Álvaro Órtuzar, abogado de Red Dávila en demanda de cobro contra el seguro público: “Toda la deuda es responsabilidad de Fonasa, de eso, legalmente no hay ninguna duda”

Las demandas civiles de cobro interpuestas por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio –parte de Red Dávila, del grupo Empresas Banmédica-, contra Fonasa y dos servicios de salud la semana pasada, llevaron por primera vez a la esfera judicial el conflicto abierto entre los prestadores privados y el sector público por la abultada deuda impaga de atenciones a pacientes por concepto de ley de urgencia, y que en su mayoría data del periodo 2019-2022.

Tras “agotar todas las instancias previas”, Red Dávila –cuyos ingresos provienen en un 52% del seguro público-, acusó que las obligaciones impagas “ponen en riesgo su sostenibilidad”, y demandaron que se haga efectiva las cancelaciones por $ 11.874 millones y $ 11.230 millones.

“Red Dávila ha empezado a cobrar en este momento, antes de un colapso del sistema, ya que de otro modo se produce un daño gravísimo”.

Además, la estrategia legal del caso -a cargo del estudio Ortúzar, Vergara & Boetsch Abogados- tiene como objetivo final el cumplimiento del total de obligaciones reclamadas por Red Dávila que ascienden a $ 76 mil millones, de los cuales $48.493 millones corresponden al emblemático centro ubicado en Recoleta.

Esta acción “constituye una demostración palpable de la necesidad de tener que demandar al Estado para que cumpla sus obligaciones. En la práctica, es forzar a Fonasa, a través de los medios que establece la ley, para que pague una obligación absolutamente justificada y exigible”, subrayó el socio del estudio, Álvaro Ortúzar.

-Sin embargo, los montos globales de esa deuda fueron puestos en tela de juicio por el director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseveró que “la cifra es mucho menor” y “más cerca” de los $ 11 mil millones de cada demanda.

-En las demandas que se han interpuesto ahora, el origen de la deuda corresponde a las clínicas Dávila Recoleta y Vespucio. El resto de las demandas, si llegan a presentarse, van a sumar $ 76 mil millones aproximadamente. No puede haber confusión ninguna en ese aspecto. Cabe recordar que la deuda total de Fonasa con la red de prestadores de Empresas Banmédica, que comprende varias clínicas, totaliza $ 94.343 millones. Es sorprendente que Fonasa no sepa quiénes son sus acreedores.

- El director de Fonasa argumentó que el hecho de que las demandas sumen $ 23 mil millones demuestra que la deuda total no supera ese monto.

- Al enterarse de las demandas por unos $ 23 mil millones, reconoce la existencia de esa deuda, pero respecto al saldo intenta confundir. Cabe recordar que en abril él dijo a la Comisión de Salud del Senado que la deuda “exigible” a nivel de todo el sistema era de $ 4 mil millones. No es la actitud que se espera de un organismo del Estado que ha sido satisfecho en forma eficiente y oportuna por las clínicas.

-Cid insistió en que no existe claridad “respecto a por qué llegan a esa cifra”. ¿Qué respaldo tienen?

-Es gravemente inexacto lo que dice el director de Fonasa. Todas las prestaciones van acompañadas de un sistema muy riguroso de certificación, desde el momento que un paciente ingresa hasta su estabilización. De modo que Fonasa recibe un conjunto de antecedentes que cumplen la normativa y su director tiene los papeles que solo tendría que mirar.

-Camilo Cid alertó que pudieron incluirse ítems que no se debieron considerarse, como las obligaciones pendientes todavía en proceso.

- La argumentación del director de Fonasa muestra la arbitrariedad de un servicio del Estado en cuanto a elegir qué paga y cuándo. Todos los antecedentes técnicos de estas atenciones prestadas están en Fonasa desde hace mucho tiempo. Es una deuda que se origina en 2019 –alguna incluso en 2017- y es incomprensible que él diga que no tiene antecedentes suficientes hasta hoy.

