Inflación, alza de costos y negativa de Fonasa a reajustar arancel en 2022 ponen en jaque a los centros de diálisis

Con la implementación del copago cero para las prestaciones en la red pública para los afiliados de los tramos C y D anunciada la semana pasada, Fonasa inició su posicionamiento público como un actor central en las políticas de salud del Gobierno.

Sin embargo, la gestión de esa institución tiene varios frentes por resolver. Este es el caso de los centros de diálisis privados que brindan el 90% de las atenciones a los casi 25 mil pacientes que sufren enfermedad renal crónica, patología cubierta por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

Como entidad que maneja la relación contractual y fija los aranceles de estas prestaciones –que operan en una modalidad institucional donde los hospitales derivan a quienes requieren terapia de hemodiálisis a los centros privados más cercanos- Fonasa está en la mira de esas entidades debido a las condiciones que aplicó para su operación este año. Acusan que la institución decidió no aplicarles el ajuste de aranceles establecido en la Modalidad de Atención Institucional (MAI) que rige la atención de personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal –equivalente a un 4,4% de acuerdo al inflactor para este ítem en 2022– al universo de contratos que entraron en vigencia para el presente ejercicio.

La decisión involucra a 230 establecimientos privados prestadores de estos servicios por un monto global de $ 215 mil millones (en torno al 2% del presupuesto total de Fonasa) y que entraron en vigor en abril pasado tras su toma de razón, completando el proceso que se inició en agosto de 2021. Es en este marco, indican, que Fonasa dictaminó que el sistema debe operar con los precios establecidos el año pasado.

“En promedio de los últimos diez años, la prestación se ha venido reajustando de acuerdo al IPC. Pero este año, cuando se espera que sea de 11,1%, vamos a tener un reajuste de 0%, provocándose una desconexión entre los aranceles y la inflación que alcanza índices enormes. En este marco Fonasa -a nuestro juicio de manera caprichosa e inexplicable-, decidió no corregir los valores de la prestación”, indica Francisco López, presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, e integrante de la “Alianza Diálisis es Vida”, constituida entre todos los actores de este ecosistema que buscan cambiar las actuales condiciones aplicadas por la autoridad.

Para los centros de diálisis –que van desde Pymes hasta empresas internacionales-, la decisión de Fonasa entra en contradicción no sólo con la actual inflación, sino también con el sostenido aumento de los costos de la salud y el efecto del alza del dólar en la adquisición de insumos y equipos.

Para los privados, la solución básica es que el arancel se “ajuste un 4,4% según precio licitado, o se aplique el arancel MAI 2022 de $ 64.500”, señalan.

Los efectos en el sistema

Los actores del sistema aseguran que el efecto del actual “congelamiento” en el valor de sus prestaciones ya está teniendo efectos sobre la viabilidad económica del sector. Lopez advierte que de mantenerse este escenario, implicará que “un gran porcentaje de prestadores -que no son grandes empresas, sino Pymes-, se verán con números rojos y en serio riesgo de cerrar”.

A partir de un estudio encargado a la consultora FK Economics, el presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente, Francois Rius, señaló que en un contexto en el cual el margen promedio de la industria ha bordeado el 3,8% en los últimos años “un 42% de los centros de diálisis privados está en situación económica con pérdidas, lo cual se compara con el 18% observado en 2020”.

“Los centros han comenzado a reflejar las consecuencias de estas decisiones”, señala el representante del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados, Miguel Vargas. En efecto, explica que la semana pasada “cerró el primer centro de diálisis en Viña del Mar, que tenía más de 30 años de funcionamiento ininterrumpido y atendía a más de 60 pacientes en hemodiálisis”, en referencia a la medida que aplicó Nephrocare (división de la alemana Fresenius Medical Care), una de las firmas internacionales que está presente en el país junto a la sueca Diaverum y la japonesa Nipro. A ellos se suman unos 115 centros independientes del segmento Pymes.

“La crisis actual del ecosistema de diálisis se traduce en que, al menos en la V Región, ya comenzó el deterioro del funcionamiento de la red de centros de diálisis. Y, si esta realidad se extiende, finalmente afectará a más de 24 mil enfermos renales que necesitan diálisis en nuestro país”, dijo el dr. René Clavero, presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología.

Los representantes advierten que la sostenibilidad de la red de centros es fundamental para evitar una eventual crisis sanitaria, dado que ofrecen la gran mayoría de las prestaciones a lo largo del país. “Nuestra capacidad instalada no es capaz de absorber cierres de centros, por ejemplo, en niveles de un 20% y hay lugares como Illapel o San Antonio en que no hay otra oferta. Es preocupante porque el Estado no tiene capacidad de sustituir, ni en calidad ni cantidad, los centros que se fueran cerrando”, señala López.

En este escenario, los representantes de los centros de diálisis y de asociaciones de pacientes, activaron gestiones ante Fonasa, el Ministerio de Salud -con cuya titular María Begoña Yarza tienen previsto reunirse esta semana- y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ante la cual expondrán en los próximos días.

Plantean que la solución al problema está en manos de Fonasa. “La ejecución del Presupuesto aprobado para este año permitiría resguardar la sostenibilidad inmediata de los centros de diálisis y asegurar el acceso a esta prestación para pacientes renales crónicos existentes”, indica López.