Juan Luis Castro y los nuevos desafíos para la ley corta de isapres tras fallo por GES: “Es perentoria una decisión que pasa por el comité político y Hacienda”
“Pedimos de verdad que el Ejecutivo tome un rol en lo que viene, porque la ley corta no da abasto para toda la magnitud de los cambios más estructurales que hay que hacer”, señala el presidente de la Comisión de Salud del Senado, quien destaca el alto consenso logrado en la instancia y aspira cumplir el primer trámite dentro del próximo mes.
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La sesión de este lunes en la Comisión de Salud del Senado para analizar el fallo de la Corte Suprema por la prima GES de las isapres dio luces del cierre de una etapa en la búsqueda de soluciones en la crisis de esta industria y la apertura de una nueva fase que ahora apunta al diseño de un marco más estructural y de fondo que el discutido hasta ahora.
Una evidencia del ánimo la oportunidad, dos representantes de lados opuestos del espectro político en el comité técnico –Emilio Santelices, exministro de Salud del gobierno de Piñera, y Cristóbal Cuadrado, exsubsecretario de la actual administración- coincidieron en el avance alcanzado en la instancia asesora del diseño de la ley corta hacia el propósito de sentar las bases de una reforma a la salud bajo principios de mayor solidaridad.
“Pedimos de verdad que el Ejecutivo tome un rol en lo que viene, porque la ley corta no da abasto para la magnitud de los cambios estructurales que hay que hacer”.
Una visión que ya apoyan las propias isapres. “Hay una amenaza enorme para todos. Pero también aquí hay una oportunidad para avanzar hacia un sistema más razonable y justo para todos. Estamos realmente interesados en aportar a construir ese mejor sistema de salud, y esta ley corta puede ser el camino para una reforma más profunda a la cual estamos comprometidos a colaborar”, declaró Gonzalo Arriagada, presidente de Nueva Masvida en la misma oportunidad a nombre del directorio de la Asociación de Isapres.
Desde la presidencia de esa instancia, el senador Juan Luis Castro sostiene que “el largo proceso de judicialización que ha vivido la industria por años debe ir culminando en un escenario que se construya a partir de los fallos, factor que cambió el escenario no solo en términos de devolver lo que corresponda a las personas que se han visto afectadas, sino para pensar, a partir de esta crisis, en una reformulación para que el mundo privado pueda tener un puerto de llegada, transformándolo en una oportunidad”.
-¿Qué implicó la reciente sentencia por las primas GES para la tramitación de la ley corta propuesta fundamentalmente como una salida al fallo anterior por tabla de factores?
-La ley corta es una ayuda muy importante, pero no es suficiente aún para poder pensar en las bases de un inicio transicional de una reforma. Es decir, empezar un nuevo ciclo en donde lo que hoy son las isapres puedan reconvertirse de manera pactada y programada hacia, por ejemplo, seguros complementarios en el futuro; es una alternativa.
-¿Cuáles son los ejes de ese trabajo?
- Viene una etapa en que las personas y también el sistema, necesitan certezas. Todos los sectores hoy claman que no solamente interpretemos las sentencias judiciales, sino que vayamos adecuando el escenario futuro. No tropezarnos con la misma piedra -vale decir, la lógica de seguros privados que hoy tiene un agotamiento- sino una lógica de seguridad social donde haya un rol permanente de complementariedad público-privada, generando condiciones para que las personas perciban que pueden tener opciones en ambos sistemas. Por ejemplo, con la modalidad de Fonasa complementaria que está en el proyecto de ley corta, que es una buena alternativa para el sector de clase media, pero también con reglas claras.
Todo eso tiene que estar al servicio de la atención de la gente, que está postergada y, en ese plano, tengo la impresión de que hay un ánimo de construcción de alternativas futuras que den seguridad de salud.
-¿Por qué es necesario ahora que la ley corta tenga un alcance más profundo que el planteado originalmente?