-El director de Fonasa advirtió que la judicialización podría hacer que el proceso de pago se vuelva más complejo ¿Cómo lo ve?

- Verdaderamente sería otro hecho inconcebible que, a propósito de la demanda, Fonasa, encuentre un pretexto adicional para dilatar el pago. Existiendo una deuda determinada y exigible, lo primero que uno esperaría del deudor es una reacción de reconocer, como ya lo ha hecho el director de Fonasa, pero inmediatamente que tome las medidas para pagar la obligación.

-Al momento de informar la demanda, Empresas Banmédica anticipó que estaba evaluando más acciones legales.  ¿cuándo se concretarán?

-Por el momento, lo que se nos ha instruido es presentar estas dos demandas. Pero no quiere decir que éstas son todo lo que va a demandar la Red Dávila, que va a decidir y comunicar las demás acciones oportunamente.

"Fonasa ha abusado de su carácter de deudor"

-Dado que a nivel sistémico el grueso de la deuda pública con los prestadores corresponde a servicios de salud ($ 200 mil millones) ¿cuál es la responsabilidad específica de Fonasa en la deuda que acusa Red Dávila?

- La acción judicial nace del incumplimiento de leyes específicas que obligan a Fonasa a pagar una deuda. Toda la deuda es responsabilidad de Fonasa; de eso, legalmente, no hay ninguna duda. En ese aspecto, la demanda es sencilla: la obligación nace de la ley, la deuda está determinada y es exigible, y las clínicas de Red Dávila han cumplido todos los presupuestos establecidos para que sea pagada obligatoriamente por Fonasa.

-¿Eso a pesar de que entre 2019 y 2022 Fonasa radicó el pago de los privados en los servicios de salud?

-En la asistencia médica curativa -consultas, exámenes, procedimientos, hospitalizaciones, tratamientos, etc.- que deben prestar las clínicas, quien debe pagar lo que surge de esa atención es Fonasa. Eso está establecido expresamente en la ley, donde dice con todas sus letras que Fonasa debe pagar las atenciones médicas a los prestadores de salud. 

-Este año Fonasa retomó el manejo completo de la deuda del sistema público con los prestadores privados, tal como ocurría antes de 2019 cuando se inició la situación excepcional donde cada servicio de salud resuelve sus obligaciones por separado ¿qué consecuencias ha tenido ese escenario ?

-Yo diría que produjo un desorden en el sistema en términos de confundir quién es el deudor, el cual, vuelvo a repetir, es uno solo: Fonasa. La delegación en los servicios de salud es una delegación ilegal y eso ha producido que el sistema entre en una situación muy grave, porque Fonasa se escudó en los servicios de salud, y éstos a su vez se escudaron en que no tienen presupuesto, en circunstancias que el total de la obligación tiene al final del día un solo obligado, que es el Estado. De modo que, entre instituciones del Estado, no se pueden emplear pretextos de que es una o es otra, en circunstancias que, por el otro lado, las clínicas atienden oportuna y eficientemente a pacientes con riesgo de vida.

-Fonasa dice que su situación de pago es mejor que la de los servicios de salud.

-Eso muestra la gravedad de las decisiones que pretende tomar Fonasa respecto de deuda exigible. Es como que ella misma dijera: yo soy un buen pagador respecto a una parte, pero hay un mal pagador respecto de otra cantidad que debo. Es una decisión ilegal y arbitraria.

-Si bien el 50% de la deuda se concentra en 2022, hay obligaciones que datan de 2017. ¿Cuánto pesa la antigüedad de la deuda en los fundamentos de la demanda?

-Las deudas se fueron acumulando desde 2019 hasta 2022 y ya estamos en un límite intolerable. Fonasa ha abusado de su carácter de deudor, exigiendo a las clínicas que presten servicios de urgencia y de rebase, mientras va incrementando la deuda. Cuando un deudor cumple y acumula obligaciones sin pago, llega un momento en que el sistema empieza a colapsar. Y Red Dávila ha empezado a cobrar en este momento, antes de un colapso del sistema, ya que de otro modo se produce un daño gravísimo. Esto es una alerta para el Estado en cuanto a que eso ya no es soportable.

