Tras el impacto provocado por el fallo de la Corte Suprema sobre las primas de las Garantías Explícitas en Salud (GES) de las isapres, la Comisión de Salud del Senado que elabora el proyecto de la ley corta para el sector actualizó este martes el análisis de los efectos para dos de los principales actores involucrados: los médicos y las clínicas.
Si bien los prestadores privados han venido advirtiendo reiteradamente las consecuencias de la crisis del sistema asegurador de salud, el presidente del gremio, Gonzalo Grebe, formuló este martes su diagnóstico más duro sobre el alto riesgo en el que se encuentra la industria. “Después del tercer fallo, los prestadores estamos en alerta y, a nivel de gremio, hemos determinado que nuestra situación es bastante crítica. La deuda a la cual tiene que hacer frente el sistema asegurador para responder a los fallos es gigantesca y, de no mediar una solución, declararía en insolvencia o default a isapres de aquí a diciembre de este año”, señaló el representante gremial.
“Vemos mucha incertidumbre. Los prestadores han suspendido inversiones y aumentan los despidos de funcionarios del sector privado”, dijo el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.
En este marco, advirtió sobre el impacto financiero para las clínicas ante una caída de las isapres, recordando que se encuentran en una situación “no prioritaria” en un eventual proceso de liquidación. “Hay garantías insuficientes y el proceso de liquidación no garantiza que esos dineros vayan a llegar efectivamente a las arcas de las clínicas frente a un colapso, ya que no están en primer orden de prioridad en el proceso de liquidación, que es tremendamente engorroso y lleva a que la posibilidad de contar con dicho dinero sea prácticamente imposible”, explicó. Puso como ejemplo el caso de la quiebra de Masvida ocurrida en 2017 “cuyas garantías todavía no se liquidan”.
El timonel de las clínicas abordó el estado en materia de endeudamiento, detallando que -dentro de cuentas totales de las isapres por $ 793 mil millones-, la deuda con los prestadores llegó a $ 563 mil millones a junio pasado, -con un alza de 23% respecto del mismo mes de 2022- mientras que las garantías de las aseguradoras en relación a esas obligaciones ascendía a $ 478 mil millones (con una cobertura promedio de 82%). Por ello, consideró que este factor es “insuficiente para deudas con incertidumbre sobre su posibilidad real de cobro”.
En su diagnóstico, añadió que “en el primer semestre, las isapres pagaron deudas por $ 515 mil millones, pero con cargo a las garantías de las cuales la Superintendencia de Salud es responsable de liberar”.
Grebe recordó que las clínicas enfrentan además la deuda por atenciones a pacientes del sector público, que ascendía a $ 382 mil millones al 30 de junio, de los cuales unos $ 200 mil millones corresponden a los servicios de salud y que datan en su mayor parte de hace dos y tres años. Luego de intensas gestiones, el Gobierno ofreció pagar el 40% de esa deuda a marzo próximo y el resto durante la actual administración. “La propuesta que recibimos hace pocas semanas la verdad que es inaceptable”, aseveró.
En este marco, Grebe advirtió que “los prestadores enfrentamos una severa amenaza producto de la crisis y deudas del asegurador privado y, por deudas y condiciones de pago del seguro público. Frente a este riesgo, todos los prestadores están preparando planes de contingencia y un porcentaje importante de las inversiones, especialmente de mayor plazo, están todas postergadas”, sentenció.
Colmed: "Hay que garantizar los pagos"
“Vemos a muchos usuarios con incertidumbre respecto a la continuidad de sus tratamientos. Algunas isapres suspendieron la venta de nuevos planes y muchos centros no reciben bonos de los pacientes. Y también esto se traduce en que los prestadores han suspendido sus inversiones en tecnología y modernización, y en aumentos de los despidos de funcionarios desde el sector privado”, aseveró ayer en la misma instancia el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.
Dentro una propuesta para el diseño de la Ley Corta en lo que se refiere al cumplimiento del fallo y el fortalecimiento de Fonasa, Meza puso énfasis en el riesgo que enfrentan los prestadores, tanto a nivel institucional como individual para los propios facultativos. “Debemos garantizar las formas de pago y los plazos, con un máximo de 60 días -contando desde el día de la facturación-, en el caso de los prestadores institucionales y de 30 días para los individuales.Y en caso de insolvencia, se propone incorporar a los institucionales en el 6.º grado de prelación y en el 5.º grado a los individuales, ya que hoy no están considerados. También, y al igual que para el pago de los afiliados, se debe establecer una secuencia de acciones con tiempos definidos determinando el valor exacto de la deuda”, dijo el titular del Colmed.
Incluso, propuso que para aquellos casos de “prestadores privados en los que exista insolvencia o riesgo del funcionamiento, se pueda considerar la posibilidad de una línea de crédito extraordinario de bajo costo administrada por el BancoEstado o Corfo para inyectar capital de trabajo, de tal modo que puedan tener continuidad en su funcionamiento”.
