A 18 meses del inicio de la pandemia, las instituciones prestadoras de salud privadas que forman parte de Clínicas de Chile –el mayor gremio de la industria con 46 asociados– realizaron su primer balance de la tarea realizada en el marco de la estrategia integrada con el sistema público para hacer frente a la fuerte demanda por atenciones a pacientes de Covid-19.
En el peor momento de la segunda ola, las entidades privadas llegaron a aportar 1.710 camas con equipamiento de ventilación en sus unidades críticas que representaron casi el 40% de todas las camas de ese estándar en el país tras casi triplicar su capacidad.
Javier Fuenzalida Director Ejecutivo de Clínicas de Chile A.G.
La tarea realizada desde marzo de 2020 posibilitó la hospitalización de unas 27.000 personas -derivadas por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas o que llegaron por sus propios medios- de las cuales alrededor de 14 mil (52%) correspondieron a pacientes Fonasa. También la red privada realizó el 51% de los exámenes PCR -el principal método de identificación de nuevos casos de Covid-19- superando los 10,3 millones de procedimientos.
Junto a estos datos globales, el gremio consolidó los esfuerzos realizados en materia de recursos humanos estimando que debió contratar entre un 15% y un 25% de personal adicional para atender al gran flujo de pacientes, por lo cual el número de funcionarios de la salud destinados a realizar labores relacionadas a la atención del Covid-19 superó los 100 mil, a lo cual se sumaron las acciones de adecuación interna en cada clínica redestinando sus dotaciones a la atención de la emergencia sanitaria.
"Aportamos más o menos el 40% de las camas críticas del país y el sector privado llegó a tener 100 mil personas del mundo de la salud trabajando para estos efectos, ya que cuando pensábamos que el personal ya lo había dado todo la verdad es que el esfuerzo de la segunda ola de la pandemia fue aún peor. Esto implicó un gran estrés para todas las instituciones de salud, hubo que reemplazar equipos dado que era imposible parar, incorporando nuevo personal y organizando formas de trabajo distintas", indica Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile.
Destaca que la rápida reacción de los prestadores privados se tradujo en acciones como las readecuaciones de espacios, destinación y contratación de personal, adquisición de equipamiento de manejo de pacientes críticos y dispositivos e insumos de protección para la atención. Todos estos esfuerzos implicaron gastos extraordinarios que se redoblaron durante el segundo trimestre de este año cuando los efectos de la pandemia alcanzaron su mayor magnitud.
"El esfuerzo ha sido mayúsculo y creo que hemos estado a la altura de la urgencia que tuvimos como país. Objetivamente, hacer esta transformación requirió un gasto extraordinario no sólo en recursos humanos –por ejemplo en momentos con niveles de 25% del personal con licencias médicas- sino además por los cambios que debieron realizar las clínicas con casos en que pasaron de tener ocho camas críticas a cincuenta unidades. Un gasto importantísimo que fue asumido totalmente", detalla el directivo.
En este marco, repasa la experiencia de este tiempo de trabajo conjunto con la autoridad a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. "En reuniones periódicas tuvimos que evaluar mecanismos para crecer aún más en el número de camas críticas, compartiendo experiencias y desafiándonos constantemente para lograr los mejores resultados. Obviamente, la relación con la autoridad tuvo fricciones, roces naturales en cualquier trabajo que no podemos desconocer, pero tuvimos una coordinación fluida y esa forma de trabajo son lecciones aprendidas que nos acompañan positivamente", subraya.
- ¿Han cuantificado el costo global de la atención de pacientes Covid en el sector privado?
- No tenemos un número. Todavía estamos trabajando para poder hacer una cuantificación, porque el tema no ha terminado todavía. Ese número que nos importa para estructurar lo que se ha hecho, y probablemente en el mediano plazo tengamos una observación sobre ello.
- ¿Cómo está la salud financiera de la industria?
- Hemos tenido un mal período a propósito de la pandemia, y todo lo que ocurrió en cuanto a pérdidas ya está hecho, entendiendo que el esfuerzo era necesario para el país y que estuvimos dispuestos a hacerlo. También estamos teniendo una operación muy intensa a propósito de los rezagos de las atenciones no Covid, pero hay que tomar en cuenta que los equipos también han tenido un agotamiento del cual no han podido descansar y eso involucra costos adicionales para seguir respondiendo. Entonces, es un tiempo complejo y mirando el vaso medio lleno quiero pensar que lo peor está pasando. Obviamente, hay un desafío importante frente al financiamiento dado el rol que podemos ejercer, pero estamos disponibles.
-La Clínica Las Condes –que ya no es parte de la asociación- reclamó un fuerte perjuicio por la valorización de las prestaciones Covid por parte de Fonasa apuntando a que el mecanismo de pago por GRD está por debajo de sus costos . ¿Cómo ha asumido este factor el resto de la industria?
-Si bien es cierto que las clínicas tienen estructuras de costos diferentes –por condiciones de servicio, tipos de modelamiento, emplazamiento físico, etc.– todas las que son parte de este gremio entendieron que este era un problema país, y estuvieron en absoluta disposición de responder a esa realidad. La primera parte de este esfuerzo ya está hecha, concretamente hubo pérdidas en el ejercicio 2020 que no se van a recuperar, pero esa nunca fue una condición que hayamos puesto para poder seguir atendiendo porque entendemos que es el esfuerzo que tuvimos que hacer todos.
-Ya en este segundo año de pandemia, ¿cómo ha funcionado el mecanismo de pago por parte del Estado?
