Dipres fija plan para saldar deuda por casi $ 200 mil millones, pero clínicas lo ven “absolutamente insuficiente”

La alerta por la deuda de casi $ 200 mil millones que han acumulado los servicios de salud desde 2019 con las clínicas por concepto de atenciones realizadas bajo ley de urgencia a pacientes del sector público se instaló como un tema urgente este martes en la Comisión de Salud del Senado, en el marco de una sesión cuyo objetivo era analizar la ley corta de isapres. En esa instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, informó ante consultas de senadores que su cartera y la Dirección de Presupuestos (Dipres) acordaron un mecanismo para saldar estas obligaciones con los prestadores privados que ascienden a un total de $ 196 mil millones.

Junto con puntualizar que “estamos conscientes de la situación”, la secretaria de Estado indicó que “la Dipres nos ha ofrecido un plan de pago con el cual podríamos hacernos cargo del 40% de la deuda de aquí a marzo de 2024 y completar el pago de la deuda total dentro de este Gobierno”, diseño que implica la entrega del resto de los recursos durante un periodo comprendido hasta 2026.

“La Dipres nos ha ofrecido un plan de pago con el cual podríamos completar el pago de la deuda total dentro de este Gobierno”, dijo la ministra Ximena Aguilera.

Cabe señalar que las clínicas han señalado que el 97% del monto adeudado corresponde a atenciones por ley de urgencia –fundamentalmente por “rescates” de pacientes desde los prestadores privados en la fase de recuperación hacia la red pública- y el resto a exámenes e intervenciones quirúrgicas como trasplantes.

Aguilera manifestó que el plan establecido por el Ejecutivo en torno a estas obligaciones “entiende que se trata de una responsabilidad de Estado, puesto que viene del gobierno anterior; esos servicios fueron prestados y, por lo tanto, existe la obligación de pagarlos”.

Con ello, aludió a las disposiciones que en 2019 radicaron en los servicios de salud respectivos la obligación de asumir las cuentas de pacientes del sector público en las clínicas por las atenciones posteriores a la estabilización de los cuadros de urgencia.

Previo a la sesión del Senado, desde la Dipres explicaron que “para resolver la situación de la deuda acumulada, se acordó con el Ministerio de Salud generar un plan de pago de los $ 196 mil millones adeudados, preliminarmente, a marzo de este año, en el período 2023–2026”, precisando en relación a la modalidad para inyectar esos recursos que éstos “no se entregarán a los servicios de salud, sino que se ejecutarán a través de Fonasa, de manera de garantizar su pago”.

Junto con recordar que el problema se originó en una decisión del gobierno anterior en enero de 2019, la Dipres indicó que durante el actual administración se han destinado para este efecto “$ 97 mil millones, de los cuales parte importante fueron utilizados para pagar deuda generada entre 2019 y 2021”, agregando que durante el presente año se estableció un aumento de los recursos para este efecto.

Clínicas: “No nos deja satisfechos”

Tras el anuncio del Gobierno, el gremio que representa a las clínicas manifestó su disconformidad con la fórmula propuesta para saldar la deuda, especialmente con el horizonte para concretar el pago. “Valoramos que el Minsal reconozca el nivel de deuda que tiene, pero nos parece absolutamente insuficiente la respuesta que ha dado la Dipres respecto a cómo se va hacer cargo de esa deuda dada su antigüedad y, por lo tanto, esperamos un esfuerzo mayor”, señaló este martes el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida.

Al respecto, puntualizó que la mayoría de las obligaciones impagas de los servicios de salud data desde hace más de dos años, mientras “otro porcentaje importante tiene más de tres años e, incluso, hay ejemplos de hace cuatro años”.

Sobre esta base, Fuenzalida indicó que no obstante el reconocimiento del volumen que ha alcanzado la deuda “claramente no nos deja satisfechos que la Dipres solo esté disponible a pagar el 40% de ésta en seis meses, mientras que para el resto van a pasar dos años hasta que termine la actual gestión”.

El directivo profundizó en los efectos financieros que está teniendo este tema sobre el sector. “Se trata de deuda corriente que no tiene intereses, por lo cual se descapitaliza, además de estar expresada en pesos y no en UF, por lo que hay una serie de incidencias financieras enormes. Entonces, nos parece una respuesta pobre; debió haber existido más sensibilidad y un esfuerzo mayor del Estado para hacerse cargo de esta deuda histórica, entendiendo la crisis que estamos viviendo como sector”.

En relación a los pasos que seguirán las clínicas en este escenario, Fuenzalida indicó que “primero que todo, queremos conocer la respuesta formal”, agregando que “insistirán ante la Dipres esperando que la Directora de Presupuestos nos reciba”.

Al respecto, enfatizó que “no vamos a cejar hasta que la Dipres manifieste una mayor voluntad de pago, ya que lo que nos ofrece para saldar la deuda es insuficiente”.

Efectos en los prestadores privados

En términos globales, las clínicas enfrentan deudas de parte de las isapres que bordean los $ 500 mil millones –con una leve mejoría en relación a los $ 560 mil millones de 2022- y obligaciones corrientes de Fonasa por otros $ 130 mil millones.
En este escenario, los prestadores privados argumentan que los $ 200 mil millones que les adeudan los servicios de salud públicos “nos ha llevado a una situación realmente insostenible”, como alertó el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, en entrevista con DF este lunes.
El directivo gremial advirtió repercusiones entre actores del sector. “Por ejemplo, algunas clínicas de la Quinta Región y de la zona correspondiente al Servicio de Salud Santiago Occidente, están teniendo problemas de financiamiento, ya que se está recurriendo a deuda para solventar la operación diaria. Un número importante no da abasto con esta situación”, explicó.
En el caso de los establecimientos que se vean obligados a restringir sus operaciones, advirtió que “el primer gasto afectado es el de personal, que equivale al 50% de los costos de los prestadores privados, donde trabajan del orden de 210 mil colaboradores”.