-La crisis de las isapres no es solitaria ni aislada, sino que también tiene efectos en el mundo prestador privado, en el mundo de las clínicas –que atienden cinco millones de personas del mundo del Fonasa-, donde hay deudas millonarias que saldar. El nivel de interacción público privada ya es suficientemente poderoso como para pensar que la crisis de uno no afecta al otro. Y por eso es perentorio que el Ejecutivo tome una decisión.
-¿Cuál es la tarea que debe realizar el Gobierno ahora en la ley corta en este nuevo escenario?
-Pedimos de verdad que el Gobierno tome un rol en lo que viene para adelante, porque la ley corta, va a ayudar, pero no da abasto para toda la magnitud del cambio que hay que hacer. Por eso es perentorio que el Ejecutivo tome una decisión que pasa por el comité político y por el Ministerio de Hacienda, porque aquí estamos hablando de cambios más estructurales, no solo para la adecuación para un fallo que era el sentido original de la ley corta -salvaguardar legislativamente como éste se cumple, lo que vamos a hacer por cierto-, pero nada sacamos con que hagamos una excelente ley corta y la judicialización siga y la gente se siga sintiendo abusada afectando su confianza en el sistema.
“Existe un ambiente para discutir sobre una transición a nuevos modelos”
-¿Cuál es la disposición que ha visto en el Ministerio de Salud para aplicar los ajustes que ve necesarios en este proyecto?
-La ministra de Salud manifestó su disponibilidad y, naturalmente, ella tiene que hacer las consultas al comité político, lo que imagino va a hacer muy prontamente. No veo resistencia, sino la necesaria cautela para dar pasos certeros y no anuncios sin la interacción política, legislativa y financiera que requieren todos estos procesos.
-En el actual escenario político marcado por la polarización ¿existe posibilidad de avanzar en acuerdos en salud?
-Creo que existe un ambiente para discutir sobre una transición a nuevos modelos, que es muy distinto a cuando algunos quieren reforma y los otros no, como el caso de la reforma tributaria, que es blanco o negro. Aquí en cambio se da una paradoja interesante, ya que existe ánimo de todos los sectores de querer dar una señal de cómo la complementariedad público-privada puede arribar un punto de equilibrio y eso es lo que hay que rescatar. Es decir, hay una oportunidad de dibujar un escenario de colaboración pagando lo que hay que pagar en plazos razonables pero, al mismo tiempo, construyendo una alternativa sobre la base de ese 80% de personas que está en Fonasa y para el cual no basta con la red pública. Los hospitales tienen sus propios problemas y tiene que haber una colaboración desde el mundo privado, prestador o asegurador, que ayude a acceder a una prestación de salud en tiempo y forma.
-¿Cuánto incidió el trabajo del comité técnico en este ambiente que se ve a nivel político?
- En estos meses ahí se generó un espacio de diálogo bastante fluido entre los expertos que ha colaborado muchísimo, porque es muy distinto cuando se reúnen los expertos, y se conversa técnicamente y también digámoslo, políticamente, para llegar a puntos de entendimiento, eso es lo que el país valora y que a veces queda sumergido en las declaraciones más rimbombantes. Eso lo logró el Comité Técnico, y ahí vamos a ir depositando las nuevas iniciativas que tome el Ejecutivo para alimentar la ley corta y llevarla a buen puerto.
-En esta profundización del proyecto de ley corta ¿cuáles son ahora los desafíos del comité técnico?
- El Comité Técnico ha tenido una labor hasta ahora fructífera, pero le queda mucho más por delante en este nuevo cuadro, porque estamos recogiendo una sensibilidad que atraviesa los distintos sectores políticos. Eso explica que haya un propósito común que se manifieste de esta manera de todos los sectores y eso hay que recogerlo ahora. Cuando uno ve a dos destacados coordinadores como el exministro Santelices o como el ex subsecretario Cuadrado, -ambos de veredas muy diferentes en la política- decir que hay una consonancia de propósito, entonces cuál va a ser la dificultad de que abordemos esto con un sentido de prioridad y urgencia. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en las fórmulas que permitan lograr el efecto de la interacción público privada con reglas muy claras y que favorezcan a la inmensa mayoría de los chilenos.