- Concretamente en el tema de la oportunidad de los pagos hemos tenido brechas que cada cierto tiempo vuelven y el tema es recurrente. Hoy tenemos retraso en algunos pagos y es necesario que esto sea más expedito, porque si primero hubo que hacer una inversión importante y este pago llega tardíamente, algunos que pueden amoldarse pero otros finalmente tienen una estructura de costos distinta y generan pérdidas. Esto nos complica y se lo hemos hecho ver eso a la autoridad. Como el mundo privado no tiene subsidios y ha tenido que correr con colores propios para estos efectos, es indispensable que estos recursos lleguen a tiempo.
Entendemos que hay otras prioridades, pero humildemente pedimos que con la misma exigencia que nos aplican para llevar adelante este esfuerzo, también se responda con prontitud y que todo lo que se adeuda llegue a tiempo.
-¿Cuál ha sido la posición del Ministerio de Salud?
-Le hemos hecho ver el tema a la autoridad y ésta lo entiende. Y se están generando instancias de trabajo para que esto se resuelva bien, con reuniones coordinadas para este efecto con Fonasa y el propio subsecretario, para ver cómo esto se puede ir mejorando. Tengo confianza en que esto se va a ir resolviendo bien. Y, ciertamente, estos retrasos que hoy tenemos en ningún caso han impedido que respondamos a la necesidad de camas.
-A futuro, ¿ve necesario que haya un ajuste en el sistema de GRD para que las clínicas puedan jugar un papel más activo en la atención de la ola de atenciones pendientes en el sector público?
-Evidentemente, la pandemia nos impuso una condición, pero pensando a futuro en un régimen normal se debe considerar que dentro del sector privado tenemos un mundo bien diverso y eso tiene que estar expresado también en los costos asociados. En cada clínica hay especialidades y múltiples variables que explican que finalmente los costos no sean los mismos, condición base de la que hay que hacerse cargo. Por ejemplo, no es lo mismo entregar un examen en 12 horas que en tres días -la calidad es la misma, pero la oportunidad es distinta- o el hecho de que una clínica brinde una buena atención en cáncer considera inversiones en equipamiento, exámenes, etc. Entonces, nos importa que esta condición base se considere en cualquier discusión futura.
La complementariedad público-privada es una forma de relación que llegó para quedarse. Sin embargo, esta premisa debe entenderse sobre la base de que estén las condiciones para que los prestadores privados sigan realizando su labor y cuenten con precios de GRDs adecuados y con un pago oportuno de éstos.
- ¿Cree que las clínicas van a seguir jugando un rol activo en la resolución de las listas de espera pendientes en la salud pública?
-Estamos en la misma línea y nos parece que tenemos un rol indispensable para la salud pública que la pandemia evidenció cuando aportamos el 40% de las camas críticas. Es un dato y en esa condición estamos súper disponibles a discutir todas las acciones posibles que lleven adelante para responder a la necesidad. Entendemos que la salud de Chile considera problemas de oportunidad que genera listas de espera enorme y queremos ser un actor bien activo en aquello.
- ¿Cuál es su visión del estado financiero de las isapres que vienen acusando un alto incremento de sus pérdidas este año?
- Estamos viviendo tiempos que no son fáciles para nadie, eso es un dato. Lo que le ocurra el asegurador o el pagador nos afecta fuertemente y nos preocupa porque entendemos dónde está el problema. Si bien no nos compete, ahí hay un problema y nos afecta.
-¿De qué manera se puede avanzar hacia una solución?
-Más allá del clima crispado que se vive hoy, creemos que hay una oportunidad de construir una política pública con un rol del mundo privado que creemos preponderante en la salud pública de los chilenos.
-Y en este sentido, ¿como abordan como sector el proceso constituyente?
-Nosotros ya lo estamos monitoreando y hemos hecho un levantamiento de las discusiones que hay. Estamos hoy en una reflexión como sector y cuando se abra ese espacio claramente vamos a ser partícipes de la discusión y es por eso que también nos interesa relevar el aporte que hemos hecho a esta pandemia entendiendo el valor que tenemos y la experiencia que hemos ido acumulando.
La regulación a los exámenes médicos
-La industria se ha opuesto al proyecto de ley que busca regular los exámenes médicos estableciendo un límite máximo de precios. ¿cuáles son las razones?
- El proyecto tiene dos partes. La primera, aboga por la transparencia –lo cual nos parece que es lo que el modelo necesita- y la idea de hacer un comparador nos parece correcta y estamos muy disponibles a implementarla. La Superintendencia de Salud está trabajando en un modelamiento de un comparador, y hemos estado en relación con ellos para ayudar a que eso mejore.
-¿En qué no están de acuerdo y con qué argumentos?
-En la otra parte del proyecto, creemos que la fijación de precios como instrumento no es correcta al imponerla sin considerar, por ejemplo, condiciones como la variabilidad en la oportunidad del examen y el expertise. La fijación de precios no es la vía para entregar salud de calidad y traería consecuencias graves como que algunos prestadores puedan verse obligados a dejar de ofrecer la prestación, ya que no cubren sus costos de operación, o tener que optar por tecnología o equipos de menor nivel. Al mismo tiempo, esto podría afectar fuertemente los honorarios de los médicos y del personal involucrado en la provisión de exámenes y procedimientos.
-¿Cuál es la expectativa que tienen sobre la tramitación de este proyecto?
-Tenemos fe en que el Congreso considere esas condicionantes. Reconocemos que la Comisión de Salud del Senado ha escuchado a múltiples actores y en general creemos que hay cierto consenso entre quienes han expuesto respecto de las implicancias negativas que pueda tener una fijación de precios, y esperamos eso sea considerado por la Comisión y el Congreso. Y entendemos que el Ejecutivo también tiene una opinión sobre esto y esperamos que la haga ver prontamente. Vemos que se está dando un plano de diálogo que nos parece muy correcto en el Senado.
Más que poner bandas o condiciones respecto a estándares de precio, creemos que se debe establecer una comparación transparente y pública.
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