Regulación y confianza, los desafíos de la Economía Colaborativa en Chile

Uber, la plataforma que conecta a pasajeros con una red de conductores privados y que por estos días está en el centro de la polémica, no sólo en Chile, sino también en otros países de la región como Argentina, México y Colombia, por considerarse un competidor desleal, es un ejemplo de Economía Colaborativa (EC).

Se trata de modelos que aprovechan las plataformas digitales y los recursos ociosos de las personas para facilitar el intercambio de bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos, según define el especialista Líder del Fondo Fomin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), César Buenadicha.

Una tendencia que comenzó a desarrollarse en América Latina en 2005 con la aparición de las primeras empresas y aterrizó en Chile en 2012, con el nacimiento de plataformas de financiamiento colectivo como Cumplo y Broota.

Entre los sectores en que se concreta la EC está el transporte digital (vía aplicación para smartphone), financiamiento colectivo y alojamiento como Airbnb. Para conocer su desarrollo e impacto en la región, el IE Business School elaboró el primer informe de Economía Colaborativa en América Latina para el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del BID.

La metodología consideró la medición, entre agosto y noviembre de 2015, de las características más relevantes de las iniciativas o empresas regionales -107 participantes-, mediante un cuestionario.

Según consigna el informe, los países que lideran en Latam, respecto de la distribución geográfica de las empresas, son Brasil con 32%, Argentina y México con 13%, Perú con 11%, Colombia con 9%, mientras que Chile se ubica en el quinto lugar con 8%.

El ejecutivo expresa que las naciones líderes tienen más iniciativas debido al mayor tamaño de sus mercados. “En estos países el emprendimiento está muy consolidado y cuenta con alta presencia de plataformas internacionales. El mercado chileno es más pequeño y la EC va a tomar un tiempo en desarrollarse”, explica.

En tanto, datos del cuarto trimestre de la comunidad OuiShare -citada por el informe- muestran que 27 iniciativas internacionales de EC tienen presencia en Latinoamérica.

El documento, además, establece los principales sectores en que operan estas iniciativas: Servicios a empresas; Transporte; Espacio físico; Educación/Formación/Cultura; y Servicios Financieros, entre otras. Respecto del perfil de empresas que operan en estos rubros, el estudio señala que son firmas pequeñas y cercanas al autoempleo. De hecho, el 64% de ellas tienen menos de diez trabajadores y el 36%, de uno a cinco. Y la actividad más desarrollada por estas es la economía de alquiler, con un 27%.

“El crecimiento de la Economía Colaborativa debe ser inclusivo y no beneficiar sólo a las zonas ya favorecidas por la economía global. Si en Chile se concentra en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso no estaría generando el valor que tiene para la sociedad. Esta puede contribuir a que los más aislados tengan mejores servicios, pero es necesaria una intervención pública que facilite la conectividad para fortalecer la cohesión social y reducir el costo del acceso a estos bienes y servicios para la comunidad”, señala el ejecutivo.

Regular, el principal desafío

Buenadicha sostiene que para regular estas empresas se requiere una normativa particular en los aspectos tributarios y laborales. Por una parte, debe apuntar al registro y legalización de las plataformas, mientras que en el ámbito laboral, trabajar en la creación de modelos de contratos específicos y asegurar la protección para los empleados.

En este sentido, advierte que una de las preocupaciones es que la EC redunde en una mayor informalidad del empleo en la región, pues es una de las principales características de los trabajos que genera. Por ello, se debe tomar en cuenta que estos empleos son de medio tiempo y que no producen los beneficios sociales de una sola vez.

“En muchos países están surgiendo regulaciones sobre la marcha, porque -en el caso de Uber- los taxistas protestan y -respecto de Airbnb- los hoteles protestan. Eso no tiene que ser así, la normativa debe ir madurando, fruto del consenso, de la reflexión”, recalca.

Por ello, destaca la importancia de la creación de gremios y asociaciones para representar los intereses del sector ante los gobiernos. “La regulación debe ser un balance entre la protección al consumidor y al trabajador para no generar un precio excesivo ni provocar una desregulación total”, afirma.

El ejecutivo añade que hoy se requieren mecanismos de mitigación de las consecuencias negativas que podría traer la Economía Colaborativa. Por ejemplo, “los taxistas chilenos pagaron un cupo por su auto y es normal que estén molestos con la existencia de nuevos competidores que no incurren en este gasto. En ese caso, se pueden considerar fondos de compensación (como lo hizo Francia). Pero es relevante que el gobierno entienda que no por esto, se les debe proteger (de la nueva competencia), porque terminará siendo un impuesto a pagar por los ciudadanos”, puntualiza, ya que aumentaría el valor del servicio.

En virtud de la contingencia local -que tiene enfrentados a taxistas y conductores de Uber-, afirma, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debiera promover una mesa de diálogo, en la que participen los involucrados y, sobre ella se busquen soluciones razonables.

Chile y la desconfianza en los medios de pago

Entre los principales límites al crecimiento de la Economía Colaborativa, que recoge el informe, está el desconocimiento del tipo de negocio, con un 60% de las respuestas; acceso a financiamiento, con 43%; desconfianza de los clientes, con 42%; regulación, con 23% y; acceso a tecnologías por los clientes, con 20%, entre otros.

Según Buenadicha, en Chile la limitación es la desconfianza en los medios de pago electrónicos. “Si bien, ha avanzado respecto a la región, todavía no tiene la capacidad de confiar en estas plataformas ampliamente y eso es clave para hacer que la economía colaborativa se desarrolle más rápido y beneficie a un número mayor de personas”, asegura.

Indica que el BID está trabajando en reducir las limitantes y hacer que esta economía despegue a través de dos líneas. Por un lado, en hacer que su expansión sea inclusiva -que apoye a regiones y colectivos aislados- y, por otro, que se trate de empresas que innoven a nivel local y, por ende, apunten a responder a necesidades cercanas.

“La economía” de 2050

El experto proyecta que a 2050 “la economía” será la colaborativa, dado que su crecimiento en los últimos años ha sido exponencial. Pese a ello, no cree que las empresas tradicionales vayan a perder participación de mercado, sino que éste va a cambiar y, por ello, las firmas se irán transformando para adaptarse a las nuevas condiciones.