-El comité debía haber entregado el informe esta semana y su labor se extendió por el fallo GES ¿cuánto tiempo va a seguir activo?
-En el comité –donde está representado el Ejecutivo a través de Salud, la Superintendencia de Salud y Hacienda, además de las isapres, los institutos académicos y los parlamentarios a través de sus asesores directos- ya prorrogó su vigencia a raíz del último fallo GES, y este nuevo clima permitiría recibir indicaciones desde el Ejecutivo para que surjan las nuevas alternativas a partir del diagnóstico que hoy día hemos constatado. El comité técnico va a seguir funcionando dos veces a la semana y nosotros no vamos a bajar el ritmo.
La carrera contra el tiempo al 30 de noviembre
-¿Dado los plazos contra el tiempo ya que el 30 de noviembre debe empezar a implementarse el anterior fallo por tabla de factores que motivó el envío de la ley corta ¿en cuánto tiempo el Ejecutivo debe implementar sus indicaciones ?
-Estamos a mitad de agosto y los tiempos avanzan rápido. Lo importante es que haya un fuerte involucramiento del comité Político y de Hacienda, porque ahí es donde se resuelven finalmente las prioridades legislativas y creo que es el momento que estamos ya empezando a vivir. Aquí más bien hay conversaciones dentro del Gobierno que tendrán que irse disipando en los próximos días seguramente.
-¿Existe ya un borrador del contenido específico de esas indicaciones?
-No, aún no. Qué mejor que el Ejecutivo lo vaya dirimiendo, porque entiende perfectamente bien la necesidad planteada. El espíritu de diálogo está ahí, están todos los actores sentados a la mesa, que está dispuesta para que así ocurra.
-¿Cómo debe ordenarse el cronograma para el resto de la tramitación?
- Estamos en el primer trámite. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo razonable sería que a fines de septiembre ojalá pudiéramos tener el primer trámite cumplido desde el Senado para así dar espacio a la Cámara de Diputados en lo que respecta a la tramitación y avanzar para que antes del 30 de noviembre tengamos ley corta, mejorada o potenciada con lo nuevo que puede indicar el Ejecutivo. O sea, tenemos algo más de 90 días en total para el Congreso y por eso esta nueva etapa va a ser más acelerada, va a ser de más negociación directa y sobre todo de enmiendas que permitan corregir todo lo que haga falta y sea necesario en el proyecto de ley.
La estrategia legislativa para Fonasa
-¿Dado que el tema isapre se ha complejizado ¿es conveniente que se mantenga el tema de Fonasa dentro de la ley corta?
-Ese es un problema de técnica legislativa. No le asignaría una relevancia superlativa porque va a depender de cómo los contenidos se pueden articular de mejor forma. No es lo esencial si van juntos o separados, sino más bien que se cumpla el propósito dentro de los plazos que tenemos, que son relativamente cortos, para que así tengamos un producto final que a la gente le importe y tenga gravitación. Así que eso todavía puede definirse en las semanas que vienen sin mayor problema.
-¿Hay una apertura a que se pueda tratar de forma separada el problema de las isapres del fortalecimiento de Fonasa ?
- Apertura hay, y diálogo siempre va a haber, pero la resolución final la tiene que tomar el Ejecutivo, porque esto es parte de una decisión de un mensaje presidencial, que es caminar con un instrumento legislativo para cumplir el objetivo que se propuso. No es el aspecto principal, sino como se llega, más que con qué instrumento se llega.
-¿Sería más adecuado enfocarse en el tema de las isapres dado los plazos?
- Eso está en manos del Ejecutivo. Todas las posibilidades están siempre disponibles, pero ahí la palabra la tiene el Ejecutivo, más que nosotros.