer una reforma-, la mejor manera de demostrar que el sistema no es sostenible es dejar morir a las isapres por la vía administrativa. Pero el problema es que ahora ya no estamos hablando de 150.000 personas, sino de los problemas de salud y la continuidad de la atención para 3,3 millones de personas. Por lo tanto, creo que aquí el Gobierno y los entes reguladores tienen que buscar por la vía de la regulación actual todos los esfuerzos para mantener la continuidad de atención de esas personas. Eso es lo primero y lo más importante, e insistir sobre su propuesta de reforma por la vía democrática y el debate legislativo.
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