Hace algunos años, uno podía llevar su aparato tecnológico más reciente, ya fuera un televisor o un tractor, a un taller de reparaciones, o tratar de repararlo uno mismo. Eso, por lo general, ya no es posible a medida que cada vez más estos aparatos contienen software sujeto a derechos de autor.
En distintos grados, muchos de los mayores fabricantes de productos electrónicos del mundo limitan el acceso a información clave para impedir que los clientes reparen los artículos por su cuenta o los envíen a un taller independiente.
Apple no publica manuales de reparación ni vende refacciones a clientes, y su garantía no se aplica si reparaciones no autorizadas dañan sus dispositivos. Lo mismo que Samsung, aunque la coreana sí ofrece algunas piezas en sus tiendas. Incluso John Deere, fundador de Deere & Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícolas más importantes del mundo, solamente permite el acceso al software integrado que controla los sistemas de sus máquinas a técnicos aprobados.
Los fabricantes argumentan que la razón es asegurar que sus productos funcionen de forma segura, y que la legislación sobre derechos de autor les permite proteger su propiedad intelectual de versiones pirata.
Pero Gay Gordon-Byrne, directora ejecutiva de la Coalición del Derecho Digital a Reparar asegura que mienten. "La reparación es una fuente de ganancias para una gran cantidad de empresas, y a veces es incluso más rentable que la venta de los mismos equipos", dijo a Bloomberg. Mantener "los monopolios de reparación", aumenta los costos y hace más probable que los clientes simplemente boten sus viejos modelos para reemplazarlos por otros nuevos. Apple cobra US$ 79 por reemplazar la batería del iPhone 4, mientras que el sitio de reparación iFixit, que publica instrucciones de reparación gratis y vende piezas para todo, desde teléfonos inteligentes hasta herramientas electrónicas, cobra US$ 20 por el mismo trabajo.
Falta legislación
La organización de Gordon-Byrne y otros defensores, como la Electronic Frontier Foundation, están apoyando proyectos de ley presentados este año en Massachusetts, Minnesota y Nueva York que exigen a los fabricantes vender repuestos y proporcionar los manuales a los propietarios de hardware y talleres de reparación independientes. Esfuerzos separados en el Congreso enmendarían la Ley Federal de Derechos de Autor Digitales del Milenio, dando permiso explícito para que los consumidores eludan el bloqueo digital de los software por una razón legítima como la reparación. "El problema no es la legislación actual, sino la falta de ella", afirmó Gordon-Byrne. "Los fabricantes tienen carta blanca para limitar cualquier cosa que deseen".
El proyecto de ley de Massachusetts comenzó a analizarse el 22 de septiembre, mientras que los promotores del proyecto de Minnesota se reúnen en octubre para discutir el lenguaje jurídico similar con la agencia ambiental del estado.
La idea de que las grandes empresas puedan limitar el control de la propiedad privada "realmente molesta a la gente," dice Dan Nabel, abogado que se desempeñó como director interino de Intellectual Property & Technology Law Clinic en la Universidad del Sur de California.
Para grupos de la industria como la Asociación de Consumidores de Artículos Electrónicos, NetChoice, o la Coalición de Privacidad y Seguridad Estatal, la oposición a las leyes de derecho a la reparación está justificada: "Imagínese el peligro si alguien que carece de formación adecuada repara estos dispositivos", argumenta Carl Szabo, asesor de políticas en NetChoice.
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