Gobierno define ejes de ley corta de isapres: 24 meses de plazo a devoluciones, pero limita retiro de utilidades

La esperada reunión entre las máximas autoridades de Salud con senadores y diputados para abordar la crisis de las isapres realizada ayer lunes, fue el marco elegido por la autoridad para dar a conocer los ejes del proyecto de ley corta que busca evitar un desplome financiero de la industria como consecuencia de la inminente aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Este obliga a las aseguradoras a devolver aquellos recursos que han captado por encima del marco oficial reconocido por la justicia -vigente desde abril de 2020- y su implementación está en manos de la Superintendencia de Salud.

En su diagnóstico, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que el estado actual del sistema “es una situación compleja que requiere apoyo transversal y la preocupación de todos los sectores en poner al centro las necesidades de tres millones de afiliados, y también evitar los efectos sistémicos que tendría una situación de aplicación de fallo en forma no progresiva, no prudente o responsable, que es lo que estamos planteando”.

“Cumple con los elementos de progresividad en la aplicación del fallo y guarda relación con el impacto político y sanitario”, dijo el senador Francisco Chahuán.

“Cumple con los elementos de progresividad en la aplicación del fallo y guarda relación con la potencia del impacto político y sanitario que se pueda provocar”, señaló el senador Francisco Chahuán (RN), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, representando el clima de acuerdo que imperó en la conferencia de prensa tras la reunión.

La ministra de Salud señaló que el propósito del Gobierno es “ingresar el contenido del proyecto a fines de este mes de marzo, con una propuesta en la que tratamos de ser responsables en el sentido de que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero a la vez se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso y que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y de su acceso a los prestadores. Y, al mismo tiempo, también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas a Fonasa, donde también teníamos que reforzar la protección financiera de todos ellos”.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se reiteró el principio de descartar un rescate a la industria, sino que su objetivo es generar condiciones que le permitan sobrevivir. “Acá no pueden haber recursos fiscales adicionales. Tampoco se trata de un salvataje a las isapres, sino más bien cómo logramos darle viabilidad financiera para garantizar los derechos de los tres millones de afiliados y también de cumplir el fallo de la Corte Suprema”, dijo Chahuán.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) enfatizó que la propuesta de ley corta debe abordar "el dilema de cómo ecualizar las devoluciones sin precipitar una quiebra y, a la vez, garantizar el cumplimiento del fallo de la Suprema. Y ese es el desfiladero estrecho, pero viable, que hoy hemos conocido”. En este marco, instó a que “nadie tome decisiones apresuradas hasta que no lleguen las fechas en tres meses más de cumplimiento de este fallo”.

Las exigencias para las aseguradoras

Entre los puntos principales del proyecto destaca el establecimiento de un plazo de entre 20 y 24 meses para que las isapres concreten las devoluciones –que se entregará vía de excedentes– con lo cual se busca aminorar el impacto financiero del fallo. En este punto existe una diferencia con los parlamentarios de oposición, que se inclinaban por un período de 36 meses.

Sin entrar en los detalles técnicos, Aguilera manifestó que el propósito general de la futura ley es “dar un tiempo que favorezca el logro de un equilibrio financiero pero haciéndole exigencias a la isapre para el logro de ese equilibrio financiero”.

Posteriormente, la minuta del proyecto detalló un conjunto de exigencias para las aseguradoras. Entre ellas que “se impedirá el retiro de utilidades mientras no se pague la deuda”. Parlamentarios señalaron que esta es la principal condición planteada en la propuesta y se refiere especialmente al cumplimiento de las devoluciones por tablas de factores, también se extiende en general a todas las obligaciones pendientes como, por ejemplo, el pago a los prestadores.  

“Apunta en una línea correcta”, porque “pone el acento en las personas y no en las empresas”, señaló el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, quien subrayó que el foco del proyecto es que las isapres pueda cumplir el fallo sin caer en insolvencia, y que no que éstas obtengan ganancias.