-Desde el Gobierno indican que se ha dado un marco de salida para la deuda general de los servicios de salud con las clínicas, que considera el pago de un 40% en marzo próximo y el resto de forma paulatina hasta el final de la actual administración. ¿Cómo evalúan esta propuesta de solución?

-Eso es grave, porque es desconocer la realidad que existe en Chile en materia de prestaciones de salud. La deuda que tiene el Estado es del 100% de las prestaciones efectuadas, y no puede ser que el Estado pretenda dividirla. La deuda existe, las prestaciones se han efectuado y el deudor no puede por sí y ante sí decir cuándo y cuánto va a pagar. Eso no es aceptable. Y en lo que respecta a Fonasa, hasta el momento no ha existido de su parte ningún acto destinado a pagar las deudas como corresponde, sino que a desconocerlas o a fraccionarlas.

Los fundamentos de las demandas

Como integrante del equipo legal que lleva adelante las demandas de las clínicas Dávila Recoleta y Vespucio, el socio del estudio Ortúzar, Vergara & Boetsch, Cristián Boetsch, profundiza en los argumentos de esa acción legal y de la información que la respalda.

 “Las cuentas se presentan al sistema informático que Fonasa ha dispuesto a este efecto y donde se suben todos los antecedentes de las cuentas clínicas de los pacientes. Y respecto a las dos demandas que se han presentado, efectivamente esas cuentas están presentadas y validadas por Fonasa. Por lo tanto, es gravemente inexacto que diga que no sabe el detalle”, afirma Boetsch.

Al respecto, a propósito del oficio de la propuesta del Gobierno de comenzar a pagar la deuda global de $ 200 mil millones con los prestadores privados a contar de marzo próximo, agrega que "las clínicas, sin reconocer la suficiencia u oportunidad de ese plan, igual cumplieron con remitir nuevamente, por enésima vez, la información de respaldo del monto de esa deuda y a qué prestaciones se refiere, de manera extremadamente detallada incluyendo número de folio de atención y RUT de los pacientes”.

Por su parte, el socio del estudio Benjamín Morales salió al paso de las dudas planteadas por el director de Fonasa respecto del monto de la deuda cuestionando el tipo de obligaciones consideradas -como casos todavía no facturados- o la eventualidad de que se esté incluyendo convenios distintos a la Ley de Urgencia y el “rebase” (prestaciones otorgadas postestabilización del paciente).

“Esa supuesta discrepancia de montos en realidad no es tal. Acá lo importante es que los $ 76 mil millones corresponden a prestaciones de salud que efectivamente han sido ejecutadas para beneficiarios del Fonasa conforme a la Ley de Urgencia y después de su estabilización, según el caso. Además, mientras Fonasa decide unilateralmente diversos estados de cobro de estas deudas –y dentro del sistema de cobro que maneja pueden tener diferentes estados administrativos-, nosotros consideramos que éstas son exigibles desde el momento en que se presta el servicio y la cuenta ha sido presentada y, por ende, se van a cobrar igualmente”, explica el abogado.

A partir de lo establecido en la artículo 141 del DFL N°1 de 2005 sobre el pago de las atenciones por ley de urgencia, y del artículo 138 de la misma normativa sobre “rebase” (cuando el sistema público no recupera sus pacientes de los centros privados, y que explica parte importante de las deudas impagas), Morales sostiene que “no se trata de dos prestaciones distintas o desligadas una de la otra; ya que una vez que una persona en riesgo de urgencia es estabilizada, en principio tendría que ser derivada a la red asistencial pública pero las tasas de rescate son bajísimas, en torno al 13%, y se quedan en la clínica. Y esas son prestaciones que le corresponde pagar a Fonasa. Entonces, la distinción para decir que eso le toca al servicio de salud, es un constructo que no está bien justificado”.