Duro debate marcó la recta final de la consulta de Socofar por diferencias en precios de medicamentos en TDLC

El debate en torno a los términos de comercialización de productos farmacéuticos saltó nuevamente a la primera línea del análisis en materia de libre competencia con motivo de la audiencia pública realizada ayer martes por causa de la consulta de Socofar que denuncia la existencia de condiciones diferenciadas por parte de los laboratorios en sus tratos con el sector público en comparación con los actores privados.

Ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y a lo largo de casi seis horas, los representantes de la parte recurrente y de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) protagonizaron un duro intercambio de argumentos con laboratorios y asociaciones gremiales de firmas farmacéuticas.

Socofar –que forma parte de Femsa Salud, que también controla Farmacias Cruz Verde- abrió los fuegos a través del abogado Cristián Reyes enfatizando que el principal factor que permite la diferenciación de precios denunciada es “el poder de mercado que detentan los laboratorios en el canal retail” como resultado de factores como la preferencia de los consumidores finales por la marca de los medicamentos, antes que por su valor, dadas las “asimetrías de información existentes y la escasa intercambiabilidad de fármacos”.

Junto con reiterar sus juicios a partir de los estudios elaborados por cuatro expertos -Joaquín Poblete, Nicolás Figueroa, Marcelo Villena y Francisco Agüero- Socofar recurrió nuevamente a las conclusiones del estudio de mercado realizado por la FNE en 2020 que “detectó una diferenciación de un 89% promedio en los precios de venta de los laboratorios según si la venta se realiza al canal público o privado”.

Reyes enfatizó que ninguna de las razones que se invocan para justificar esas brechas de precio -diferenciación de costos, volúmenes y procesos de compra- “resultó ser plausible por la FNE para fundamentar que estos proveedores vendan un mismo medicamento a dos precios con el nivel de diferenciación constatado, según éste sea dirigido al canal retail o al canal institucional”.

En la misma línea, la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), representada por su presidente Héctor Rojas, instó a “establecer medidas suficientes para enmendar esta política comercial de los laboratorios y poner fin al perjuicio que ella está generando a las farmacias independientes”, en el caso que el TDLC considere corregir que la diferenciación de precios entre el canal institucional (donde se abastece a los prestadores públicos y privados) y el canal retail. 

La ofensiva fue rebatida por Juan Cristóbal Gumucio, en representación de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF). “Esta consulta es totalmente improcedente y, si se acogiera, va distorsionar el mercado al equiparar mercados que son diferentes –con una excesiva simplificación de la realidad- debilitando el rol de Cenabast como aglomerador de demanda y herramienta para bajar los precios de los medicamentos”, señaló.

Reiterando los argumentos de rechazo a la consulta -“no define ningún mercado relevante, ni identifica posición dominante”, señaló-, Gumucio insistió en que la iniciativa de Socofar no considera que el mercado considera ámbitos distintos con costos disímiles, ni toma en cuenta que la “diferencia promedio no es aplicable a todos los medicamentos, en circunstancias que deben considerarse los precios y circunstancias específicas” de cada fármaco.

En la misma perspectiva, la representante de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), Ximena Rojas, sostuvo que la ausencia de un mercado relevante “desvirtúa la viabilidad de la consulta; no existen antecedentes en autos que permitan dilucidar en qué mercado se estarían realizando las conductas imputadas por Socofar”.

Al profundizar su argumentación respecto de que en este caso no se cumplen los supuestos para demostrar la existencia de una política de discriminación de precios por parte de los productores de medicamentos que atente contra la competencia, subrayó que  “las transacciones de los laboratorios en el canal retail y aquellas en el canal institucional, no pueden ser consideradas como transacciones equivalentes, entre otros, pero principalmente, por las evidentes diferencias de costos que implican para los laboratorios atender a uno y otro canal”.