A su vez, su par Eric Aedo (DC) concuerda con ese diagnóstico y calificó la medida como aceptable y acertada. “Es poco presentable que las isapres repartan utilidades mientras mantienen las deudas con sus propios usuarios o afiliados”, argumentó. Agregó que “si la propia isapre incurrió en cobros indebidos -que la justicia así lo ha establecido y obliga a pagar-, me parece justo que no pongan la energía en sacar utilidades, sino que en pagar la deuda que tienen con sus propios usuarios, manteniendo el sistema de salud privado y manteniendo las prestaciones de salud”.

Si bien concuerda con el fondo de la iniciativa, el diputado Andrés Celis (RN), tiene sus dudas respecto a la viabilidad de la medida desde el punto de vista legal: “Mi temor es que si finalmente se presenta un proyecto de ley en esa línea, por más que tenga el legítimo sentido común (...) sea una aberración jurídica y nos traiga más problemas internacionales y que sea peor el remedio que la enfermedad”.

Lagomarsino subrayó que el proyecto del Gobierno buscará exigir a las aseguradoras privadas un mayor control de los costos y eficiencia en el gasto. En efecto, las otras acciones en esta línea contenidas en la propuesta se refieren a medidas de contención de costos de las isapres -con un plan establecido en los 30 primeros días-; nuevos mecanismos de pago a prestadores; diferenciación en el trato con prestadores relacionados y no relacionados, y una mayor fiscalización a la emisión, autorización y pago de las licencias médicas.

No obstante, fuentes del Congreso indicaron que este tema, al igual que el conjunto de las propuestas, seguirá sujeta a discusión en las semanas que vienen hasta el envío del proyecto de ley corta comprometido a fines de este mes, y que en ese lapso será puesto en conocimiento de las propias isapres a través de su gremio.

Modernización de Fonasa

El proyecto de Ley Corta no sólo aborda la crisis de las isapres, sino que tiene entre sus puntos importantes a Fonasa con la modernización de la protección financiera y sanitaria a sus beneficiarios, tanto en prestadores públicos como privados, con eje en el fortalecimiento de la Modalidad de Libre Elección.

“Hemos tenido una acogida transversal al tema de la necesidad de fortalecer el seguro público y mejorar la protección financiera de las personas que ocupan a los prestadores privados a través del seguro público. Tenemos una migración mayor hacia Fonasa de personas que emigran desde isapres y que tienen costumbre de usar la modalidad de libre elección pero tienen una menor protección financiera que antes.  La propuesta ayuda a mejorar la protección financiera de Fonasa a través de seguros voluntarios de copago, que son también a través de empresas privadas y que en el ideal serían licitados en una primera instancia”, indicó la ministra de Salud.

“Va a haber un Fonasa diferente, con capacidad además de tener redes privadas y seguros adicionales con tarifa plana, y no con tarifa no inflacionaria como es la de las isapres”, acotó el senador Castro.

Devoluciones por fallo de la Suprema
ascenderían a US$1.400 millones

En la reunión de ayer, las autoridades actualizaron los datos de la magnitud de las devoluciones que instruyó el máximo tribunal por tablas de factores, las cuales fueron estimadas preliminarmente en US$ 1.400 millones. “Hoy se ha hecho claridad, primero en saber cuánto le debe la isapre a las personas -estamos hablando de US$ 1.400 millones, aproximadamente- por efecto de un fallo judicial que al 30 de mayo próximo tiene que empezar a aplicarse para que haya devoluciones”, indicó el senador PS Juan Luis Castro.
De este diagnóstico –sumado a la actualización de las pérdidas del sistema que totalizan “$ 300 mil millones en los últimos dos años”- el senador Chahuán manifestó que estos datos “hablan del impacto que pueda provocar con las quiebras de prácticamente todas las isapres en el plazo de cuatro meses y con una caída sistémica de las clínicas privadas, si es que no se adopta la medida de rigor”.