Parcelaciones rurales: organizaciones civiles apoyan a Agricultura y piden hacerse parte en la Corte

Un grupo de organizaciones civiles dio un espaldarazo al Ministerio de Agricultura en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se tramita el recurso de protección que presentó la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) contra las autoridades, a raíz del instructivo enviado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para endurecer los criterios de autorización de loteos.

La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la ONG Permacultura Río Puelo y las fundaciones Raíces de Pucón y Agente Sostenible pidieron hacerse parte como terceros independientes en la causa, abogando por el rechazo del recurso de las inmobiliarias.

“En los fines estatutarios de las organizaciones consta como su preocupación central la protección del medio ambiente, cuya garantía constitucional se ve amenazada de acogerse la presente acción”.

Las organizaciones afirmaron tener un interés actual en el resultado del proceso debido a las implicancias ambientales que tiene la proliferación de parcelaciones en el sur del país.

“En los fines estatutarios de las organizaciones consta como su preocupación central la protección del medio ambiente, cuya garantía constitucional, se ve amenazada de acogerse la presente acción”, escribieron ante la Corte.

IPRA ha argumentado que el instructivo del Minagri está fuera de sus atribuciones y que una eventual modificación en la regulación de las subdivisiones de predios debe darse en el Congreso. Además, han reclamado por millonarios contratos en juego para los que realizaron inversiones previas a la publicación del documento.

Ahora, las organizaciones civiles se sitúan al otro lado y aseguran que no se puede impedir que “la administración del Estado, en el ejercicio de funciones y competencias legalmente atribuidas, dicte y aplique actos administrativos que pretenden dar cumplimiento a normativa sobre protección de suelos”.

La cara ambiental

Al justificar su interés en hacerse parte de la causa judicial, Codesa afirmó que “la expansión desregulada y a gran escala de la subdivisión de tierras con fines habitacionales en suelo rural, implica una amenaza al medio ambiente y al desarrollo socioeconómico de los habitantes de la región de Aysén”.

En esa línea, la entidad aseguró haber denunciado cerca de 50 proyectos de subdivisión, exigiendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de subdivisiones de 80 o más lotes –como está estipulado en el decreto 40 del Ministerio del Medio Ambiente-.

Codesa dijo que en aquellas denuncias se hace referencia a los impactos adversos de los proyectos inmobiliarios, como la presión sobre fuentes hídricas y bosques utilizados como fuente energética, la deforestación, la fragmentación del territorio con impactos sobre corredores biológicos y la contaminación del agua y del suelo.

En conjunto, las organizaciones afirmaron que los efectos adversos “se verían sostenidos e incrementados si se mantiene la forma actual en la cual se han solicitado y otorgado permisos sectoriales sin una correcta interpretación de la ley, derivando en una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.