Isapres rechazan ley corta del Gobierno y cálculo de devoluciones por US$ 1.400 millones: “Sería la lápida del sector”

A un día de que el Gobierno presentara las bases del proyecto de ley corta para cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores y abordar la crisis de la industria aseguradora de salud, la Asociación de Isapres rechazó ayer la propuesta y puso en tela de juicio su factibilidad como mecanismo para asegurar la continuidad del sector.

“Lo presentado no da viabilidad a las isapres. Al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera”, afirmó en una declaración.

El gremio cuestionó los lineamientos de la propuesta de ley corta dada a conocer este lunes tras una reunión clave entre senadores y diputados –encabezados por los respectivos presidentes de las comisiones de salud de ambas cámaras- y las máximas autoridades del Ministerio de Salud, encabezadas por su titular Ximena Aguilera.

“Lo presentado no da viabilidad a las isapres. Al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera”, afirmó el gremio.

En la oportunidad, y a partir de datos del análisis desarrollado por el Ejecutivo, parlamentarios dieron a conocer que el proyecto tiene entre sus supuestos fundamentales una estimación por concepto de devoluciones por aplicación de tabla de factores por un total de US$ 1.400 millones. Esto corresponde a la entrega a los afiliados de los recursos que las aseguradoras captaron a través de este factor por encima del parámetro reconocido por la justicia, vigente desde abril de 2020.

Justamente estas cifras “que han trascendido de eventuales devoluciones”, centraron el cuestionamiento de la asociación: “Equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector”. Al respecto, cuestionó que estos cálculos “son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias”.

Además, el gremio cuestionó la perspectiva asignada por las autoridades a las devoluciones en función a su reparación de “cobros indebidos”. Puntualiza que esta calificación “resulta impropia y tajantemente la rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales”, junto con asegurar que “genera expectativas desmedidas”.

Otro punto que cuestionan los privados es la señal respecto de los plazos para implementar el proceso, ya que desde fuentes parlamentarias se indicó que el Ejecutivo se inclinaba por establecer un periodo de entre 20 a 24 meses. Al respecto, el gremio sostuvo que “no tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema”.

Conversaciones en punto muerto

La dura reacción de las isapres tuvo lugar en momentos en que las autoridades se disponían a retomar los conversaciones, luego que el gremio congeló su participación en la mesa con el Minsal en enero, alegando falta de avances concretos.

En el marco de su presentación en la Comisión de Salud del Senado ayer martes -horas antes del pronunciamiento de la Asociación de Isapres-, la ministra Aguilera señaló que el propósito de la autoridad era afinar el diseño de la propuesta en acuerdo con las isapres. “Estamos abiertos a que la asociación nos pida tener conversaciones”, indicó. A su vez, el superintendente de Salud Víctor Torres agregó que a partir del diagnóstico actual la idea era “empezar ya a trabajar con datos más precisos que las propias isapres están entregando, para poder hacer las proyecciones y modelamientos”.

Además, el presidente de la comisión de Salud, Francisco Chahuán, invitó a la Asociación de Isapres a una reunión el próximo martes, a la cual también convocó a los titulares del Minsal y de la Superintendencia.

Condiciones para retomar el diálogo

Junto con recordar que transcurrió más de la mitad del plazo de seis meses que otorgó el máximo tribunal –el cual vence a fines de mayo- para implementar el fallo, la Asociación de Isapres llamó al Gobierno a “presentar al Parlamento un proyecto factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud que atiende a 10 millones de chilenos cada año”.

No obstante el rechazo a la propuesta del Ejecutivo, el gremio declaró estar “disponible para trabajar sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados; entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas. Lo que corresponde ahora es encauzar el debate hacia soluciones reales”.

El Gobierno no solo tiene por delante resolver como enfrentar el rechazo de las isapres, sino también las primeras observaciones formuladas ayer por los parlamentarios a los cálculos y la viabilidad financiera del modelo propuesto.

“Necesitamos conocer las modelaciones y la cifra real que se asume tienen que pagar las isapres. La pregunta es si los mecanismos aseguran la sostenibilidad de sistema porque estamos hablando de US$ 1.400 millones. ¿Alguien piensa que esa cifra puede ser pagada en 36 o más meses y asegurar -no solo la sosteniblidad del sistema y el efecto en cadena que puede implicar que caigan las isapres-, sino fundamentalmente la garantía para los afiliados que puedan mantener su cobertura de salud?”, sostuvo el senador Javier Macaya (UDI).