Aseguradores: "La modalidad de cobertura complementaria no sería viable"
Dos puntos en contra tuvo en la Comisión de Salud del Senado uno de los ejes del proyecto de ley corta: el plan de fortalecimiento de Fonasa centrada en el establecimiento de una Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que busca posibilitar que aquellas personas que provienen de las isapres puedan continuar accediendo a prestadores privados de salud ofreciendo niveles de respaldo financiero similares.
Por un lado, en el curso del debate, los senadores de oposición insistieron en la conveniencia de separar el perfeccionamiento del seguro público de la discusión del nuevo marco para las aseguradoras privadas. “Me interesa mucho que avancemos en resolver primero el tema de la viabilidad y la estabilidad del sistema privado, y discutir aparte lo de Fonasa en dos proyectos o dos discusiones distintas por los tiempos que nos apremian”, indicó el senador Sergio Gahona (UDI).
Y el otro tema contrario al diseño del Ejecutivo provino del gremio de las compañías de seguros y su análisis de la viabilidad de la propuesta de cobertura complementaria, en la cual ese sector está llamado a tener un rol protagónico.
“Nosotros creemos que la modalidad de cobertura complementaria tal cual está, no sería viable”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude.
El directivo precisó que su análisis dice relación con “el proyecto tal cual lo conocemos hoy”, y agregó en relación al trámite de esa iniciativa que “hemos tenido importantes reuniones con el director de Fonasa y su equipo técnico, en las cuales hemos ido planteando nuestras inquietudes de manera de aportar antecedentes para que Fonasa evalúe y estudie si es posible introducir algunas indicaciones que pudieran cambiar esa situación”.
Entre los puntos que el gremio cuestiona de la iniciativa, Claude señaló que “nos preocupa especialmente la inscripción voluntaria, porque una persona podría inscribirse al recibir todas las atenciones de salud que estime o que necesite, y luego retirarse y no seguir contribuyendo a la mutualización de los riesgos. Al final, esto puede producir una selección adversa en que, al final, puedan ir quedando cada vez menos personas y que sean aquellas que tienen mayor propensión a tener enfermedades”.
Además, Claude advirtió sobre “un problema asimetría de información entre los aseguradores y los asegurados, ya que tal cual como está previsto hoy en el proyecto, no habría ninguna información para las compañías respecto de las personas que estarían entrando, al menos la primera vez”. Al respecto, agregó que “eventualmente se podría licitar antes de saber cuál va a ser el grupo asegurado y eso dificulta mucho hacer una evaluación objetiva previa del riesgo y, por lo tanto, para las compañías poder establecer en qué condiciones podrían concurrir”.
Otro punto en observación dice relación con la fórmula de reajuste de la prima establecido en el proyecto. “Especialmente, nos preocupa la factibilidad de que Fonasa prorrogue los contratos vigentes, lo cual es un inhibidor para entrar desde el principio, y eso es algo que vale la pena poner arriba de la mesa”, detalló.
En términos generales, Claude se manifestó en contra de las fijaciones de precios. “Creemos que cuando hay 59 compañías compitiendo no es necesario fijar los precios porque la competencia lleva a la optimización, y también nos preocupa disponer de información sobre la red y aranceles previos a la licitación de la red, para cuantificar de una manera apropiada el seguro”.
Tras los comentarios del vicepresidente ejecutivo del gremio de los aseguradores, el director de Fonasa, Camilo Cid, indicó que se encuentran analizando el envío de una indicación como resultado del trabajo desarrollado en relación al proyecto. “Nosotros saludamos esa mesa y pretendemos que continúe en desarrollo ya que creemos que ha aportado bastante a esta discusión. De hecho, nos encontramos preparando una indicación que esperamos hacer llegar oportunamente”, explicó Cid.
Senado acelera el paso: comité técnico entregará informe final el 31 de agosto
Luego de asimilar la sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal que a inicios de este mes anuló el reajuste de precios GES aplicado para el período 2023-2025, la Comisión de Salud del Senado aceleró su trabajo de discusión de la ley corta de isapres que se centra en las propuestas que diseña el comité técnico asesor, instancia que entregará sus conclusiones a fines de este mes. “El comité técnico entrega el 31 de agosto su informe definitivo, y para ese efecto está sesionando en paralelo todos los días”, dijo el presidente de la comisión, senador Juan Luis Castro, al cierre de la sesión de este martes.
En la oportunidad, Castro y su par Francisco Chahuán llamaron al Ministerio de Salud a agilizar su estrategia legislativa en los proyectos de ley que aporten soluciones que descompriman la crisis del sector como es el caso de la iniciativa sobre licencias médicas que se tramita en la Cámara de Diputados.
“Está en la cámara hace dos meses y no se ha tramitado, ni ha habido ni una sesión de la comisión de salud dedicada a eso. ¿Por qué no se le pone suma urgencia” emplazó Castro dirigiéndose a Jaime Junyent, asesor del Minsal. Al respecto, éste último respondió que estaban trabajando en “las eventuales indicaciones que hay que hacer para el proyecto de ley”.
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