¿El Gobierno debe jugarse a fondo para evitar un riesgo de quiebra de las isapres?

Si bien la crisis financiera de las isapres estalló en 2021, fue a lo largo de este año que la profundización de las pérdidas y los efectos de dos “supremazos” que instruyeron importantes medidas para su funcionamiento, han llevado al sistema a un punto decisivo. Para los principales representantes de la salud privada y ex autoridades, la clave está en el mecanismo que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, establezca para implementar el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores. Una tarea que tiene un plazo máximo de seis meses, pero que los privados instan a definir a la mayor brevedad para así lograr contener un escenario de eventuales quiebras de isapres.

Gonzalo Simon:
“El destino del sector está en manos de la superintendencia”

“El destino del sector y sus beneficiarios está actualmente en manos de la Superintendencia de Salud”. Así de rotundo es el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, sobre el impacto que tendrá el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Ante ese desafío, asevera que la principal medida que el regulador debe adoptar en 2023 es aplicar el espíritu del dictamen del máximo tribunal que “busca corregir un vacío y uniformar al sistema, pero no forzar su término ni provocar una situación de vulnerabilidad asistencial a cientos de miles de familias”.

Al enfatizar la importancia de los ajustes operativos que debe implementar la superintendencia, Simon señala que “si son correctamente delineados, permitirá cumplir los contratos y entregar beneficios a los afiliados”. En caso contrario, advierte que una implementación errada “provocará no solo el fin de las isapres y de las coberturas de más de tres millones de afiliados, sino también la falla del sistema de salud privado que atiende a casi 10 millones de chilenos al año”.

Para lograr este objetivo, indica que la medida del acierto en la metodología determinada por la autoridad será que “cumpla el principio básico de no inhabilitar a las isapres para seguir entregando los beneficios pactados, manteniendo la subsistencia del sistema”.

Gonzalo Grebe:
“El problema se ha venido extendiendo por demasiado tiempo sin soluciones de fondo”

Para las instituciones que realizan las atenciones de salud en el sector privado, la crisis de las isapres constituye una “problemática que se ha venido extendiendo por demasiado tiempo, sin soluciones de fondo que permitan superarla y que no hace posible para nadie -pacientes, médicos y prestadores- funcionar y proyectar el futuro bajo una permanente amenaza de colapso del sistema”, dice el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe. Junto con indicar que la línea del gremio es realizar un “aporte constructivo, pero sin eufemismos”, resalta que el sector “hace esfuerzos enormes, incluso con nuestro capital de trabajo, para garantizar la operación”.

La magnitud de la situación que enfrenta el sistema, enfatiza, requiere certezas y medidas concretas con sentido de urgencia. “El Ministerio y la Superintendencia de Salud tienen un rol clave para armonizar las resoluciones judiciales, entregando a la brevedad reglas del juego claras, que resulten no sólo razonables, sino que también permitan sostenibilidad y operatividad en el tiempo”, indica Grebe.

Recuerda que la crisis pone en jaque a “los pacientes y sus tratamientos”, no sólo a los beneficiarios del mundo privado sino también a los del sector público:“El 52% de las atenciones del sistema privado son destinadas a pacientes de Fonasa”.

Manuel Inostroza:
“No buscar una solución implicaría un costo político muy grande”

Abordar la crisis de las isapres “no se trata de un salvataje, sino de mantener beneficios para 3,3 millones de personas”, señala el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza. En esta línea, advierte que no se debe “soslayar la crisis que generaría la osadía de querer que el sistema privado caiga por su propio peso sin buscar una solución”, ya que un escenario como ese representaría un “golpe muy duro para el Gobierno” por implicancias como que 400 mil personas con cobertura GES “no puedan mantener sus beneficios, lo cual implicaría un costo político muy grande”.

A su juicio, las soluciones requieren “una alta voluntad política, con mucho liderazgo y sentido de responsabilidad, capacidad que no veo por diferencias de opinión que tienen muy dividido al Gobierno”.

En la coyuntura marcada por el fallo de la Corte Suprema, el experto subraya la necesidad de implementarlo de una manera que permita asegurar las coberturas a los beneficiarios del sistema mientras se decida acometer una reforma estructural.

Para ello, recomienda acciones como aclarar el plazo para los cálculos de las eventuales devoluciones –“verificando que son tres años, ya que la tabla de factores de la superintendencia no existía antes de 2019”- y desarrollar una estrategia progresiva que aborde temas de fondo. Por ejemplo, eliminar la tarificación por riesgo “encaminándonos a una modalidad de cobro por tarifa plana, para así no generar situaciones que hagan caer financieramente a las isapres y les permita dar continuidad a los planes”.